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La PAH ocupa el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona en protesta por el realojo en pensiones

La alcaldesa Ada Colau apoya las quejas de los activistas y pide a la Generalitat que aporte máspisos

PAH ayuntamiento barcelona
Activistas de la PAH ocupan el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona.

En Barcelona hay 600 personas que han sido desahuciadas y están realojadas en pensiones, albergues y residencias mientras esperan un piso de emergencia, una espera que alcanza dos años. Lo lleva advirtiendo la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde hace meses. Han protestado en la Generalitat, en Servicios Sociales... y este jueves han dicho basta. “La PAH ha dicho basta”, ha manifestado el portavoz de la entidad, Santi Mas de Xaxàs. Unas 50 personas han irrumpido por la mañana en el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona y exigen una reunión con las tres administraciones: Ayuntamiento, Generalitat y delegada del Gobierno. No se han marchado hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando han tenido confirmación de una reunión con las tres administraciones, el próximo lunes por la mañana.

“Queremos que las familias que están en pensiones estén realojados en pisos en agosto, si tienen que trabajar que trabajen, que busquen soluciones imaginativas, que alquilen en el mercado libre, lo que sea... todo mientras el Gobierno acaba de gastarse 2.100 millones de euros en carros de combate”, ha advertido Mas de Xaxàs, que asegura que no se moverán y explica que tienen un amplio programa de actividades previstas.

La concejal de Vivienda, Lucía Martín, que en la legislatura anterior fue diputada en el Congreso y es fundadora de la PAH, bajó a mediodía a interesarse por la protesta, y ha asegurado que el consistorio ha agendado una reunión el próximo lunes con las otras dos administraciones. Pero los concentrados no se marcharon hasta tener las confirmaciones oficiales. La alcaldesa Ada Colau, por su parte, ha reconocido que las familias tienen “toda la razón” y ha asegurado que el Ayuntamiento, que solo participa en un 40% en el consorcio de la vivienda (el 60% restante lo aporta la Generalitat) ha aportado el 80% de los pisos para emergencias. "Nosotros somos los primeros que estamos indignados y preocupados, no es lógico que las familias estén en albergues, si la Generalitat hiciera su parte no tendríamos estas listas de espera", ha defendido la alcaldesa.

El testimonio de las familias que protestan ilustra la dificultad de vivir con normalidad en pensiones, hostales, residencias o albergues, sobre todo si se tienen niños pequeños. Y más ahora que no hay colegio. Aunque a la mayoría la administración les costea la comida o media pensión, explican que no tienen cocina, ni espacios comunes donde pasar el rato más allá de habitaciones con varias camas juntas o literas.

Pampa, de 40 años, ha explicado que desde que fue desahuciada hace un mes y medio y desde entonces ha sido alojada en tres sitios distintos. Con su pareja y sus tres hijos (2, 6 y 15 años, el último es discapacitado y necesita moverse en silla de ruedas) ha sido realojada desde hace unas semanas en una residencia estudiantes donde también hay madres monoparentales y mujeres que víctimas de la violencia de género.

“Estamos en 20 metros cuadrados, hemos juntado las camas para que entre la silla y tenemos una pequeña cocina. Pero nos han dicho que el 28 de agosto nos tenemos que ir porque regresan los estudiantes”, asegura. Antes estuvo en un albergue del que la trasladaron porque llegaban turistas. Sin colegio, su día a día es “estar por la calle, en la playa, o protestando como hoy”, asegura Pampa.

Otro ejemplo es de Karin, madre de dos chicos adolescentes, que desde el 13 de mayo, cuando tuvo que marcharse del piso que compartía, ha estado en dos hostales y tres residencias en cuatro barrios distintos. El hecho de no haber sufrido un desahucio no le da derecho a piso de la mesa de emergencia, cuenta Karin, y su actual sueldo, de 350 euros, porque solo trabaja 15 horas (le gustaría que fueran más), no le llega ni de lejos a un alquiler de mercado.

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