Críticas a JxCat por avalar el uso de la fuerza en los desalojos
El Sindicato de Inquilinos considera que este partido "perpetúa la vulneración de derechos" al votar en contra de evitar el uso de la fuerza en los desalojos de desahucios
Las entidades en defensa del derecho de la vivienda han criticado este miércoles a Junts per Catalunya, PSC y PP por votar el martes en el Parlament en contra de una resolución que pedía evitar el uso de la fuerza policial en los desalojos, incluidos los de manifestaciones en protesta contra los desahucios. Entidades como el Sindicato de Inquilinos y las asociaciones de barrio han lamentado que, con esta votación, estos partidos “perpetúen la vulneración de derechos humanos” que, a su juicio, se producen cada semana en el desalojo de las familias que son desahuciadas.
La moción que se votó en el Parlament, a propuesta de Catalunya en Comú Podem, pedía entre otras cosas la revisión de los protocolos de actuación de los Mossos d’Esquadra en los episodios de desalojo. Entre las actuaciones que el texto pedía revisar, figuraban “evitar el uso de la fuerza en desalojos donde haya presencia de menores u otras personas vulnerables” y “evitar cargas policiales a manifestaciones pacíficas que se puedan producir con la finalidad de parar un desalojo”. El primer punto fue rechazado con el voto en contra de JxCat y PSC, y el segundo lo tumbaron estos dos partidos junto con el PP.
Las entidades de defensa de la vivienda entienden que con esta votación el Parlament avala el uso de la fuerza en cualquier desalojo con menores, personas vulnerables y en actitud pacífica, incluidas las manifestaciones contra desahucios. Precisamente, una de las críticas que hacían los partidos independentistas a la sentencia del procés es que esta abría la puerta a considerar un delito de sedición cualquier concentración que impidiese la ejecución de una resolución judicial, incluidas las protestas contra los desahucios.
El uso de la fuerza por parte de la policía en los desahucios ha tenido en los últimos meses dos episodios destacados. El primero fue en un desahucio en el barrio de Sants a mediados de septiembre, en el que los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra cargaron contra los manifestantes que pretendían impedir el desalojo de las familias. Esa actuación policial motivó las críticas por parte de algunos partidos políticos, y hasta diputados de Esquerra Republicana criticaron al consejero de Interior, Miquel Buch, aunque luego el partido votó en contra de que el conseller compareciese en el Parlament.
Una situación parecida se dio después de una actuación policial contra protestas antidesahucios en el Raval, el Poble Sec y el Gòtic. Las cargas policiales en el Raval motivaron una vez más las críticas contra el consejero de Interior. Sin embargo, en la moción votada el martes en el Parlament, tanto Junts per Catalunya como ERC y el PSC votaron en contra de reprobar la gestión de Buch.
"Tanto desde el Estado como desde la Generalitat se está permitiendo que nada pare los desahucios, aunque en muchos casos las familias no tengan alternativa habitacional", explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos. Palomera recuerda que en Cataluña hay 44 desahucios cada día, y considera que, pese a tener una legislación que en principio obliga a encontrar alternativa habitacional a las familias, "las administraciones públicas siguen sosteniendo unas reglas del juego que permiten desahucios sin límite". En este sentido, el sindicato pidió a los grupos políticos que, al menos, se regulase el uso de la fuerza en los desalojos para dar garantías a los colectivos vulnerables y a las personas que protestan. "Sorprende que partidos como el PSC o JxCat, que hablan de derechos y libertades, luego avalen este tipo de actuaciones, que en los últimos tiempos han sido especialmente violentas", afirma Palomera.
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