Transparencia parental sin novedad

Los centros públicos y concertados tendrán que hacer por orden expresa de la Comunidad de Madrid algo que ya hacían desde hace décadas por orden expresa de la normativa vigente: publicar todas las actividades que se realizan dentro de sus muros antes de que comience el curso. El trámite de ahora parece, por tanto, innecesario, pero la Consejería de Educación —que ha negado ya en varias ocasiones que vaya a implantar el veto parental que pide Vox— justificó que empezó ayer a mandar cartas a los centros educativos donde detallaban esas instrucciones en aras de “la transparencia”. Así, añadieron, los padres podrán decidir durante el periodo de matriculaciones, que comienza en abril, si están de acuerdo con la planificación, las actividades extraescolares y las complementarias del año escolar.

Sin embargo, Esteban Álvarez, presidente de la Asociación de directores de institutos de la Comunidad de Madrid (Adimad) se mostró tajante ante esta supuesta novedad: “A partir de ahora, por medio de esta instrucción, será obligatorio publicarlo todo en la web. Pero en el 90% de los centros ya lo hacíamos y el resto lo tenía a disposición de los padres en la secretaría. Esa información ya se daba”. La novedad, por tanto, es menor y trata de acallar una polémica “ajena al mundo educativo”, según el mismo Álvarez. “Nosotros somos los principales interesados en que exista una transparencia absoluta. No hay ningún problema”. “Ahora bien”, continuó, “espero que esto no signifique luego un señalamiento a los centros públicos que, siguiendo la normativa vigente obligatoria, realizan actividades complementarias para prevenir el bulling por casos de LGTBI o de violencia de género, y eso incida después en las matriculaciones porque se vayan a donde no se realizan, saltándose la ley”.

La LOMCE establece en su artículo 121.3 que “los centros establecerán sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos para facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa”. Además, en Madrid el artículo 2 del Decreto del 29 de 2013 que regula la elección de centro escolar recoge que la Administración y los centros deberán facilitar la información que permita la elección libre y responsable.

Por eso mismo, sindicatos como CC OO se han mostrado reacios a esta injerencia. “Esta nueva instrucción no añade nada nuevo, excepto el señalamiento por omisión de profesionales y equipos directivos de los centros educativos públicos. La normativa también es clara con respecto a las familias que, según la LOMCE y las regulaciones en Madrid, en el momento de la matriculación en un centro tienen el compromiso de respetar y conocer su proyecto educativo y de sus normas de funcionamiento”, dijo ayer Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza. “La publicación de estas instrucciones parece dar a entender que la Consejería cree que los centros públicos, especialmente los públicos, no están cumpliendo con la normativa de aplicación en materia de admisión del alumnado, de elaboración y publicidad de documentos institucionales como el Proyecto educativo del centro, la Programación general anual o las programaciones didácticas”, zanjó.

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), “las medidas anunciadas no están mal” siempre que respeten “la autonomía pedagógica de los centros, la libertad de cátedra y se eviten presiones a los docentes”, dijo el portavoz Miguel Ángel González.