Los letrados de la Asamblea avalan que los partidos pueden fiscalizar a Avalmadrid
Los servicios jurídicos apuntalan la petición de la comisión de investigación al considerar que el carácter semipúblico del ente no es limitador
El carácter semipúblico de Avalmadrid no limita el derecho de los diputados de la Asamblea a fiscalizar la gestión de una entidad que ha recibido más de 15 millones de euros de dinero público en la última década, y cuyo presidente y varios consejeros son nombrados por la Comunidad de Madrid. Así lo refleja un informe de los letrados de la Cámara, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que contesta a una petición de información de la Mesa ante la avalancha de solicitudes de información originadas por la investigación abierta al ente por el Banco de España y por la polémica que rodea a la concesión de un aval en 2011 a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso. Justo cuando la Asamblea se prepara para votar este lunes si abre una comisión de investigación, los letrados apuntalan su viabilidad.
Gabilondo pregunta a Díaz Ayuso sobre la desvinculación de la Comunidad y Avalmadrid
Ángel Gabilondo, líder del PSOE en la Asamblea y ganador de las elecciones autonómicas de mayo, preguntará en el pleno de la Cámara a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por las razones por las que la Comunidad ha decidido iniciar el proceso de desvincularse de Avalmadrid.
"¿A qué obedece la instrucción del Gobierno de la Comunidad de iniciar una serie de expedientes para desvincularse de la sociedad Avalmadrid?", preguntará el líder socialista según la documentación que ha registrado este viernes el PSOE.
Ignacio Aguado, líder de Cs y vicepresidente regional, anunció el jueves que la Comunidad había puesto en marcha su salida de la entidad semipública.
"La instrucción ya está dada para poner en marcha todos los trámites administrativos necesarios", dijo Aguado durante una entrevista en la cadena Ser. "Hace falta iniciar una serie de expedientes para desvincularnos de esa sociedad", siguió. "A partir de ahí habrá que ver cuáles son los plazos, pero Avalmadrid es una marca agotada, una marca manchada por la presunta corrupción, y si queremos llegar a las pymes, a los autónomos, hay que hacerlo con otra marca, de otra manera, con otro tipo de políticas públicas, porque Avalmadrid, desde mi punto de vista, no ha funcionado".
“Los elementos subjetivos y patrimoniales que vinculan a Avalmadrid con la Comunidad de Madrid serían suficientes para excluir un rechazo por razones de índole material a la hora de pronunciarse sobre admisiones a trámite de información y de preguntas parlamentarias”, concluye el informe.
Como adelantó este diario, el PP valora pedir un informe a los servicios jurídicos de la Asamblea para intentar frenar la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Aunque el grupo parlamentario aún no ha tomado una decisión, tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y el de Educación, Enrique Ossorio, han argumentado en los últimos días que el organismo no cumpliría con el requisito reglamentario de afectar a "un asunto de interés público dentro de las competencias de la Comunidad".
Sin embargo, el dictamen conocido este viernes ya insinúa que las subvenciones públicas concedidas y los nombramientos decididos por la Comunidad son razón suficiente para que Avalmadrid pueda ser investigado en la Asamblea. Al tiempo, abre la puerta a obligar al Gobierno a responder a las preguntas sobre el ente que plantea la oposición. Los sucesivos Ejecutivos del PP se han negado siempre a responder con el argumento de que al hacerlo incumplirían "con el deber de lealtad regulado en la ley de sociedades, y con el deber de confidencialidad regulado en el propio reglamento de Avalmadrid".
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