Dos cuidadores para 70 ancianos en un geriátrico privado de Madrid

Dos auxiliares para 70 residentes, cuando la ratio en centros geriátricos es como mínimo de un trabajador para cada cuatro ancianos, según la norma autonómica. Y la nevera para guardar medicinas estropeada, la consulta médica precintada, comida en dudoso estado de conservación... Tras una inspección de la Fiscalía que apunta a unas condiciones “deplorables”, la Comunidad de Madrid ordenó ayer el cierre temporal de la residencia de mayores Arzobispo Morcillo de Soto del Real. [Fotogalería]

Los residentes en el geriátrico —70, según la Guardia Civil— y sus familiares fueron informados ayer de que tenían que abandonar las instalaciones en 48 horas. “Nos han dicho que nos busquemos la vida”, afirmó un familiar de un grupo cuyos caminos y maletas se cruzaron ayer a la puerta del centro en Soto del Real, municipio de 8.700 habitantes. También criticaron que la única ayuda que han recibido por parte de la Comunidad es un correo electrónico al que ha tenido acceso EL PAÍS, que contiene un listado de las residencia autorizadas por la Comunidad (119 páginas), el mismo listado referido únicamente a las de la zona norte de la región, y el teléfono de una trabajadora social de la Mancomunidad de las Cañadas. En el caso de que sus familiares no puedan asumir sus cuidados, se les habilitará plazas de emergencia, según fuentes de la Consejería de Bienestar.

“Nunca nos han dado soluciones”, señaló la hija de dos residentes, que pidió no ser identificada y que eligió este centro para que sus padres pudieran estar en el mismo geriátrico —su madre sufre Alzheimer—. Como estos dos residentes, otra treintena ya había abandonado el centro ayer. La hija aseguraba este miércoles que no tenía esperanzas en encontrar plaza para ambos en un mismo geriátrico. Su hermana y ella tendrán que hacer turnos para cuidar las 24 horas de ambos.

Según el informe de la Fiscalía, las habitaciones tenían “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”. El Ayuntamiento de Soto del Real, gobernado por el socialista Juan Lobato Gandarias, no había recibido ninguna denuncia sobre el centro, inaugurado en 2000 y que desde 2010 no deposita cuentas en el Registro Mercantil. Al cierre de un año se suma una multa de 127.005 euros.

Los propietarios de la residencia, según la Fiscalía, podrían haber incurrido en un delito contra la salud pública así como contra la integridad de las personas. El centro está en manos de dos hermanos, Carlos Peñas Briones y Juan Braulio Peñas Briones. Ambos se encontraban ayer en las instalaciones y rechazaron realizar declaraciones.

Sara Fernández, nieta de 30 años de una anciana residente, se encontró un “caos” al llegar, poco antes del mediodía. Decenas de ancianos esperaban en la puerta a que llegaran sus familiares, solo atendidos por un par de cuidadoras, dijo Fernández. Según su testimonio, Juan Braulio andaba de un lado a otro preocupado, no por los ancianos, sino por su futuro. Cuando Fernández le preguntó si su abuela se iba a quedar en la calle, Peñas no mostró empatía. “No lo sé. Lo que sé es que puedo ir a la cárcel”, le dijo, según Fernández. La nieta de la residente se había enterado de la noticia media hora antes, pero no porque la llamara el director o la Comunidad. Le avisó Essip, una empresa que le sugirió varias residencias alternativas para su abuela. “Ni nos avisó la Comunidad ni nos asistió ningún trabajador de la consejería como ellos aseguran”, protesta esta familiar.

Algunos residentes recibieron la sorpresa mientras desayunaban en el centro por cuya estancia pagan alrededor de 1.300 euros. Otros familiares recibieron llamadas de la dirección del centro o de la Comunidad. “¡Hija, que me echan!” Así me he enterado yo esta mañana”, cuenta una mujer que acudió a la residencia a recoger a su madre.

Las familias afirmaron haber solicitado la devolución del recibo del mes de julio, abonado la semana pasada, sin que los dueños se lo hayan garantizado. Otros familiares señalaron que ni siquiera fueron recibidos por la dirección. Otra familiar señaló que les habían indicado que aquellos que soliciten ambulancia para trasladar a los internos tendrán que pagarla.

“Hace dos o tres meses que ya no tienen ni médico ni fisiterapeura”, aseguró Juani, residente en el barrio madrileño de San Blas, ubicado a 40 kilómetos de la residencia, con la angustia de no saber qué hacer con su madre. “Vivo en un tercero sin ascensor y es imposible subirla”, afirmó. Según su testimonio, cuando se quejó al director del centro de falta de personal, éste trató de tranquilizarle y le llegó a decir que se debía a “vacaciones” de los empleados. Ninguno de los siete familiares con los que habló este diario tuvo malas palabras para el trabajo de los cuidadores y varios aseguraron que hace ocho meses hubo una huelga de auxiliares.

Tres ancianos ingresados

El cierre se produce después de que el lunes la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hiciera una visita rutinaria de inspección a la residencia donde comprobó el “deplorable” estado de los internos y de sus instalaciones. Tres ancianos fueron trasladados al Hospital de la Paz, aunque su estado era leve.

La fiscalía solicitó la intervención de la Guardia Civil después de que se observaran numerosas irregularidades. A preguntas de la fiscal, uno de los responsables del centro dijo no tener acceso al historial clínico de los internos que se encontraban en una sala y que contaba solo con dos auxiliares para atenderlos, “presentando alguno de ellos mal estado físico”. En la habitación de los medicamentos se pudo comprobar que no funcionaba la nevera destinada a conservar las medicinas que necesitan temperaturas bajas por lo que, como en el caso de la insulina, la cadena de frío se había roto. Por parte de la Consejería de Bienestar ya se había realizado una inspección en junio, lo mismo que hizo la Consejería de Sanidad el 1 de julio, a raíz de las cuales se precintó la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio. A su vez, la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil que requisase el disco duro donde supuestamente se almacenan las imágenes de las múltiples cámaras de seguridad.

En abril, el vídeo del maltrato en un centro de ancianos Los Nogales de la capital —golpes en la cabeza, insultos y bofetadas por parte de los trabajadores— abrió un debate sobre cámaras en las habitaciones. En cuestión de transparencia el sector deja en la oscuridad cuestiones tan básicas cómo quién ha sido sancionado. En medio de la preocupación por la seguridad de los ancianos, la Comunidad ha ocultado a este periódico el nombre de las 167 residencias sancionadas en cinco años alegando que no quería dañar su “buen nombre comercial”.

En este caso, los familiares denuncian que los servicios son mínimos debido a los impagos a los trabajadores. Muchos aún tienen nóminas pendientes, otros han pedido la baja por estrés y algunos, como el médico, desaparecieron sin más, según relataba el personal que seguía en el centro.

Con información de F. J. Barroso y F. Peinado.