Judicializar la pobreza

Dolors tiene 51 años y vive con su hija en Lleida. Desde 2015 cuenta con el correspondiente informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales. Eso evita que Endesa le corte luz. Y todo gracias a una ley surgida de la calle, de una iniciativa legislativa popular, la ley 24/2015 del Parlament, que prohíbe dejar sin suministros básicos a personas en situación de precariedad social. Como todas las historias hijas de la crisis, la de Dolors es larga y dolorosa. Pudo evitar el desahucio gracias a que pactó un alquiler social con la entidad bancaria. Pero en todos estos años ha acumulado una deuda con Endesa que ronda los 5.000 euros. Se trataba de comer o pagar el suministro. La compañía llevará a Dolors a juicio el próximo 15 de abril. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha hecho bandera de este caso.

La judicialización de la pobreza por parte de las eléctricas sigue su curso independientemente que desde el pasado otoño la Generalitat se haya puesto las pilas y entrado a negociar acuerdos con las grandes compañías. Se rata de hacer cumplir por fin el mandato de la ley 24/2015 en el terreno de la pobreza energética. Apoyado por entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza Energética, el Govern quiere que las eléctricas asuman la deuda generada por las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad social y que, a partir de ahora, los nuevos impagos se repartan entre las compañías (un 60%) y la administración (un 40%).

Un usuario medio pagaba 522 euros en 2003, que se convirtieron en 926 euros en 2018

José, nombre ficticio, llegó a Barcelona con tres años, en 1961, procedente de Andalucía. Su divorcio le llevó a empeñarse y a contraer deudas con particulares poco recomendables. Tuvo que elegir entre comer o pagar deudas y estuvo tres meses sin luz en su casa, en Ciutat Meridiana, hasta que supo de los Puntos de Asesoramiento Energético del Ayuntamiento de Barcelona, que solo el año pasado atendieron a un total de 31.569 personas. José obtuvo el certificado de vulnerabilidad, pero Endesa, al igual que sucede con Dolors, le reclama desde el verano pasado una deuda de 900 euros y amenaza con llevarlo a los tribunales. José ha caído en una profunda depresión que ha comportado secuelas físicas.

Todas estas historias de precariedad, de tener que elegir entre comer o pagar las facturas, son moneda corriente. Merche, de 51 años, vive en el barcelonés barrio del Carmel y perdió su trabajo en el sector de la alimentación hace 10 años. Cobró indemnización y se dedicó a cuidar de sus padres enfermos, que vivían con una pensión de 600 euros. Cuando el dinero de la indemnización se acabó, sobrevivió como pudo: trabajos a tiempo parcial por los que apenas cobraba 300 euros. Ni la edad ni la crisis la ayudaban a encontrar empleo y las facturas de los suministros apretaban. “Aunque no tuve avisos de impago, debía elegir entre comer o pagar facturas”, explica. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona la derivaron hacia un Punto Asesoramiento Energético (PAE). Allí le enseñaron a optimizar su consumo eléctrico. También pudo afrontar lo que más le preocupaba: dos grifos que perdían agua, a cuyo cambio no podía hacer frente económicamente, y que disparaban su factura. Ahora es ella quien desde un PAE ayuda a sus conciudadanos.

Todos estas historias en las que chocan codicia y precariedad cobran especial relieve a propósito de la semana contra la pobreza energética, conmemorada en toda la UE, y que concluye este domingo. Con ella se recuerda una de las semanas más frías que vivió el viejo continente en febrero de 1956. A día de hoy, todavía 7.100 personas mueren anualmente en España por causas atribuibles a esa pobreza, que afecta a un 23% de los hogares españoles. Somos el quinto país que paga la factura de la luz más cara, al tiempo que el efecto de las transferencias sociales en reducción de la pobreza nos sitúan en el sexto país por la cola de la UE, según el reciente informe de Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. En este contexto, las eléctricas, a pesar de haber subido —según Facua— las tarifas un 77,5% en 15 años, siguen judicializando la pobreza. Un usuario medio pagaba 522 euros en 2003, que se convirtieron en 926 euros en 2018. 404 euros más por el mismo consumo. Las tres grandes eléctricas —Endesa, Naturgy e Iberdrola— obtuvieron unos beneficios netos de 5.770 millones de euros en 2018. Hay muchos elementos para la reflexión cuando —según cálculos de algunos expertos— con el 1,5% de los beneficios de las eléctricas bastaría para acabar con la pobreza energética.