Chile entra de lleno en el debate sobre qué hacer si se rechaza la nueva Constitución

Apenas dos semanas después de que la propuesta de la nueva Constitución llegara a las calles y librerías, el debate se fraccionó entre las principales normas del texto y la hoja de ruta en el caso de que la ciudadanía lo rechace en el plebiscito del 4 de septiembre, como proyectan las encuestas. La discusión estalló cuando el presidente Gabriel Boric dijo que, si gana el rechazo, impulsará un nuevo proceso constituyente que se prolongaría durante un año y medio. Jurídicamente, en dicho escenario se mantiene vigente la Constitución redactada en 1980 por la dictadura de Pinochet y, según los abogados consultados para este reportaje, el proceso culmina. Sin embargo, existe un consenso político casi transversal sobre su continuidad. En lo que no hay acuerdo, a poco más de seis semanas de la votación, es en cómo debe ser.

En octubre de 2020, casi un 80% de los chilenos votaron por una nueva Constitución. También que fuese redactada por un órgano electo para ese fin, sin participación de los congresistas. “Si gana el rechazo, hay que buscar una fórmula para hacer una nueva Constitución porque la del 80′ quedó deslegitimada tras el plebiscito del 2020″, sostiene María Cristina Escudero, politóloga y consejera del Servicio Electoral de Chile (Servel). La autora de Asambleas Constituyentes en América Latina (LOM, 2022), afirma que “lo que eventualmente fallaría es una ratificación del texto en el plebiscito final. Un acuerdo político debería tratar de tomar lo que se ha hecho y resolver ese último escalón. No volver todo hacia atrás”.

Hay quienes proponen modificar las fechas y plazos establecidos en la Constitución para el proceso actual y repetir el mecanismo: una Convención Constitucional, cuyos miembros sean electos por la ciudadanía. Otros, que la redacte un comité de expertos o una Convención mixta -constituyentes y congresistas-. La opción de que la escriban en el Congreso es la que menos adhesión logra en los sondeos. “Las condiciones que nos llevaron a elegir una Convención Constitucional siguen existiendo. Además del tema de la legitimidad, el Congreso tiene que seguir funcionando para las tareas cotidianas: aprobar presupuestos, la reforma tributaria, temas de salud… No me parece adecuado mezclar la política contingente con la política constitucional”, apunta Escudero.

Una de las tantas interrogantes que se deberá resolver en el caso de que gane el rechazo y se llegue a un acuerdo político para sacar adelante un nuevo proceso constituyente es si replicar las características de la convención: paritaria, con escaños reservados a los pueblos originarios e independientes. El líder del partido de derecha Unión Democrática Independiente (UDI), Javier Macaya, ya planteó su postura en el programa Tolerancia Cero, donde aseguró que “el tema de los pueblos originarios e independientes fue un error de diseño”. Y sobre la paridad, dijo que “puede ser una herramienta necesaria en algún momento determinado para ir avanzando”.

Tomás Jordán, abogado y coordinador del proceso constituyente del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), asegura que, de ganar el rechazo, lo primero que tiene que resolver el sistema político es qué valor le va a otorgar al plebiscito del 2020. “Si decide que la voluntad ciudadana sigue vigente, necesariamente le tiene que dar valor a que la mayoría votó que una convención constitucional electa escribiera el texto”, señala. Sobre la opción de que el Congreso modifique las fechas relacionadas al proceso para implementar uno nuevo, Jordán aclara que “no es tan fácil”. “Eso implica necesariamente estar de acuerdo en que ese es el procedimiento. Los actores políticos pueden decir que esa no es la forma. Lo que habría que hacer es renovar el acuerdo político, definir si esas normas son las que ellos quieren”, añade.

La derecha y parte del centro-izquierda lideran la campaña del rechazo, pero no comparten la hoja de ruta que debiese implementarse. “Si gana el rechazo hay dos caminos”, afirma Jordán, “comenzar una nueva iniciativa constituyente, algo que recae tanto en el Congreso como en el presidente, o reformar la Constitución actual, que puede hacerse sin el presidente”. “El rechazo es más costoso política y jurídicamente. Creo que desde ya los que van por el apruebo deberían definir un paquete de reformas que le harían al texto en discusión. Negociar y tramitar ese paquete en el Congreso va a tomar menos tiempo que discutir toda la Constitución”, explica.

El presidente Boric afirmó este lunes que “quienes están por el rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente”. Chile Vamos, la coalición que agrupa a la derecha y la centro derecha, presentó los titulares de los 10 compromisos que asumirán en el caso hipotético de un nuevo proceso. Entre ellos figura la “modernización y ampliación de los derechos fundamentales” -no especifica cuáles-, “más democracia y participación” -no da ejemplos- y la “protección decidida de nuestro medioambiente”. Por su parte, solo un partido de la izquierda (PPD) ha presentado un listado de qué cambios le haría al texto en caso de ser aprobado.

Para el abogado constitucionalista Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), el gobierno debería estar preguntándose por qué el rechazo va arriba en las encuestas o defendiendo la propuesta constitucional en vez de hablar del rechazo. “Debería intentar convocar, generar grandes acuerdos, porque lo que hagamos después del plebiscito no depende solamente de lo que quiera La Moneda, sino del Congreso. Este horizonte parece estar ausente de su ecuación hoy día. Para solucionar la inflación, el orden público, la hoja de ruta, se va a requerir una mirada de Estado. Volvió a aparecer el Gabriel Boric de primera vuelta y eso nunca le ha funcionado”, asegura Alvarado.

Este jueves el presidente Boric, acompañado de varios ministros, encabezó el lanzamiento de la campaña “Vota Informando”, en el que invitó a participar a la ciudadanía en el plebiscito donde más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas. El mandatario afirmó que la población “está en su legítimo derecho a dudar, a hacer preguntas, a abrazar ciertas cosas y a que no le gusten otras, pero lo importante es que voten informados”.

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