Pádel o huerta: la lucha por la tierra en Esplugues

La masía de Can Cervera, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha conocido tiempos mejores. Su fachada principal, rosa palo, se mantiene en pie con ayuda de puntales oxidados. Frente a la maltrecha puerta de madera, un coche negro con los cristales reventados sugiere el final abrupto, apocalíptico, de alguna dinastía burguesa. Al resguardo del edificio neoclásico crecieron, en los años 70 y 80, pequeñas construcciones, la mayoría con techo de amianto, que han sido empleadas para guardar herramientas y animales. Hasta este lunes.

Las máquinas han empezado a morder el entorno de Can Cervera, un inmenso y apetitoso bocado de terreno sin urbanizar donde, además de los cobertizos, decenas de personas cultivan pequeños trozos de huerta que han convertido en su particular bosque de Sherwood. Ellos también pueden tener los días contados en este rincón un poco al margen de la ley, aún virgen de edificios, encajonado entre Esplugues y L’Hospitalet y anudado por la Ronda de Dalt.

El Ayuntamiento ha ordenado tirar las casetas de uralita por su estado ruinoso

Después de más de tres décadas de silencio, el propietario de los terrenos ha alzado la voz. Pretende impulsar en precario —de forma provisional, porque la zona está pendiente de calificación urbanística— pistas de pádel y un aparcamiento en el lugar donde ahora están las casetas y la huerta. El Ayuntamiento de Esplugues ha ordenado la demolición de esos trasteros de antes de la época de Bluespace porque su estado es ruinoso, acogen “actividades ilegales”, suponen un riesgo para la seguridad de las personas y ponen en peligro la integridad de Can Cervera, declarada patrimonio de interés local.

“Les estorbamos. Quieren deshacerse como sea de nosotros, por eso nos sacan de mala manera”, se queja Manuel Pizarro. Dice que es el más viejo del lugar. Hace 34 años, se hizo con una de las pequeñas construcciones que, como una pequeña ciudad medieval, rodean la fortaleza de Can Cervera. Las paredes son de obra; el techo, de uralita. “Aquí estaban los antiguos vestuarios del club de fútbol de Can Peguera. Nos los dieron como trasteros a cambio de pagar un recibo para el mantenimiento del club. Yo he utilizado el mío para guardar herramientas de obra. Este fin de semana las he tenido que sacarlo todo a toda prisa”, lamenta.

“Les estorbamos. Quieren deshacerse de nosotros de mala manera”, dice Pizarro

La grúa empezó este lunes a derribar casetas como la de Pizarro, que según el informe municipal están en estado ruinoso. Su abogada, Susana Sánchez, ha intentado frenar la demolición, por ahora sin éxito. Sánchez representa a 25 personas que en su día se asentaron sin pedir permiso (y sin que nadie lo impidiera) en pequeñas parcelas de tierra en torno a la masía. Ahora, se ven expulsados y reclaman la propiedad. Una figura urbanística (la usucapión) permite reclamar ese derecho a quienes acrediten una antigüedad de más de 20 años. Con testigos o documentos. Uno de ellos guarda incluso una denuncia que hizo a la Guardia Civil en 1980 porque le habían robado unos ajos.

Pizarro denuncia que la empresa no está retirando el amianto como es debido. El Ayuntamiento reconoció en su informe la presencia de fibrocemento, ordenó a la propietaria el uso de personal y técnicas especializadas y asegura que así lo hará. Este diario ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con Patrimonial Hefer, que figura como cliente de un proyecto de arquitectura bautizado como “Can Cervera” y que prevé la construcción de 1.442 metros cuadrados de viviendas en un suelo de 202.000 metros cuadrados. Los trabajos requieren, según la web, la “modificación” de planes urbanísticos.

El primer teniente de alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, reconoce el interés del consistorio en “urbanizar y reordenar la zona”, pero señala que un primer proyecto de construcción de viviendas fue paralizado por la justicia en 2013. Sanz confirmó que se está tramitando la licencia de actividad para el pádel con independencia de dónde llegue la demanda de los vecinos en los juzgados.

A la reclamación se ha sumado Ambrosio Rubio, que cultiva desde hace dos décadas la parcela número 33, porque aquí todos los terrenos, entre senderos y frondosas zarzas, están delimitados y protegidos por vallas. “En algunos casos han pasado de padres a hijos. Sembramos de todo, tenemos hasta una barraquita para gallos y los domingos hacemos alguna barbacoa. La propiedad nunca nos ha dicho nada. Y ahora nos echan”.