Pilar Martínez, exconcejal de Urbanismo de Madrid: “Espinosa y Monasterio promovían un negocio fraudulento”

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid durante la era de Alberto Ruiz-Gallardón, Pilar Martínez (PP), quien en su día hizo campaña en contra del fraude de ley y la especulación que suponían la construcción de lofts ilegales en la ciudad, ha arremetido contra Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, y su esposa, Rocío Monasterio, líder de ese partido en la Comunidad de Madrid. "Espinosa y Monasterio fueron promotores de un negocio fraudulento que tuvo efectos nefastos. Incumplieron reiteradamente la normativa urbanística, perjudicaron el modelo de ciudad que queríamos. Además de toda la inseguridad jurídica que vivieron los compradores, eso es un fraude claro. Unas personas como ellas, sin ética en la esfera privada, no pueden protegerse en los partidos políticos. No deberían admitir personas así. No tienen cabida en lo público", dice Martínez en una entrevista con este periódico, que ha desvelado nueve de los once casos de irregularidades urbanísticas de la pareja.

Martínez fue la máxima responsable de Urbanismo de 2004 a 2011, durante el boom inmobiliario en la capital, justo la época en la que Monasterio y Espinosa se enriquecieron con este tipo de proyectos. La política ha entregado esta semana un dosier en la sede de su partido, en Génova 13, denunciando las prácticas ilegales de la pareja, cuyo principal negocio era reformar locales de uso industrial para convertirlos en viviendas. Sus clientes dicen que les prometían unas licencias de habitabilidad que, al final, nunca llegaban, algo que ellos niegan. El valor real de lo que compraban era inferior al precio que desembolsaban sus compradores.

"Es evidente que no tienen ética. Su negocio se basaba en obtener beneficios gracias a una gestión irresponsable, fraudulenta y opaca. Tienen beneficios injustificados y el problema se lo dejan a otro, al comprador", continúa Martínez, la primera política de su partido que se manifiesta públicamente en contra de las obras irregulares que durante años impulsaron Espinosa como promotor y Monasterio como arquitecta, cuando en ese tiempo (2002-2008) ni siquiera tenía acabada la carrera. Martínez, colaboradora de máxima confianza de Gallardón, impulsó en julio de 2006 una modificación de las normas urbanísticas al plan general para frenar la proliferación de lofts ilegales.

Además, inició una campaña de inspección en toda la ciudad para abrir expedientes sancionadores que afectaron directamente al matrimonio de Vox, como en el edificio construido de forma irregular en la calle Albarracín, 58. "Sus promociones toparon con mis decisiones políticas. Hacían casas encubiertas. Desde Urbanismo intentamos evitar el fraude a futuros compradores de buena fe. Nunca iba a ser residencial lo que estas personas compraban", explica. Entre otros, el propio vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el actor Arturo Valls, que ha presentado una demanda, resultaron perjudicados al hacer negocios con ellos.

Por todo esto, Martínez dice sufrir una venganza política tras presentarse como candidata a la alcaldía de Villaviciosa de Odón en las pasadas elecciones municipales. Se refiere al veto que Vox levantó contra ella en las mesas de negociaciones que conformaron con el PP. Para evitar que Pilar Martínez llegase al poder se tuvo que dar uno de los acuerdos más insólitos de toda España: el candidato de Ciudadanos, la cuarta fuerza más votada, fue elegido alcalde con los votos de Vox, PSOE, Más Madrid y un partido independiente. Extraños compañeros de viaje para conseguir que, a cualquier precio, la política del PP se quedase en la oposición.

El veto surgió en esos encuentros para llegar a un acuerdo nacional de gobernabilidad en el mayor número de Ayuntamientos y regiones posibles. El partido que dirige Santiago Abascal trazó una línea roja: en ningún caso consentiría que Martínez fuera investida alcaldesa, según confirman fuentes populares presentes en la discusión.

Entre tantos asuntos clave llamaba la atención que Vox pusiera tanto empeño en este municipio madrileño de 28.000 habitantes. Ahora, la incógnita parece resuelta para Martínez, que vincula el veto a Vox a sus años al frente de Urbanismo. El apoyo de Vox es necesario para el PP en lugares clave, como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Martínez dice haber puesto el caso en manos de la dirección nacional de su partido: "Les conté que Espinosa y Monasterio me han represaliado por haber hecho mi trabajo. Le dije al PP nacional que iba a darlo a conocer públicamente. No pusieron ninguna objeción".

El PP nunca supo por qué el nombre de Martínez estuvo sobre la mesa con tanta insistencia. El no de Vox fue rotundo desde el principio. Los dirigentes sentados en la mesa de negociación, en la que estuvo Espinosa de los Monteros, no se movieron ni un centímetro de su posición inicial. Los partidos sopesaron alternativas, como buscar otra candidata, pero tanto la formación de Génova como la propia Martínez, la más votada en las elecciones, se negaron al no recibir una explicación convincente.

Martínez no fue entonces capaz de explicar lo que había ocurrido ese 15 de junio, el día de la investidura. Hasta que en una ocasión, en septiembre, discutió en un acto con un político de Vox que, de acuerdo con su testimonio, zanjó el pleito con esta frase: "En la regional de mi partido no te pueden ni ver". En ese consejo se sienta Rocío Monasterio. Martínez ató hilos y llegó a la conclusión, nunca desmentida por las altas esferas de su partido según ella, de que su labor como concejal está detrás de la decisión política en Villaviciosa de Odón.

En el PP continúan sin tener una explicación clara sobre las razones por las que Vox vetó a Martínez. La principal hipótesis que manejan, de puertas para adentro, es que María de la Cabeza Ruiz Solás, diputada nacional de Vox y concejal de Villaviciosa de Odón, siente una animadversión personal hacia Martínez, un sentimiento que ha sabido transmitir a la cúpula del partido. Durante la campaña en Villaviciosa, muy tensa, Martínez denunció a la Guardia Civil que De la Cabeza repartió panfletos difamatorios contra ella.

Otra de las explicaciones posibles es que Vox se negase a apoyar a Martínez porque le salpicaban dos casos judiciales. La política estuvo imputada en una ocasión, al igual que todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por la compra del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa y en otra por un presunto delito contra la ordenación del territorio. En el primer caso la causa fue archivada al no encontrar el juez indicios de delito y, en el segundo, resultó absuelta, según una sentencia judicial firme.

La política cree que su comportamiento "ético" en un puesto tan delicado como era el suyo, donde convergen intereses cruzados, la ha llevado a esta situación. "Se trata de una represalia de carácter político a quien impidió comportamientos irregulares y lesivos para los madrileños", añade. Y repite: "Espinosa promovió una actividad de negocio fraudulenta. Rocío Monasterio fue la colaboradora necesaria".