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Cierran una residencia en Madrid por el deplorable trato a los ancianos

La Comunidad clausurará por un año el centro privado, donde hay 70 mayores y solo dos auxiliares para atenderlos

Un interno y su familiar salen de la residencia Arzobispo Morcillo, en Soto del Real (Madrid).
Un interno y su familiar salen de la residencia Arzobispo Morcillo, en Soto del Real (Madrid).

Los ancianos que residen en el geriátrico Arzobispo Morcillo en la localidad madrileña Soto del Real -70, según la Guardia Civil- tendrán que regresar con sus familiares o ser trasladados a otros centros debido a las "deplorables" condiciones en las que se encuentra las instalaciones y por el "peligro" para la salud e integridad de los ancianos, según el dictamen de la Fiscalía y que ha recogido inmediatamente la Comunidad de Madrid. Las habitaciones de los internos estaban con “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”. El Ayuntamiento de Soto, gobernado por el socialista Juan Lobato Gandarias, no había recibido ninguna denuncia sobre este centro, inaugurado en 2000 y que llevaba desde 2010 sin depositar las cuentas en el Registro Mercantil. [Fotogalería]

La Comunidad la ordenado la clausura por un año de la residencia de la tercera edad Arzobispo Morcillo por el peligro existente para la integridad y salud de los internos tras una visita de los inspectores del gobierno regional y de la Fiscalía. La sanción incluye una multa de 127.005 euros.

Los propietarios de la residencia, según la Fiscalía, pudieran haber incurrido en un delito contra la salud pública así como contra la integridad de las personas. El cierre se produce después de que el lunes la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hiciera una visita rutinaria de inspección a la residencia donde comprobó el “deplorable” estado de los internos y de sus instalaciones.

La residencia es propiedad de J. Braulio Peñas Briones, quien se ha negado a responder ante tales acusaciones. El centro oferta 78 plazas y según su página web "cuenta con una unidad especializada en alzheimer, médico especializado en geriatría, psicólogo geriátrico y ATS. Trabajador social para los ancianos y ancianas, terapia ocupacional, así, como acompañamientos al exterior en la zona de Soto del Real junto a los mayores de la tercera edad". Requisitos que, según el informe de la Guardia Civil, no cumple en absoluto.

El goteo de familiares que han acudido a visitar o recoger a sus familiares ha sido constante a lo largo del día. Una decena de ancianos han abandonado ya el centro. "Nos hemos enterado esta mañana porque nos llamó uno de los directores", asegura el hijo de una interna, de 78 años. Ella vivía en el barrio de Canillejas de Madrid antes de desembarcar en la residencia hace cinco meses. "Me he enterado esta mañana a las 11.00 horas mientras me tomaba un zumo", cuenta ella. De momento, apurará aquí el plazo de 48 horas dado por la Fiscalía mientras su hijo le encuentra un nueva residencia. "No habíamos visto nada raro. El ambiente era bastante bueno y cuando hemos venido no había nada muy sucio", afirma él, informa Pablo Pérez.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han indicado que se va a adoptar la correspondiente medida cautelar de cierre e incoar un expediente sancionador contra el titular de la residencia tras comprobar en la visita que este centro no estaba garantizando la adecuada atención médica. En el centro no existen plazas concertadas por la Comunidad de Madrid, si bien, el Gobierno regional va a garantizar la atención a los 60 residentes afectados, según una portavoz. Los familiares de los residentes están siendo informados de la situación y, en el caso de no poder asumir el cuidado de su familiar, se les habilitará plazas de emergencia en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social o de la Dirección General de Dependencia.

La Guardia Civil ha elaborado un atestado donde queda documentado el resultado de la inspección realizada junto al correspondiente reportaje fotográfico y en el que “presumiblemente se les imputara a los responsables de la residencia la posible comisión de un delito contra la salud pública así como contra la integridad de las personas”.

Una inspección previa precintó varios espacios de la residencia

A preguntas de la fiscal uno de los responsables del centro dijo el pasado 8 de julio no tener acceso al historial clínico de los internos que se encontraban en una sala y que contaba solo con dos auxiliares para atenderlos, “presentando alguno de ellos mal estado físico”. La ratio de trabajadores en Madrid en los centros geriátricos es de uno para cada dos ancianos. El resto de las instalaciones visitadas tampoco ofrecían un mejor aspecto. De hecho, en la habitación destinada a guardar los medicamentos se pudo comprobar que no funcionaba la nevera destinada a conservar las medicinas que necesitan temperaturas bajas por lo que, como en el caso de la insulina, la cadena de frío se había roto. Por parte de la Consejería de Bienestar ya se había realizado una visita de inspección el pasado mes de junio, lo mismo que hizo la Consejería de Sanidad el 1 de julio, a raíz de las cuales se precintó la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio.

Tras levantar el correspondiente acta, los hechos se pusieron en conocimiento del Fiscal Decano para las Personas con Discapacidad quien indicó la necesidad de que por parte de la Guardia Civil se elaborase el correspondiente atestado todo ello en coordinación con el servicio CIRA (acrónimo con el que se conoce la Subdirección General encargada de la Inspección de residencias).

Desde la Fiscalía de Alcobendas se ofició a la Policía Judicial de Colmenar Viejo para que se desplazase “conjuntamente” con la fiscal hasta la residencia para proceder a una inspección en profundidad puesto que, además, las habitaciones de los internos estaban con “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”. Durante la inspección estuvieron dos equipos del SUMA 112, que trasladaron a varios residentes al hospital de La Paz debido a su estado de salud, informa F. J. Barroso. La Guardia Civil está haciendo un informe de todos los medicamentos que había en la residencia para preparar un atestado y remitirlo al juzgado de Colmenar Viejo, que se ha hecho cargo del caso.

El personal del CIRA, por su parte, informó del riesgo de incendio ya que las mangueras no funcionaban e incluso el cuarto de calderas tenía una fuga de agua. A su vez, la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil que requisase el disco duro donde supuestamente se almacenan las imágenes de las múltiples cámaras de seguridad, “así como la habitación destinada a concentrar la medicación destinada a ser suministrada a los enfermos con el fin de evitar manipulaciones”.

En relación con la inspección a la residencia de la tercera edad arzobispo Morcillo se movilizó a los servicios médicos del Centro de Salud de Tres Cantos para que realizasen una evaluación de los internos, dada la situación que presentaban alguno de ellos, con el fin de valorar según los casos su ingreso en algún centro médico o derivarlos a residencia con plazas de emergencia social o que fuesen acogidos por sus familiares.

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