La aporía Constitucional

“En tiempos de tribulación no hacer mudanzas”, el principio ignaciano que encarna la reputación de habilidad y astucia del jesuitismo, sirve hoy de coartada para la clase política española en la conmemoración del 41 aniversario de la Constitución. ¿Es necesaria su actualización? Sin duda. Aunque solo fuera por una razón elemental: en estas cuatro décadas se han producido cambios de tal envergadura que el marco económico, social y cultural en que se gestó la transición es pura historia.

El aniversario de la Constitución ha sido un ritual defensivo en un momento de impotencia

Distinto es el sistema económico, dada las aceleradas mutaciones del capitalismo hacia la economía financiera global, que se han llevado por delante su fase industrial en la que tomaron cuerpo las democracias liberales; distinta es la composición de la sociedad, con afectación directa a la clase obrera histórica y con la correspondiente evolución de sus organizaciones representativas (los sindicatos); distinto es el sistema de intereses después del despliegue del Estado de las autonomías; distintos son los mecanismos de comunicación social: un mundo separa los tiempos en que los diarios eran hegemónicos en la creación de la opinión pública de la actual comunicación digital y de la redes sociales como nuevo y abrumador paradigma; distintos son los usos y costumbres a pesar de los intentos de los sectores más reaccionarios del país de frenar las conquistas en el ámbito de los derechos individuales; distintas son las fuerzas que inciden en el ámbito de la acción política y social, con el auge del ecologismo y del feminismo, símbolos actuales de la subversión de las formas hegemónicas del poder (el capitalismo y el patriarcado). Y así sucesivamente.

Fruto de estos cambios, España sufre una crisis de gobernanza con singularidades específicas pero con características generales no muy distintas de las que afectan a las democracias liberales bipartidistas europeas en trance de adaptación a un nuevo mundo. Sus manifestaciones están a la vista: el conflicto catalán con la consolidación del proyecto independentista desde el choque de 2010 por la crisis del Estatut; la salida del armario de la extrema derecha, que había permanecido oculta bajo el ropaje del PP, conforme al principio de que en los momentos de inseguridad regresan las peores promesas del pasado a caballo de los temores de una ciudadanía desconcertada; la pérdida de prestigio de los dirigentes políticos incapaces de anticipar los acontecimientos y de coser las fracturas de la crisis, que transmiten impotencia ante los poderes globales; la judicialización de la política, cuando los gobernantes se sienten impotentes para resolver los problemas que les conciernen; y la conflictividad social derivada del cuestionamiento diario de derechos adquiridos en el Estado del bienestar, en una economía que fragiliza el trabajo hasta convertir el despido en primer recurso para salvar los resultados.

En este panorama, el aniversario de la Constitución ha sido un ritual defensivo en un momento de impotencia y desconcierto, en que incluso la tarea de formar gobierno se ha convertido en una pesadilla. La reforma de la Constitución ya no es tabú. Solo que es decididamente imposible dadas las normas que rigen para llevarla a cabo. De momento, los partidos tradicionales se parapetan detrás de ella para no asumir lo evidente. Estarían dispuestos a aceptar una reforma lampedusiana: cambiar algo para que todo siga igual (aunque esto ya sea imposible). Y las exigencias de los nuevos, desde el independentismo que aspira a la ruptura organizada hasta Vox que quiere liquidar el Estado autonómico, son utilizadas como coartada para no hacer nada. El discurso es la defensa de la Constitución contra quienes amenazan con derribarla. Pero esconde dos verdades: primera, que si hoy la Constitución es cuestionada es por la incapacidad de los que ahora la defienden a ultranza (PP y PSOE) para hacerla evolucionar durante estos 40 años. Segunda, que difícilmente se encontraría un territorio común ni siquiera entre los partidos tradicionales para una reforma de verdad, con el PP mirando de reojo a la extrema derecha y el PSOE en tierra de nadie. Paradójicamente, hoy es Podemos quien hace bandera de la Constitución apoyándose en su parte más social.

Su reforma ya no es tabú. Solo que es decididamente imposible dadas las normas que rigen para llevarla a cabo

Durante el conflicto catalán, los más entusiastas han hecho de la Constitución un absoluto, convirtiéndola en texto sagrado y marco insuperable, el instrumento que ha servido para frenar al independentismo. Mal asunto si vamos a un conflicto de trascendentalismos. Hay gente que no sabe vivir sin dioses. Y así llegamos a la aporía: la Constitución está agotada pero, ciertamente, no se dan las condiciones para reformarla. Ir a la guerra con la Constitución como bandera es la mejor manera de cargársela.