El expresidente Lagos propone que el proceso constituyente de Chile continúe tras el plebiscito
El exmandatario remueve el tablero político del país al pedir que la nueva Carta Fundamental, que se refrendará en septiembre, suscite mayor consenso: “Una Constitución no puede ser partisana”
Sin informar a la ciudadanía si votará por aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre –algo que no tiene previsto hacer–, el expresidente chileno, Ricardo Lagos (2000-2006) ha removido el tablero político del país solo 24 horas después de que el lunes la convención terminara su trabajo y presentara el texto definitivo. En una declaración pública, el socialdemócrata no puso la vista ni en su propia posición ni en el resultado del referéndum, sino en los problemas que enfrentará el país cualquiera sea el resultado, dado que previsiblemente cualquier opción ganará por un resultado estrecho y dejará un país polarizado.
“Chile merece una Constitución que suscite consenso y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas”, aseguró el exmandatario en referencia al texto propuesto por la convención constitucional y el texto de la Constitución vigente, que quedaría rigiendo en Chile en caso de ganar la opción de quienes rechazan el cambio.
La opinión de Lagos ha sido muy esperada. Otro de los expresidentes democráticos, el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1996-2000), firmó un llamamiento para que su partido, la Democracia Cristiana, deje a sus militantes en libertad de acción (la resolución la tomará este miércoles). La expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) ya anunció que se inclina por aprobar, aunque manifestó que aún no había leído el texto. Por la historia política de Lagos –un férreo opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, donde tiene sus orígenes a la actual Carta Magna– resultaba improbable que llamara a rechazar la propuesta, por lo que parecía previsible que, de hacerlo, manifestara su opción por el Apruebo. Ya a fines de año justificó su voto por Gabriel Boric en segunda vuelta apelando, justamente, a su propia historia política. Pero, aunque Lagos no dará a conocer su voto antes del referéndum –no quiere quedar en uno u otro bando, dicen en su círculo– calificó indirectamente el texto propuesto: “Una Constitución no puede ser partisana”.
La palabra “partisana” fue la misma que utilizó el presidente Gabriel Boric cuando visitó la constituyente en marzo, a pocos días de asumir: “No espero en ningún caso una convención partisana”, aseguró Boric en aquella oportunidad, en referencia a que la mayoría de la convención –de izquierda– no debía imponerse a los sectores minoritarios, sino buscar un texto que interprete a toda la sociedad, actualmente fracturada. La elección del concepto no ha sido casual, como tampoco la reunión que ambos sostuvieron pocos días antes de que finalizara el trabajo por una nueva propuesta de Constitución –que fue registrada por una selfie que el propio Boric subió a redes sociales– y donde se habló precisamente del camino constitucional y sus salidas.
Este lunes, Boric reaccionó de inmediato a la declaración de Lagos y dijo que está abierto a “hacer mejoras” a la propuesta de la convención constitucional, en el caso de ganar la opción de los que aprueban el trabajo de la convención. En caso de triunfar el Rechazo, el presidente manifestó: “Hay que depender del veto histórico que ha tenido la derecha en los últimos 30 años para hacer reformas sustantivas a la Constitución”. Estas palabras, sin embargo, no necesariamente representan la posición de Lagos, porque una de las preguntas que rondan en la escena política chilena hoy es si el expresidente cree que será más fácil reformar si gana el Rechazo o si gana el Apruebo.
Para Lagos, el proceso constituyente de Chile “no terminará el 5 de septiembre, al día siguiente de que sepamos el resultado del plebiscito de salida, porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana”. Se refiere, entre otros asuntos, a lo que muestran diferentes encuestas: que los que rechazan superan a los que aprueban, que hay una gran cantidad de indecisos y que, presumiblemente, con el paso de los días, ambas opciones irán estrechando distancia, por lo que el referéndum mostrará a un Chile partido en dos. De acuerdo a la encuesta Criteria dada a conocer el lunes, un 49% optaría por rechazar el texto de la convención, un 31% elegiría aprobarlo, mientras los indecisos llegan al 22%.
La actual Constitución lleva la firma de Lagos por las reformas importantes que hizo en 2005, pero tiene sus orígenes en la dictadura de Pinochet y no ha logrado tener la legitimidad en la ciudadanía. El socialista se refiere a este texto en su escrito dado a conocer hoy: “La Constitución vigente tampoco logra concitar ese apoyo, pues se utilizó el poder de veto de sectores partidarios del Estado ausente o subsidiario cada vez que se buscó reformarla”, dijo en referencia a las consecutivas ocasiones en que el centroizquierda, como él mismo ha explicado, intentó reformar mucho más la Carta Fundamental en los años de la transición.
El socialista pone en manos del actual Gobierno la misión de conducir el proceso a partir del 5 de septiembre: “El desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana. Corresponderá a las máximas autoridades del país conducir ese proceso”, aseguró en el escrito.
Lagos en su declaración pública indica lo que se debería cambiar de la Constitución vigente –de ganar la opción de quienes rechazan la nueva propuesta–, mientras que enumera lo que debería transformarse si gana el texto redactado por la convención. “Habría que devolver el nombre del Poder Judicial equivalente a los otros dos poderes Legislativo y Ejecutivo a sus temas de administración de Justicia y cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia”, enumera como principal preocupación, en la línea de lo sostenido por otros centroizquierdistas, como el ministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís.
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