Vigo exige “soluciones rápidas y definitivas” a la Xunta ante el desahucio de una familia

El Ayuntamiento de Vigo ha exigido al Gobierno autonómico "soluciones rápidas y definitivas" en materia de vivienda tras el desahucio de una familia que tuvo que abandonar su casa por orden judicial, ya que es una "competencia exclusiva" de la Xunta, explica el consistorio en un comunicado. Este matrimonio cobra una Risga de 478 euros y asegura que nunca faltó en su compromiso de pagar el alquiler, una renta baja, en la casa en la que moraba desde hace décadas. Sin embargo, los titulares de la vivienda quisieron anular el contrato y recuperar el inmueble, y el asunto acabó en el juzgado.

La pareja no logró encontrar ninguna vivienda con un alquiler al que hacer frente con su Risga, y al principio acabó refugiándose para dormir en la Acampada contra la Pobreza que lidera Juan Carollo en la Praza do Rei. Allí acuden entre cinco y 10 personas sin techo cada noche, pero este mes de julio la acampada batió su propio récord con 20 ciudadanos que buscaron cobijo en las siete tiendas de campaña que hay instaladas. Emplazado frente al Ayuntamiento de Vigo desde hace dos años y medio, este campamento reivindicativo mantiene un tenaz pulso con el gobierno local y protesta por las condiciones que rigen el albergue municipal, donde la estancia de las personas sin hogar es obligatoriamente intermitente y a los 10 días hay que abandonar el lugar.

El consistorio ha comunicado este sábado en una nota de prensa que la pareja desahuciada no puede "acogerse al programa" autonómico Reconduce porque este excluye los casos como los de esta familia, que tuvieron que dejar su domicilio "por la rescisión del contrato de alquiler después de un proceso judicial". Según el gobierno local, el hombre y la mujer desahuciados están siendo atendidos actualmente por los "servicios sociales del Ayuntamiento", que además de "tramitar ayudas de emergencia y pagar un hotel" por dos semanas, se ha comprometido a sufragar el coste de una nueva vivienda de alquiler por tres meses, como una "solución transitoria".