La Fiscalía pide una reforma legal para combatir los hurtos en Barcelona

La fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, ha tratado de buscar una solución al aumento de los robos y hurtos en la capital. En el año largo que lleva en el cargo, se ha reunido con mandos de Mossos y Guardia Urbana. Juntos han explorado opciones (aplicar un delito continuado, dictar órdenes de alejamiento, atribuir grupo criminal) que tienen un encaje penal complicado y no acaban de funcionar. Parte de la solución, subraya ahora, pasa por una reforma del Código Penal que permita volver a perseguir con más contundencia a los ladrones reincidentes.

Talón critica que, tras la junta de seguridad del pasado viernes, tanto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como el consejero de Interior, Miquel Buch, trasladaran a jueces y fiscales la responsabilidad de combatir el incremento de robos en Barcelona. La fiscal jefe insiste en que el problema no es una negligente aplicación de la ley, sino la ley misma. “Con la legislación que hay, no se puede hacer nada”, lamenta Talón, que pide a los políticos una reforma “puntual” del Código Penal que sería de gran ayuda.

En junio de 2017, el Tribunal Supremo cambió las reglas del juego. Para mal. Hasta entonces, policías, fiscales y jueces utilizaban la reincidencia para hacer frente a los ladrones que acumularan tres o más sentencias firmes por hurto (un delito leve). En esos casos, se les podía perseguir por un delito menos grave, lo que supone penas de prisión y no solo de multas. Esa circunstancia estaba prevista en el Código Penal y, según fuentes policiales, tuvo un efecto disuasorio en las bandas organizadas de multirreincidentes. Pero el Supremo interpretó que no podía aplicarse la medida por una cuestión técnico-jurídica. En opinión de Talón, bastaría con añadir una sola frase (para dejar claro que también deben incluirse los delitos leves, como el hurto) para sortear las objeciones del alto tribunal y volver a activar el mecanismo de lucha contra los reincidentes.

La fiscal jefe dice que los responsables políticos son conscientes de esa carencia. Tanto Colau como Buch defendieron una reforma legislativa en la rueda de prensa conjunta tras la junta y anunciaron otras medidas, como la reapertura de una comisaría en la plaza de Cataluña.

El viernes, Talón no acudió a la junta de seguridad. Declinó la invitación por la presencia de un lazo amarillo -símbolo de apoyo a los políticos independentistas encarcelados- en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. “Si se nos dice que hay presos políticos, entonces es que estamos prevaricando. No es nada personal pero, institucionalmente, yo no puedo acudir a esa reunión”, dice la fiscal jefa, que remarca que el Ayuntamiento “no ofreció otro lugar distinto” para celebrar la reunión.

Pero esa ausencia no significa, remarca, que la fiscalía olvide la inseguridad. Talón defiende con vehemencia el trabajo de los fiscales, que en ocasiones se enfrentan a expedientes de "40 páginas de antecedentes penales". “Y no podemos hacer nada”, lamenta. Asegura que ha mantenido personalmente una quincena de reuniones sobre orden público, hurtos y robos con responsables policiales e incluso, en una ocasión, con la alcaldesa Colau.

Uno de los asuntos abordados en esos encuentros ha sido el de los menores migrantes que cometen delitos. La fiscal asegura que los Mossos d'Esquadra están trabajando para desarticular los grupos organizados que actúan como "captadores" de los menores y les envían a cometer delitos a cambio de una remuneración. Los Mossos tienen un plan específico sobre el tema, llamado Poliédrico, y mantienen un grupo de paisano dedicado a esa tarea. Talón insiste en que se trata de una labor compleja y que las investigaciones están en una fase muy incipiente.