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Economía abre expediente a Francis Puig por “posibles conductas restrictivas” de la competencia

La investigación se inició al optar a un concurso de A Punt empresas con participación del hermano del presidente de la Generalitat y de Adell Bover

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VAENCIA 26-3-19 À punt , la Radio Televisión Valenciana. FOTO,MÒNICA TORRES EL PAÍS EL PAÍS

La Subsecretaría de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha incoado un expediente sancionador a cuatro mercantiles, entre ellas empresas de comunicación en las que participa Francis Puig --hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig--, al observar "indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia" en el marco de una licitación pública para la contratación de un servicio de recursos audiovisuales.

Así consta en la comunicación de la Subsecretaría, publicada en la web de la Conselleria, tal y como establece el reglamento de Defensa de la Competencia, en la que se informa de que a raíz de la apertura de este expediente se inicia un plazo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución de dicho procedimiento, trámites estos últimos que serán secretos.

En concreto, Economía ha incoado un expediente sancionador contra Kriol Produccions S.L. y Canal Maestrat S.L. --de los hermanos Adell Bover--; Comunicacions dels Ports S.A. --cuyo responsable es Francis Puig-- y Visualiza por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), desarrolladas en el marco de la licitación pública para la contratación del servicio de recursos audiovisuales que presten los servicios de recursos de imágenes con equipos ENG.

Las actuaciones que han dado lugar a este procedimiento administrativo se iniciaron a raíz del análisis de la documentación remitida por Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (A Punt) y de la información obtenida en la fase de información reservada. A la vista de la información disponible, la Subsecretaría observa "indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia, prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC".

Este artículo fija las conductas prohibidas en la normativa, que son acuerdos o prácticas concertadas para impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado mediante la fijación de precios u otras condiciones comerciales; la limitación o control de la producción o el reparto del mercado o la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en las relaciones comerciales.

La incoación de este mencionado expediente "en ningún caso prejuzga la resolución final" ni "comporta toma de posición alguna por parte de la autoridad valenciana de la competencia sobre los hechos denunciados ni sobre la responsabilidad, ni siquiera provisional, de los denunciados", señala el documento.

Igualmente, añade que la investigación de los cárteles constituye "una de las prioridades de actuación de las autoridades españolas de defensa de la competencia, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados".

Cabe recordar que Francis Puig figura como investigado en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de València, declarada compleja, en relación con las ayudas al valenciano recibidas por sus empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions.

La causa, en la que también se investiga al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, fue abierta por un posible delito de malversación en mayo de 2019 y parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a mercantiles que habrían recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 "sin ningún tipo de control".

En relación con las ayudas, la Consejería de Educación ha solicitado a Canal Maestrat y Kriol Producciones que devuelvan subvenciones para el fomento de valenciano --de 2016 y 2017-- por valor de aproximadamente 200.000 euros, como resultado de unos informes para su control, llevados a cabo en las últimas semanas y cuyas conclusiones trasladaron a Fiscalía y a Inspección de Trabajo.

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