Enésimo “punto de inicio” en las negociaciones PP-Cs-Vox

El día en que se cumplieron dos meses desde las elecciones autonómicas del 26 de mayo se produjo otro encuentro en la Asamblea de Madrid (ya se ha perdido la cuenta) que acabó en nada. El PP intentó darle un nuevo impulso a las negociaciones de investidura con una propuesta de mínimos que rebaja las pretensiones de Vox y una convocatoria de reunión a tres este viernes para rematar el texto. Rocío Monasterio acudió a la cita con Isabel Díaz Ayuso pero Ignacio Aguado no. Cs no se pronunciará hasta que haya un documento de Vox cerrado.

Al término de otra semana sin desbloqueo de las negociaciones y consciente ya de que la investidura no se producirá en julio, la candidata del PP quiso presionar a Cs con una oferta que pensó que no podía rechazar. El Partido Popular hizo pública este jueves por la tarde una propuesta de documento con la que esperaba construir otra versión de consenso con sus dos socios. Vox se mostró dispuesto a hablarlo pero Cs no quiso saber nada hasta que el texto del PP, que en principio podría encajarle porque se parece al de Murcia y rebaja las exigencias de Vox, no sea definitivo.

Ayuso y Monasterio coincidieron en que su encuentro fue “muy cordial” y quitaron importancia a la ausencia de Aguado. “Es lo de menos”, aseguró la candidata del PP. “Aguado está haciendo todo lo que está en su mano”, afirmó Ayuso. Los partidos están hablando, también entre dirigentes nacionales, añadió.

“No siempre pueden acudir las tres partes”, quiso relativizarlo la dirigente de Vox, que consideró que “lo importante es avanzar”. Monasterio está convencida de que habrá más posibilidades de verse los tres, pero asegura que ella no es “inflexible” y que no exige como condición citas a tres ni más fotos.

La reunión fue en realidad un enésimo “punto de inicio” —así calificó Ayuso su texto— en unas conversaciones a las que no se le ve el fin. No se desbloqueó el acuerdo ni se fijó fecha para un nuevo encuentro. Pero Ayuso insistió en que las tres partes tienen “buena voluntad”.

El objetivo era avanzar en una versión de la propuesta de Vox, rebajada por el PP y similar a la murciana, que satisfaga a todos. “Es un documento como el de Murcia, pero Vox quiere hacer sus propias aportaciones. Así que podemos empezar de cero uniendo las propuestas de Madrid o desarrollando el de Murcia”, explicó Ayuso.

Monasterio aseguró que el texto “se puede rematar con mucha facilidad”. “Cada partido tiene sus matices”, dijo la dirigente del partido de extrema derecha. En su caso, les gustaría “detallar un poco más” algunos puntos y “recuperar algún concepto, en tema de gasto público”. “Esto es una cuestión de seguir sentándose”, añadió.

Versión definitiva de Vox

“Ahora mismo entrar en una carrera de reuniones no tiene sentido”, opinó Aguado. Hasta que Vox no presente una propuesta cerrada, Cs no va a intervenir. “No hay todavía una propuesta definitiva de Vox que sea compatible con el acuerdo de gobierno firmado con el PP y que pueda desencallar la investidura”, señaló Aguado. “Por sentido común, vamos a esperar a ver ese documento definitivo y a partir de ahí podremos analizarlo”, agregó.

Ayuso advirtió de que “la semana que viene ha de ser la semana del desbloqueo”, con una investidura. “Si no, es muy probable que nos vayamos a septiembre y eso es poner a la Comunidad de Madrid en elecciones”, subrayó.

El reloj hacia la repetición electoral se puso en marcha el pasado 10 de julio. En dos meses los partidos han sido incapaces de llegar a un acuerdo mientras el calendario avanza hacia nuevos comicios si no desbloquean la situación antes del 10 de septiembre. En Murcia, que PP, Cs y Vox consideran un ejemplo a seguir, el candidato popular Fernando López Miras ha sido investido este viernes presidente del Gobierno regional.

Las negociaciones en Madrid han girado esta semana en torno al intercambio de documentos con las condiciones de Vox. El PP ha redactado una alternativa en la que elimina toda referencia a las leyes contra la LGTBIfobia y a los menores inmigrantes, aunque insiste en otorgar “acceso directo” policial a información sobre migrantes en situación irregular. En educación, garantiza inspecciones para “prevenir el adoctrinamiento en las aulas”.