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Madrid no gasta el 99% de los fondos para reducir las listas de espera

Sindicatos y oposición denuncian que el plan es un programa fantasma que no ha funcionado y por el que se cuela el dinero

Personas esperando en un centro sanitario de Goya, en Madrid, el pasado año.
Personas esperando en un centro sanitario de Goya, en Madrid, el pasado año.

Del dinero destinado a reducir las listas de espera en 2018, Madrid primero recortó un 95,9%: de 61,5 millones dejó 2,5. Después, gastó solo 889.000 euros: el 1,4% del presupuesto que tenía inicialmente. Según la Cámara de Cuentas, así se manejaron los fondos del Plan Integral para la reducción de las listas de espera 2016-2019, que arrancó en 2016, la misma semana que el Gobierno regional reconoció que tenía cuatro veces más pacientes en esas listas de lo que había dicho: 80.000. Pasada la legislatura, sindicatos y oposición denuncian el plan como un “programa fantasma” que no funciona y por el que se cuela el dinero.

Lo que dicen los datos es que, cuatro años después, el programa sigue sin dar resultados. Según el UGT, que el pasado diciembre publicó un informe sobre la atención especializada en Madrid, desde 2016 al 30 de septiembre del pasado año el número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural (la que se debe a la organización y recursos disponibles) creció en 25.193 pacientes, un 66,5%. Y desde que Gobierna Isabel Díaz Ayuso, lo ha hecho en un 4%. La Comunidad defiende que la espera en Madrid es la más baja de España: “Los madrileños aguardan una media de 46 días para operarse de una cirugía no urgente, menos de la mitad del tiempo que el resto de españoles, que tienen que esperar una media de 115 días”. A eso, sindicatos y oposición siempre hacen la misma alegación, que la cifra no es fiable porque “Es un sistema bastante opaco”.

El presupuesto inicial de este plan se ha ido incrementado año tras año desde que fue lanzado por el Gobierno de Cristina Cifuentes en 2016 con 46,5 millones. Según consta en los Presupuestos, en 2017 el programa obtuvo un 10,75% más (51,53 millones), en 2018 un 19,4% más (61,53 millones) y en 2019 un 1,63% más (62,53 millones); y, desde 2017, la Comunidad lo incluyó en el apartado “grandes cifras y principales incrementos”. Pero “el presupuesto final y el gasto real no ha hecho más que bajar. Entre 2015 y 2018 el final destinado a este programa se ha reducido en un 93%”, apunta el sindicato, que asegura también en su informe que de toda la dotación inicial “solo se han gastado 38,7 millones”.

De 2016 a 2019 el número de pacientes en lista de espera quirúrgica creció en 25.193 pacientes, un 66,5%

La Consejería asegura que esa bajada económica de la cantidad inicial son “meros movimientos técnicos que no suponen un cambio del destino del crédito establecido en la Ley de Presupuestos”. Aseguran que ese dinero, el de las modificaciones de crédito, va “a los centros hospitalarios que son los que afrontan los pagos a los profesionales y los ocasionados por el mayor consumo de suministros derivados del incremento de actividad quirúrgica y diagnóstica”. El resto, “los 2,5 millones, se gestionan en Servicios Centrales y se usan para reducir las lista de espera en centros concertados”.

Sobre la distribución por hospitales de ese dinero y su ejecución, la Consejería no ha facilitado datos a este diario porque, explica, necesita “más tiempo”. Según UGT, lo que hay detrás de ese argumento “es una mala gestión” o, como mínimo, “ineptitud". Algo a lo que también apuntaron en las conclusiones de aquel estudio: “Nos encontramos que la gestión ha sido muy deficitaria, incluso cabría calificarse de desastrosa. En los dos últimos ejercicios la ejecución de los presupuestos finales ha llegado a poco más del 10% en 2017 o al 35,5% de 2018. Pero si tenemos en cuenta los presupuestos iniciales, es decir, los presupuestos que se presentan, la ejecución ha rondado el 1%”.

También Comisiones Obreras denuncia esta falta de “transparencia” y valora hacerlo ante los tribunales por considerar que la Sanidad madrileña “se salta la Ley”. “Desde 2016, cuando se pusieron en marcha los Pactos de Gestión [los acuerdos a los que se llega con cada servicio de cada centro hospitalario] para reducir el tiempo para ser operado en la sanidad madrileña, los sindicatos no tienen información de las contrataciones de personal para este fin, ni de las retribuciones que perciben los profesionales sanitarios por la actividad extraordinaria fuera de su jornada habitual”. Comisiones asegura que no se les dan datos que permitan “fiscalizar los millones de euros destinados a hospitales públicos y privados para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser intervenidos quirúrgicamente en un tiempo razonable”.

En los dos últimos ejercicios la ejecución de los presupuestos finales ha llegado a poco más del 10% en 2017 o al 35,5% de 2018

Al diputado socialista José Manuel Freire no le sorprende la “ausencia” de cifras. Llama a este plan “programa fantasma”. Asegura que, aunque esté establecido como partida presupuestaria, “es una especie de fondo centralizado del que se tirar para tapar agujeros teóricamente relacionados con la lista de espera”. Y puntualiza que lo que ponen de manifiesto estas cifras es una gestión “absolutamente desastrosa”. Refrenda esta opinión Vanessa Lillo, de Unidas Podemos Izquierda Unida, que deja caer lo “kafkiano” de que un Gobierno “presuma de planes de choque para corregir sus propias políticas, parece evidente que lo que hay que cambiar son las políticas”.

Mónica García, de Más Madrid, arguye que, además, es “imposible seguir la pista al dinero de esas modificaciones presupuestarias”. Cuenta que varias veces han hecho enmiendas a los presupuestos: “Si ya desde el principio saben a qué hospitales van a repartir esos millones... ¿Por qué no consignarlo desde el principio? Nunca las admiten”. Después, a posteriori, asegura que cuando han pedido información al respecto, nunca se les ha facilitado: “No hay manera de comprobar dónde acaba ese dinero, es una partida fantasma que no se sabe dónde va. Dicen que a los centros hospitalarios, vale. Pues deme datos, cifras que corroboren lo que me cuenta”. Pero, hasta el momento, la Consejería no las ha dado.

Los Pactos de Gestión: “Un parche para la falta de profesionales”

En 2018, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de Comisiones Obreras por los Pactos de Gestión [los acuerdos a los que se llega con cada servicio de cada hospital para ver lo que necesitan], y exigió al SERMAS que se sentara a negociar dichos acuerdos en la Mesa Sectorial de Sanidad. “La Consejería no cumplió la sentencia argumentando que era anterior a la Ley de Buen Gobierno que otorgaba autonomía a las gerencias de los hospitales para gestionar” el plan, explicó el sindicato en un comunicado, que se plantea volver a denunciar porque “no solucionan esta insostenible situación”.

Mónica García, de Más Madrid, opina igual: “Es una fórmula que podría valer si fuese de forma excepcional, pero se hace de forma estructural, y es un parche caro para el déficit de profesionales”.

Para el sindicato esto “malgasta millones de euros que deberían dedicarse a la recuperación de los 8.000 puestos de trabajo que se destruyeron durante el período privatizador de la Sanidad Pública madrileña y con los recortes” y alega que la reivindicación de recuperar la jornada de 35 horas semanales “permitiría la contratación de más de 5.000 profesionales” y, con eso, “proceder a la apertura de las camas hospitalarias cerradas, abrir quirófanos por la tarde y los fines de semana, potenciar las consultas externas y los centros de Atención Primaria”.

Están convencidos de que este dinero no es rentable porque no se ha reducido la espera quirúrgica y, además, “gran parte ha ido a parar a la sanidad privada” mientras que la sanidad pública ha perdido personal y ha cerrado camas.

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