Las 11 presuntas irregularidades de Monasterio y Espinosa

Hasta el momento se han conocido 11 casos de irregularidades urbanísticas de Monasterio y su marido, el promotor inmobiliario y portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Este que ahora llega a la Fiscalía surge de un proyecto de la dirigente de ultraderecha en la calle Rodas de Madrid. Es una obra ilegal en un loft, ejecutada sin licencia, en la que además utilizó un falso visado del Colegio de Aparejadores en los planos, según advirtió públicamente esta entidad tras verlo reproducido en este diario.

Monasterio tramitó en 2005 un estudio inicial de la obra con siete planos visados por el Colegio de Aparejadores. El visado es un sello oficial de la entidad que certifica que la obra cumple con los requisitos exigidos. Es una pegatina timbrada que se colocaba sobre los planos. En este caso, tenía el número 0511764 y fecha del 3 de junio de 2005. Sin embargo, en gestiones sucesivas en 2011 y 2016 Monasterio no volvió a visar los nuevos planos que presentaba, sino que utilizó el mismo sello de 2005. Habría hecho un corta y pega.

El trámite que ahora ha acabado en la Fiscalía es una petición de licencia que presentó en el Ayuntamiento el 20 de julio de 2016. Fue registrado a las 9.35, según consta en la solicitud. La propia Monasterio, que entonces ya estaba en Vox, estampa su firma de puño y letra al final del documento. Con esa operación, registró 42 planos, 19 de ellos con el visado falseado.

El Colegio de Aparejadores descubrió la treta del visado irregular el 22 de noviembre y advirtió en una nota que el sello publicado en este periódico “no se corresponde con ningún documento que obre en los archivos de esta corporación”. Y explicaba: “El sello de visado 0511764 que aparece en la imagen del documento publicada por EL PAÍS en realidad fue emitido para otra intervención, un estudio y valoración para el acondicionamiento de local para vivienda”. Es decir, fue impreso solo para ese informe inicial, que es el que figura en los archivos de la institución. Todo lo demás no ha pasado por el Colegio de Aparejadores, pero con el sello da la falsa impresión de que sí lo ha hecho.

Han pasado casi dos meses del descubrimiento de los visados falsos, pero el Ayuntamiento de Madrid, en manos de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, aún no se ha pronunciado sobre ello. A preguntas de este diario ha explicado que no es su misión investigarlo. Asegura que sus servicios jurídicos “solo han estado estudiando la situación urbanística de este caso particular” y no entraron a analizar los visados.

El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo ya emprendió acciones contra Monasterio en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) el pasado mes de octubre, cuando aparecieron las primeras informaciones de irregularidades en EL PAÍS. En concreto, que había firmado documentos como arquitecta sin tener el título, pues solo lo obtuvo en 2009 y llevaba trabajando con su propio estudio desde 2002. Calvo, arquitecto de profesión, acusó a Monasterio de intrusismo profesional. El COAM archivó en un principio la denuncia, pero este mes aceptó un recurso de Más Madrid y dio 15 días de plazo a Monasterio para que presentara sus alegaciones. Lo hará la semana que viene, según adelantó este jueves una portavoz a este periódico. Aseguró que en ese momento dará explicaciones de todo, también a la cuestión de los visados falsos.

Este miércoles se ha abierto otro frente con Ecologistas en Acción, que solicitó al Ayuntamiento de Madrid personarse en los expedientes de legalización del chalé donde actualmente residen Monasterio y Espinosa. Es una vivienda que carece de licencia de ocupación y también de actividad para el estudio de arquitectura de ella, instalado en el inmueble. El Ayuntamiento les dio en octubre un año de plazo para legalizar su situación.

Ecologistas en Acción explicó que quiere comprobar que los expedientes se resuelven "ajustándose a la legalidad y sin trato de favor y contar con la posibilidad de presentar alegaciones". Se basan en la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite la personación en expedientes en tramitación a asociaciones que sean titulares de intereses legítimos colectivos, como es el caso de esta organización.