El sector inmobiliario carga contra el decreto que blinda el alquiler social

El sector inmobiliario ha salido este viernes en tromba para criticar los cambios urbanísticos que buscan fomentar la vivienda de protección social. En un comunicado conjunto, los agentes inmobiliarios (API), la Asociación de Promotores de Cataluña, la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona y el Colegio de Administradores de Fincas piden recuperar la “seguridad jurídica” tras el decreto de medidas urgentes en vivienda aprobado por el Govern. La semana pasada, el Ejecutivo catalán lo llevó al Parlament para su convalidación pese al informe del Consell de Garanties Estatutàries, que vio inconstitucionales algunos aspectos.

El decreto 17/2019, aprobado por el Govern a finales del año pasado, pasó hace unos días por la convalidación del Parlament. Ayer, las entidades principales del sector inmobiliario expresaron su rechazo a la nueva normativa. El decreto busca dar respuesta a la problemática del acceso a la vivienda con una serie de medidas urgentes que pretenden blindar el alquiler social. Entre estas medidas está la obligación de los grandes tenedores de vivienda (entre ellos, bancos y fondos de inversión) a ofrecer un alquiler social a las personas que ocuparon un piso en un periodo de seis meses antes a la aprobación del decreto. También se amplían las reservas de suelo para la construcción de vivienda social mediante el planeamiento urbanístico, y se simplifican las tarifas, entre otras iniciativas.

El sector inmobiliario considera que el decreto “hace inviable” económicamente la rehabilitación del parque y “dificulta a la clase media el acceso a la vivienda” al eliminar la tipología de vivienda a precio concertado, una figura a caballo entre la protección oficial y el mercado libre.

El comunicado también destaca que el aumento de las reservas de Vivienda de Protección Oficial que prevé el decreto en el Area Metropolitana de Barcelona, y las anunciadas a través del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda para las “áreas de demanda fuerte y acreditada” que contempla el decreto “comprometen la viabilidad de los planeamientos”.

“Lejos de solucionar el problema, provocarán un efecto contrario, puesto que por un lado se paralizará la actividad del sector y, por el otro, añadirá todavía más presión sobre los precios a causa del desequilibrio que generará entre la oferta y la demanda”, lamentan los representantes del sector.

El decreto, impulsado por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, fue celebrado como una victoria por las entidades en defensa del acceso a la vivienda, pero desde que el Govern lo aprobó ha pasado por algunas dificultades. Por un lado, el informe del Consell de Garanties Estatutàries, que, al no ser vinculante, el Govern no tuvo en cuenta para pedir la convalidación del Parlament. El informe ve inconstitucional la definición que establece el decreto para el concepto “vivienda vacía”, ya que esta definición vulneraría dos artículos de la Constitución que protege a los propietarios para recuperar una vivienda ocupada, y cuestiona las sanciones para los propietarios que no den una oferta de alquiler social.

Pese a pasar el trámite en el Parlament, partidos políticos y los impulsores de la norma pidieron medidas para que el decreto se aplique en los juzgados, después de que una juez parase un desahucio de todo un bloque ocupado, amparándose en el decreto, y unos días después rectificase alegando que la norma no tiene validez procesal. Ayer, los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona se reunieron para buscar una posición común a la hora de aplicar el decreto.