Pactar con los independentistas

El pasado 24 de octubre la Asamblea de Madrid, con los votos de Ciudadanos, PP y Vox, aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno de España “a la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la Nación”. La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Alicia Sánchez-Camacho Pérez, sintetizó su visión del diálogo con los independentistas en dos preguntas retóricas: “¿Dialogar con quién? ¿Con los que quieren romper España?”. El portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie, Jacinto Morano González, defendió justo lo contrario: “Lo que tenemos que hacer quienes estamos en las instituciones es buscar soluciones, y las soluciones pasan, sí, señores, sí, por negociar”. ¿Quién tenía razón? Aunque en el debate madrileño el portavoz socialista José Manuel Rodríguez Uribes no fue tan explícito como su colega morado, el hecho es que, semanas después de aquella sesión parlamentaria, el PSOE está negociando con el principal partido “separatista” de España para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

¿Es posible negociar el Gobierno de un estado con un partido que busca la independencia de ese estado? Una manera de abordar la cuestión con la deseable parsimonia es sacarla del triste maniqueísmo a que parece abocado el debate político en España. En el debate madrileño Sánchez-Camacho proclamó que “en ningún lugar de Europa, ni en Baviera, ni en Suiza, se acepta el derecho de autodeterminación”. En el Acuerdo de Viernes Santo los gobiernos del Reino Unido e Irlanda reconocieron que corresponde a la población de la isla de Irlanda, Norte y Sur, ejercitar su derecho “a la autodeterminación” para lograr una Irlanda unida. Pero dejando de lado esta notoria excepción, y casos menores como los de Liechtenstein (respecto a sus municipios) y la República de Moldavia (respecto a la región autónoma de Gagauzia), la regla es efectivamente la que formuló Sánchez-Camacho. Lo que cabría preguntarse ahora es si en algún lugar de Europa se negocia la formación del gobierno (o se gobierna incluso) con partidos independentistas.

Una persona que podría responder muy bien esa pregunta es el antiguo primer ministro de Bélgica Charles Michel. En las elecciones federales belgas del 25 de mayo de 2014 el partido más votado a escala federal resultó la independentista Nueva Alianza Flamenca (N-VA, por sus siglas en neerlandés), con el 20 por ciento del voto popular y 33 de los 150 escaños de la Cámara de Representantes. Por detrás suyo quedó el Partido Socialista francófono, con el 12 por ciento del voto popular y 23 escaños. Tras las elecciones, el Rey Felipe (de Bélgica) no dudó en nombrar al líder de N-VA, Bart de Wever, como informateur responsable de explorar la formación de un gobierno. Tras meses de negociaciones, se alumbró un gabinete cuatripartito formado por los independentistas de N-VA, los democristianos y liberales flamencos y el Movimiento Reformista francófono de Charles Michel, que acabó siendo el primer ministro aunque su partido había obtenido menos voto popular que sus tres socios de gobierno y 13 escaños menos que los independentistas de N-VA. (El lado oscuro de la historia es que en diciembre de 2018 N-VA forzó el naufragio del gobierno por su oposición a que Bélgica firmase el Pacto Mundial sobre Migración, un inocente acuerdo intergubernamental auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, lo cual ilustra la acreditada pulsión antiinmigración endémica del nacionalismo flamenco).

Que N-VA es un partido independentista no alberga lugar a dudas. Basta una breve visita al sitio oficial del partido en internet. “Nuestro objetivo final es ciertamente un Flandes independiente como Estado Miembro europeo”. Eso sí: N-VA aparca abiertamente la unilateralidad. “N-VA no quiere ninguna revolución y no busca la secesión[…]. El camino para llegar a la independencia está jalonado por etapas y se debe recorrer con respeto por la democracia”.

A la vista del ilustre precedente belga, el posible pacto entre el PSOE y ERC podría tener dos virtudes. No solo serviría para formar gobierno en España y sacar al país del impasse político en el que se encuentra, sino que también podría ayudar a ERC a abrazar el “independentismo constitucional” que Mariano Rajoy denostó en el debate estatutario o el “independentismo constitucionalista” cuyo advenimiento auguró Ramon Espadaler el pasado verano.

¿Independentismo constitucionalista? Un oxímoron para Quim Torra. Una “aberración política” propia de un botifler con el “cerebro atrofiado” como sugirió un perspicaz tuitero. Y una realidad que esa Europa que no escucha a Torra puede entender, empezando por el flamante presidente del Consejo Europeo Charles Michel.