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El sector del taxi afronta dividido la subida de tarifas y el auge de Cabify

El precio del taxi sube un 1,1% y se elimina el suplemento a las maletas

Josep Catà
Un taxista carga maletas en la Estación de Sants de Barcelona.
Un taxista carga maletas en la Estación de Sants de Barcelona.

El sector del taxi, hace un año protagonista de intensas manifestaciones en Barcelona, acusa ahora una cierta falta de liderazgo y división entre los sindicatos. Lejos de las protestas, se encuentra a la expectativa por la judicialización de las normas que regulan su actividad, y por la ampliación de la flota de Cabify. Uno de los últimos encontronazos en el sector ha venido por las tarifas de 2020 aprobadas este martes por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que elimina el suplemento de maletas y sube las tarifas un 1,1%. La medida ha sido muy criticada por algunos sindicatos, mientras otros defienden que aporta competitividad al sector.

Las tarifas aprobadas por el AMB estarán vigentes a partir de enero de 2020, después de que la Comisión de Precios de la Generalitat dé el visto bueno. El incremento ponderado será del 1,1%, y las tarifas se simplifican en dos: la diurna y la de noche y fin de semana, además de las tarifas a precio cerrado para ir al aeropuerto o las que se pactan mediante aplicaciones de móvil para pedir el taxi. También se elimina el suplemento de maletas, una medida que busca equipararse con otras ciudades europeas.

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Cuando, hace un mes, la AMB hizo la propuesta que ayer aprobó, este cambio de tarifas enfrentó a los sindicatos del taxi. Los sindicatos aseguraron entonces que el incremento de tarifas era insuficiente, y que no lograba compensar la eliminación del suplemento de maletas. “Nos están conduciendo a la ruina del sector”, afirmaron entonces. Sin embargo, en las últimas semanas las grandes asociaciones han cambiado el discurso y, pese a no estar de acuerdo con las tarifas, no han opuesto resistencia a que se aprueben, conscientes de que salir a protestar por el suplemento de las maletas no sería bien visto por la opinión pública. “Se podría profundizar un poco más en el aumento de tarifas, pero estamos relativamente de acuerdo porque también pedimos tarifas claras y sin suplementos”, explica Luis Berbel, presidente de STAC.

El sindicato más activo en los últimos años y el que ha animado más a los taxistas a la protesta, Élite Taxi, también se ha inhibido en este caso. “No estamos de acuerdo con las tarifas, pero si alguien quiere salir a protestar, que lo haga individualmente”, dice Jordi Ramírez, portavoz de Elite. El motivo de fondo es que esta entidad está inmersa en la búsqueda de nuevos liderazgos desde la renuncia de su portavoz más mediático, Alberto Tito Álvarez. El líder sindical ha emprendido un proyecto de lobby europeo del sector y en los últimos meses ha estado en el centro de múltiples polémicas: desde ser el fundador de una patrulla de seguridad ciudadana, hasta estar acusado en los juzgados por estafa y otros presuntos delitos. El sindicato está ahora en manos de una gestora y ha convocado un proceso electoral que empezará en enero.

La inhibición de los sindicatos también se explica por los varapalos judiciales que ha recibido la normativa aprobada para contentar al sector. En enero, cuando las protestas bloquearon la ciudad durante una semana, la Generalitat aprobó un decreto que, entre otras cosas, obliga a que los servicios de plataformas como Uber y Cabify se tengan que contratar con 15 minutos de antelación. La AMB amplió este plazo a una hora con un reglamento propio. Esta regulación fue suspendida en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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Tras aprobarse estas normas, Uber anunció que abandonaba la ciudad, y Cabify también se fue, pero pocos meses más tarde volvió con una fórmula de suscripción en la que solo hay que esperar 15 minutos la primera vez que se contrata el servicio. “Creemos que las plataformas en realidad hacen lo que les da la gana, y las administraciones tienen que hacer cumplir sus normas”, asegura Berbel.

Coincidiendo con esta situación de compás de espera que vive el taxi, Cabify ha emprendido una estrategia de expansión. En las últimas semanas se han visto cómo vehículos que trabajan para Cabify se pasean por la ciudad con un gran anuncio en los flancos —“Hola Rocío, la ciudad es tuya”— mientras los taxis que pasan a su lado ni se inmutan ni les pitan. Hace un año, cuando las protestas más agresivas estaban a punto de llegar a su punto álgido, la convivencia entre conductores de ambos sectores era muy complicada. Además de una gran campaña publicitaria, Cabify ha ampliado su flota con 800 coches.

El gobierno de la Generalitat anunció que, antes de terminar el año, presentaría un borrador de la ley que pretende acabar con el conflicto y definir bien qué son y pueden hacer los taxis y los coches que operan con licencia de vehículo con conductor (VTC). Esta Ley de Transporte de Viajeros en Vehículos de hasta Nueve Plazas se encuentra en la fase de redacción de borrador después de haber completado la consulta pública. La prioridad del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, es hacer una norma “integral e integradora” del sector. Esta calificación preocupa a los taxistas: “Lo que hay que hacer es diferenciar bien las dos actividades, estamos a la expectativa y ya veremos si hay que volver a las protestas”, señala Berbel. Lo que está por ver es si el sector es capaz de recuperar la movilización con la que libraron el pulso con las administraciones.

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Sobre la firma

Josep Catà
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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