La mitad de los teléfonos públicos de Barcelona están en desuso

Barcelona cuenta con unos 550 terminales de teléfonos públicos, pero la mitad de ellos no registran ni una sola llamada al año. Así lo constata Telefónica, la empresa que mantiene la concesión de los terminales por designación directa del Gobierno. No hay ninguna otra empresa interesada en conseguir la licitación. El coste de los teléfonos callejeros asciende a 1,2 millones de euros, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“El vandalismo y la popularización de la telefonía móvil ha hecho que las cabinas sean altamente deficitarias y un negocio ruinoso para quien las explota”, explican desde Telefónica. La compañía califica el modelo de cálculo como “ruinoso”, y critica que la CNMV lleve un retraso de tres años en sus cálculos.

Según datos del Eurobarómetro de 2014, el 88% de los españoles nunca utiliza este servicio de telefonía. Los terminales que más se usan en Barcelona se encuentran en los puntos más turísticos de la ciudad, como la plaza de Catalunya. Pero desde Telefónica advierten de que esto no implica necesariamente una mayor rentabilidad. “El mantenimiento de los teléfonos de plaza de Catalunya cuesta el doble, ya que son víctimas de más desperfectos y actos vandálicos”, explican. E insisten en que las estadísticas de uso pueden verse alteradas “por unas simples llamadas de más o de menos”. La empresa está obligada a mantener el funcionamiento de todas ellas, incluso aunque estén fuera de servicio por un mal uso por parte de la ciudadanía.

La legislación permite la retirada de los teléfonos públicos cuando finalice el plazo de un año contemplado en el decreto que se desplegó para garantizar la continuidad del servicio. Ese plazo terminará el próximo mes de diciembre, aunque es previsible que el futuro Ejecutivo prolongue la concesión del servicio a Telefónica, tal y como ocurrió durante las Navidades de 2018. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde al servicio un año más, aunque la decisión contradecía los criterios de la CNMV. El organismo defendió en junio del año pasado “revisar la conveniencia de mantener el carácter obligatorio de la prestación de este servicio como una de las obligaciones del servicio universal”. El órgano supervisor advertía, no obstante, de que no es posible identificar aquellas poblaciones donde el libre mercado asegure por sí solo la prestación del servicio.

En España, el servicio universal garantiza que debe existir al menos un terminal si una localidad cuenta con 1000 habitantes o más, y se suma un teléfono público por cada 3.000 ciudadanos más que vivan en ese lugar. Países como Francia, Dinamarca o Estonia dejaron de garantizar el servicio universal hace tiempo y las empresas lo mantienen en aquellos lugares donde les es rentable hacerlo.

“La demanda de este servicio se ha reducido drásticamente al ser sustituido por la telefonía móvil en todos los segmentos de la sociedad”, explican desde Telefónica. “La escasa demanda por parte de los usuarios ha encarecido los costes de prestación del servicio”, agregan. Los teléfonos públicos no han sido capaces de adaptarse a la nueva realidad telecomunicativa, pese a instaurar servicios en los terminales como el envío de SMS o correos electrónicos.