Por qué parte del centroizquierda de Chile no aprueba la nueva Constitución

No quedaba nada en Chile de lo que alguna vez fue la Concertación de centroizquierda, que gobernó entre 1990 y 2010, tras la dictadura de Augusto Pinochet. La alianza, cuya columna vertebral fue la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, fue muriendo de a poco y terminó de hacerlo en el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric, cuando los socialistas ingresaron al Gabinete compuesto por la coalición de origen de Boric –el Frente Amplio y el Partido Comunista–, a diferencia de sus socios democristianos. Pero el proceso constituyente chileno ha puesto en evidencia, nuevamente, la crisis en que se encuentran los sectores moderados del progresismo, dividido frente a las dos alternativas que se medirán el 4 de septiembre en el plebiscito: si se aprueba o se rechaza el texto que presentó la convención constituyente a comienzos de julio, que cuenta con el respaldo de los máximos líderes de La Moneda.

El socialista Ricardo Lagos, que presidió Chile entre 2000 y 2006, remeció la escena política chilena cuando aseguró la semana pasada que ni el texto propuesto ni la Constitución vigente generan consensos, por lo que el proceso constituyente deberá continuar luego del referéndum. No adelantó su preferencia, pero incluso se abrió a la posibilidad del voto blanco, en una entrevista posterior. Su declaración fue seguida de la Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente democristiano entre 1994 y 2000, que anunció que rechazará el nuevo texto pese a que su partido, la Democracia Cristiana, decidió institucionalmente apoyarlo. Ambos habían votado por una nueva Constitución en el plebiscito de entrada de octubre de 2020, como casi el 80% de la ciudadanía.

Frei, dos senadores y un convencional democristianos fueron denunciados ante el tribunal supremo del partido por no obedecer las órdenes. Y de los expresidentes del sector, la única que ha manifestado su intención de aprobar el texto ha sido la socialista Michelle Bachelet –Patricio Aylwin, el primer presidente tras la dictadura, falleció en 2016–, aunque la médica aclaró que todavía no había leído la propuesta. Bachelet termina su mandato en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a fines de agosto y todavía no se sabe si llegará de inmediato a Chile a sufragar, como espera el oficialismo que apuesta a su influencia. En la derecha, en tanto, Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) no ha informado públicamente su opción por rechazar la propuesta, aunque parece evidente que será su opción de cara al plebiscito del 4 de septiembre (en menos de ocho semanas).

Tras la declaración de Lagos, 49 de los que fueron ministros en los primeros 20 años de gobiernos democráticos tras la dictadura firmaron una carta donde manifestaron su apoyo a la opción de aprobar la propuesta de nueva Constitución, como lo ha hecho no solo la Democracia Cristiana sino el Partido Socialista, al menos en su oficialidad.

En este debate de ideas, que polariza a la sociedad chilena, algunos argumentos han sobresalido sobre otros a la hora de justificar las razones para no aprobar el texto. Para Lagos, tanto si gana el Apruebo como el Rechazo –en cuyo caso seguiría vigente la Constitución actual– se deberán realizar una serie de reformas desde el día siguiente. Y en su declaración enumeró varios puntos sobre las inconveniencias que observa en la propuesta que fue trabajada por un año, entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio pasado, por 154 convencionales.

De acuerdo con el socialista, que en este episodio ha mostrado su influencia en la política chilena, “habría que devolver el nombre del Poder Judicial equivalente a los otros dos poderes Legislativo y Ejecutivo a sus temas de administración de Justicia”, en referencia a que la nueva Constitución propone la eliminación de este poder del Estado. Para Lagos, adicionalmente, “se debería cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia”, que tendría la misión de designar, evaluar y remover a los jueces, de aprobarse el texto. Para varios expertos, como el que fue ministro de Justicia de Bachelet, Isidro Solís, este consejo podría llevar al mediano y largo plazo a la politización de la judicatura chilena.

Lagos tampoco está a favor de la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial que propuso la convención constitucional, que permitirían a los parlamentarios incidir mayormente en materias que hoy tiene en sus manos el jefe de Estado, como presupuesto, gasto o seguridad social. De ganar la opción de quienes aprueban el texto de 388 artículos, el socialista estaría por reformar el sistema político propuesto, regulando a los partidos y sentando las bases del sistema electoral y, adicionalmente, por empujar una revisión a fondo del papel del Presidente de la República y del llamado bicameralismo asimétrico, que terminaría con el Senado y sus más de 200 años de historia. En su escrito de la semana pasada, aseguró que sería necesario corregir el diseño del Estado Regional, especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria y revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional, que perfectamente pueden ser regulados a nivel legal.

Frei reconoció “diferencias insalvables” sobre varios contenidos de la propuesta. Para el democristiano, el sistema político no establece un adecuado equilibrio y división de poderes, crea una Cámara de Diputados omnipotente y está expuesto a que una mayoría ocasional controle la Presidencia y la Cámara política, con lo que se corre el riesgo de que “se pueda avanzar hacia un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuentes”. Como Lagos, Frei se muestra crítico a que se debilite el poder de los presidentes de la República. El ingeniero, hijo de quien gobernó Chile entre 1964 y 1970, rechazó el Consejo de la Justicia por su riesgo de politización, la forma en que se materializó la regionalización en la propuesta y el Estado plurinacional. De acuerdo a su carta dada a conocer el viernes pasado, la plurinacionalidad tal y como está definida en el texto de nueva Constitución “puede ser una amenaza al Estado unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país”. “El poder que se entrega a los pueblos originarios para vetar iniciativas administrativas o legislativas constituye un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía”, agregó el expresidente Frei.

Mientras en la Democracia Cristiana hay militantes históricos que se despegan de las directrices oficiales, algo parecido ocurre en el Partido Socialista, donde destacados cuadros técnicos han anunciado que rechazarán la propuesta. El economista Óscar Landerretche es uno de ellos, que presidió el directorio de la empresa estatal Codelco. “Estoy consciente de que, si se rechaza el texto, será una derrota política para una parte de la izquierda que ha decidido enrolarse militantemente (y a mi juicio algo irreflexivamente) en la causa del apruebo a ciegas bajo ese mantra absurdo e irresponsable de que cualquier cosa es preferible a la Constitución actual. No estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo en que la Constitución actual sea la misma que se instauró durante la dictadura”, escribió Landerretche en referencia a la Carta Fundamental vigente, que ha sufrido decenas de modificaciones tanto a finales de la dictadura como en democracia y que, de hecho, lleva la firma de Lagos por los cambios que llevó adelante en su Gobierno, en 2005.

Hoy en día, uno de los principales debates políticos en Chile apuntan a las reformas tras el plebiscito y de qué forma será más fácil hacer modificaciones posteriores, si gana el Apruebo, con lo que regiría la nueva Constitución, o si gana el Rechazo, que implicaría mantener la Carta Fundamental actual. De acuerdo a las encuestas, los que rechazan la propuesta superan a quienes aprueban el texto: un 55,7% contra un 44,3% en el segmento de votante probable, según el sondeo Pulso Ciudadano dado a conocer el pasado domingo.

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