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¿Qué se oculta tras el ‘caso Avalmadrid’?

La Asamblea de Madrid retoma este viernes la actividad con la comparecencia de nuevos testigos

Sede de la empresa Avalmadrid, en la calle de Jorge Juan.
Sede de la empresa Avalmadrid, en la calle de Jorge Juan.

La comisión de Avalmadrid en la Asamblea regional se reanuda hoy para estudiar si esta empresa semipública, que concedía avales a empresarios, lo hizo sin estudios de viabilidad, entre ellos al padre de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP). 

El empeño por esconder, por el diputado Más Madrid y portavoz en Comisión Investigación Avalmadrid en Asamblea Madrid Eduardo Gutiérrez

Asistimos este viernes a la reactivación de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid en la Asamblea de Madrid tras unas excesivas vacaciones parlamentarias durante el mes de enero. Se trata de una comisión a cuya apertura sólo se opuso el Partido Popular y que tiene como fin esclarecer las presuntas prácticas corruptas producidas en esta entidad. Según se sospecha, estas prácticas podrían haber beneficiado a la familia directa de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, entre otras personas cercanas a la cúpula del Partido Popular madrileño.

Desde el comienzo de los trabajos de la comisión, el PP ha intentado entorpecer la investigación alegando varias razones que entendemos como falaces. En primer lugar, interpretan el archivo por parte de la Fiscalía de la causa que afectaba a la familia de Ayuso como una exoneración de responsabilidades e incluso como un argumento definitivo para plantear el cierre de la Comisión. Conviene recordarles que ya existen precedentes de archivos de denuncias contra presidentes de la Comunidad ante la Fiscalía que posteriormente acaban en imputaciones y encarcelamientos, como pasó con Ignacio González. En todo caso, si para el PP el archivo exonera a la presidenta de cualquier sospecha y no tiene nada que ocultar, cabe preguntarse por qué se niega a comparecer ante la Comisión.

Otro de los argumentos del PP consiste en desacreditar la Comisión insistiendo en el carácter privado de Avalmadrid por contar con una participación mixta en su capital social. Sin embargo, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea les quita la razón al señalar que las empresas con órganos directivos determinados y tutelados por las Administraciones Públicas, como es el caso de Avalmadrid, tienen la consideración de públicas a efectos jurídicos.

La tercera falacia que mantiene el PP consiste en restar importancia a las irregularidades en las operaciones de aval detectadas por el Banco de España, obviando la magnitud de las operaciones calificadas de ilegales por la entidad supervisora, que podrían alcanzar los 30 millones de euros, y que ya han conllevado multas a una quincena de consejeros y directivos de Avalmadrid. En este sentido, no se entiende que el Banco de España rechace colaborar con la Comisión cuando es el organismo encargado de supervisar Avalmadrid.

El empeño del PP por esconder Avalmadrid ha sido sorprendentemente respaldado por Ciudadanos, que con su complicidad está blanqueando los hedores de corrupción de años de gestiones clientelares en Avalmadrid. Aún queda mucho por aclarar y desde aquí instamos a Ciudadanos para que rectifique y se resista a ser arrastrado por la corrupción del PP en este caso. No lo hagan por nosotros, háganlo por los miles de autónomos y pymes madrileñas para las que el apoyo de esta entidad es fundamental y que han visto como Avalmadrid reduce su actividad como consecuencia de este desfalco.

Una comisión solo para el desgaste, por el portavoz adjunto del Grupo Popular Asamblea de Madrid Pedro Muñoz Abrines

Cuando el pasado mes de septiembre los grupos parlamentarios de la izquierda de la Asamblea de Madrid solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre Avalmadrid, lo justificaron fundamentalmente por dos cuestiones: la apertura de expediente por parte del Banco de España por la concesión ilegal de avales, de una cartera de 167 operaciones, y por el supuesto trato de favor de Avalmadrid a una empresa de la que el padre de la presidenta regional era socio.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, en su momento, solicitamos que los servicios jurídicos de la Asamblea emitiesen un informe sobre la legalidad de la comisión de investigación solicitada. Había y siguen existiendo muchas dudas sobre su legitimidad y el alcance de sus trabajos; desde la titularidad privada de Avalmadrid, hasta el carácter protegido de los datos económicos de personas y empresas particulares que son socios partícipes de Avalmadrid, pasando por la existencia del secreto profesional por el que están afectados todos los gestores o responsables de entidades financieras, auditores y el propio Banco de España, sin olvidar la intención de depurar conductas concretas que se escapan del ámbito político. En este sentido, resulta necesaria la lectura del artículo Las entidades privadas como sujetos destinatarios del control parlamentario desarrollado por las Comisiones de Investigación, del letrado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Arévalo. (Revista de la Asamblea de Madrid. nº 30. 2014).

Una vez que se ha celebrado la primera sesión de la Comisión de Investigación se han confirmado la totalidad de lo que defendíamos:

1. Avalmadrid es una entidad financiera privada, sobre la que la Comunidad de Madrid no ejerce ninguna competencia material y cuyo control corresponde solo al Banco de España.

2. El expediente del Banco de España en ningún caso hace referencia a posibles concesiones ilegales o irregulares de avales por parte de Avalmadrid, sino exclusivamente al incumplimiento de unos requerimientos respecto a pequeñas deficiencias en el procedimiento de control de riesgos en 22 operaciones.

3. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia de Mas Madrid contra Isabel Díaz Ayuso, no por una discrepancia en la calificación jurídica, sino algo más importante, por negar directamente los hechos imputados. No hubo trato de favor o intermediación para beneficiar la concesión del aval, ni alzamiento de bienes y tampoco administración desleal por Avalmadrid.

Al final, tenemos una comisión de investigación inoperante, que solo busca la “pena de telediario” para los comparecientes y que supone injustamente el desgaste de una entidad privada como Avalmadrid. Eso sí, la izquierda después se opone a crear comisiones similares sobre asuntos que sí son públicos y de actualidad, como la reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, o la prostitución de menores bajo tutela de la administración balear. Todo muy coherente y edificante.

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