El defensor favorito del soberanismo

El principal tropiezo de Rafael Ribó como defensor del pueblo catalán ha llegado al final de su mandato. El Síndic de Greuges aceptó presuntamente en 2015 que Jordi Soler, empresario investigado por financiación irregular de la extinta CDC —el caso 3%— le costeara a él y a su hija un viaje en avión privado para asistir a la final de la Liga de Campeones en Berlín. Ribó, que niega cualquier irregularidad, comparece hoy en el Parlament para dar explicaciones. Sobre todo deberá hacer frente a los partidos constitucionalistas, que le acusan de alinearse con el independentismo.

Ribó, veterano político exlíder del PSUC y de los ecosocialistas de ICV, es el Defensor del pueblo catalán desde 2004. Lleva desde el pasado marzo en funciones, cuando finalizó su mandato, y lo estará hasta que el parlamento catalán no consensúe un sucesor. El candidato para relevar a Ribó necesitará el apoyo de tres quintas partes de la cámara, algo especialmente complejo en un momento de profundas divisiones entre partidos.

Ciudadanos, principal fuerza de la oposición, exige la dimisión de Ribó porque considera que en el conflicto nacional ha actuado como un actor más del independentismo. Por el contrario, una mayoría formada por JxCat, ERC, Comunes y CUP lo elogian. “Queremos agradecer, queremos reconocer y queremos felicitar su trabajo y el de su equipo al frente de la institución. Ha contribuido, y seguramente contribuirá hasta el relevo, a consolidar, a dignificar y a prestigiar la institución”, dijo en marzo a Ribó el diputado de la CUP Carles Riera.

Turquía y España

Las reuniones de la comisión parlamentaria del Síndic han estado protagonizadas por los encontronazos con Ciudadanos. En un comunicado del 28 de agosto en el que pedía comparecer ante la comisión para dar explicaciones sobre el viaje a Berlín, Ribó añadía un punto —sin aparente vinculación con el motivo de la nota— en el que advertía de un retroceso democrático en España al nivel de Turquía: “El Síndic considera oportuno subrayar que defenderá siempre que todos los parlamentarios y todas las personas de Cataluña puedan hacer uso de la máxima libertad de expresión; lamentablemente, no todos los parlamentarios de Cataluña están disfrutando de esta libertad de expresión, tal como pone de manifiesto una moción de resolución del Consejo de Europa relativa al número creciente de políticos nacionales, regionales y locales procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato, en particular en España y Turquía.” La moción fue presentada en enero por 24 miembros del Consejo de Europa —de 324— y está pendiente de ser aceptada a trámite para debatirse en su Asamblea.

El PSC ha criticado a Ribó sobre todo cuando pidió su intervención en la aprobación de las leyes de ruptura del 6 y 7 de septiembre de 2017. El Síndic presentó en noviembre de 2017 un informe sobre sus actuaciones entorno a la consulta ilegal del 1-O. Este documento se extendía en críticas contra los operativos policiales y judiciales. Sobre los hechos del 6 y 7 de septiembre, el Síndic destacó que en sus informes “había planteado algunas consideraciones”.

Joan Coscubiela, el que fuera líder parlamentario de los Comunes en 2017, actualmente director de la escuela de Comisiones Obreras, valora positivamente la actuación de oficio de Ribó en cuestiones sociales, pero también en la denuncia de la posible vulneración de derechos fundamentales entre las filas independentistas. “En cambio, lo he visto escasamente activo cuando se han producido importantes vulneraciones de derechos como consecuencia de acciones del Govern o del Parlament”, añade Coscubiela: “En unos casos interpreta de forma extensiva sus competencias y en otros, de forma restrictiva”.

Ribó inició su actividad más intensa relacionada con el procés en abril de 2017, cuando elaboró un informe titulado “Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España”. Aquel estudio también analizaba casos de otras comunidades autónomas más allá de Cataluña. 

Ribó trasladó el informe a organismos europeos de defensa de los derechos humanos y a Naciones Unidas. El Síndic se ha reunido desde entonces en repetidas ocasiones con estos representantes internacionales, también para denunciar que la intervención de la Generalitat a partir del artículo 155 fue inconstitucional. En marzo de 2018 solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que abriera una investigación “sobre la vulneración de derechos en España, especialmente en Cataluña”. Ribó propuso que la ONU “intensifique las visitas de relatores especiales y que se establezca el mecanismo de un mandato especial en el país”. "Tarde o temprano, si continúa la actual deriva, Europa intervendrá", pronosticó Ribó en septiembre de 2017, en una entrevista del diario Público.

En peligro la neutralidad

Joan Botella, catedrático de Ciencia Política y antiguo colaborador de Ribó, considera que el contenido del informe de 2017 sobre España “fue erróneo y equivocado”. Botella coincide con Coscubiela en que el Síndic ha sido más activo en unos casos que en otros: “Posiblemente Ribó ha interpretado en algún momento sus funciones de forma extensiva”. Botella afirma que al Síndic le puede haber afectado, como a otros estamentos, un conflicto que se dirime “entre blancos y negros”: “Esta disputa pone en peligro a las instituciones que tienen como rasgos esenciales la neutralidad y la defensa del interés general”.

Ribó asegura que sus actuaciones “han sido en defensa de los derechos y libertades, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía”. El Síndic también niega que nunca se haya “pronunciado, ni emitido comunicado ni resolución” sobre el conflicto independentista.

Frente a los ataques, el defensor del pueblo catalán recibe numerosas valoraciones favorables. Es el caso de Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, que considera que el Síndic ha actuado como la ley se lo exige ante un “alud de supuestas vulneraciones masivas de derechos constitucionales”. Barceló menciona desde los registros e incautación de propaganda del 1-O a la actual prisión provisional de los líderes independentistas. Barceló también apunta que entra en las funciones y en el deber de Ribó que eleve a organismos internacionales las posibles vulneraciones de derechos en España. Joan Saura, que fue el consejero del tripartito que lideró la redacción de la nueva ley del Síndic en 2009 y la reelección de Ribó en el cargo, prefiere no valorar para EL PAÍS la acción del Síndic durante el procés, alegando la relación personal que mantienen.

Ciudadanos, PSC y PP sobre todo han coincidido en criticar que Ribó ha tomado partido por el independentismo dando por buenas decisiones unilaterales declaradas ilegales. “Duele ver al Síndic de greuges defendiendo la ruptura de la legalidad”, dijo la diputada socialista Assumpta Escarp en una comparecencia de Ribó en 2018 en el pleno del parlamento: “El Síndic entiende que resulta inadecuado el uso de la vía penal —y es verdad que es el último recurso— para el control de la legalidad respecto a la celebración de un referéndum; un referéndum que si fuera pactado, si no fuera ilegal, si no estuviera hecho sobre la base de una ley suspendida, entraría en la definición que el Síndic hace, pero no fue eso lo que se convocó”.