La policía del odio en Madrid se salva

Solo el paso de los meses ha permitido que Sonia Nájera, de 42 años, explique con palabras el pasaje más sombrío de su vida. Incapaz de relegar aquellos hechos al desván de la memoria, trató sin éxito de hallar un relato propio. Con todo, cuenta, se sobrepuso al balbuceo y buscó ayuda. Al otro lado del teléfono, un activista de la asociación LGTBI Arcópoli adivinaba el origen de su malestar: homofobia y acoso laboral.

En esa llamada le recomendaron que comunicara lo ocurrido a la Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD) de la Policía Municipal, que trabaja estrechamente con los colectivos vulnerables y su constelación asociativa. Manuela Carmena creó este departamento durante la pasada legislatura y hoy cuenta con 29 agentes especializados en delitos de odio; esos en los que la víctima se elige por su origen, raza, religión, ideología, orientación sexual o identidad de género. El año pasado recogieron 285 hechos de este tipo y emprendieron acciones por 140 de ellos. En una entrevista publicada este domingo por el diario ABC, Inmaculada Sanz, la nueva delegada de Seguridad, se compromete a mantener la unidad: "es útil al Cuerpo". Será una excepción porque el nuevo Ayuntamiento eliminará otras medidas de Carmena que buscaban asegurar los derechos ciudadanos como el Comité Ético o el proyecto para evitar paradas y cacheos policiales en la calle motivados por racismo.

Apoyada en la UGD, Sonia denunció a la empresa para la que trabajaba y a varios de sus antiguos compañeros. Del juicio no puede dar detalles, porque está en fase de instrucción. Su memoria deambula por los inframundos de la violencia y, ahora sí, encuentra la manera de contarlo: “Me machacaron. Dejé de comer, no podía dormir y estaba siempre triste. Pensé incluso en quitarme de en medio”, recuerda. Victoria Tercero, su pareja de 32 años, asiente en silencio. No quiere robarle ni un ápice de protagonismo a Sonia: “Ahora que ya habla sin miedo...”.

A lo largo del proceso Sonia recibió asesoría legal y apoyo psicológico: “Todavía el policía encargado de mi caso me llama todas las semanas para saber qué tal estoy. Por otra gente que conozco, creo que si hubiera acudido a una comisaría normal no me hubieran cuidado del mismo modo. Quizá ni tan si quiera me habrían animado a llegar hasta el final”, anota. Hasta que llegue la sentencia judicial, los nervios aparecen a cada rato. Mientras, ha encontrado otro empleo y en su cabeza bullen los futuribles. Esta historia no ha conseguido que se encierre de nuevo en un armario.

El fin de la UGD es acabar con el miedo. Sus dependencias en la calle Sacramento, 2, en el Madrid de los Austrias, no parecen una comisaría al uso. A la entrada hay ubicado un sofá claro, rodeado de folletos que informan sobre la discriminación a inmigrantes, transexuales, sin techo, musulmanes o personas con diversidad funcional. “¿Por qué es importante denunciar un delito basado en prejuicios?”, puede leerse en la primera página de un panfletillo. En las estanterías que jalonan el despacho se acumulan los reconocimientos. Uno, entregado por COGAM, luce la bandera arcoíris. A su lado está la placa del Premio Derechos Humanos que les concedió la fundación Abogacía Española. Y una talla de madera de la Asociación Lakoma, dedicada a la exclusión social.

Francisco Andrés, el inspector jefe, proviene de Tráfico y está acostumbrado a bregar con los trámites o el papeleo, que tampoco faltan en su último destino: “Nuestro trabajo consiste en salvaguardar los derechos de los colectivos más sensibles, pero para ello primero tenemos que restaurar el vínculo con ellos. Porque la propia policía ha podido vulnerar esos mismos derechos, así que desconfían de nuestra labor. Es complicado que recurran a nosotros si antes no nos acercamos a ellos”, declara. Para ello mantienen reuniones periódicas con sendas entidades de lo social. Y forman a otros policías. Una vez que recogen el testimonio del denunciante, buscan testigos o grabaciones de cámaras circundantes para aportar pruebas.

A Andrés le acompaña Arantxa Miranda, una activista con placa que compagina su trabajo en la unidad con las tareas como vocal de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB): “Durante mucho tiempo hemos sido los únicos que denunciaban insultos homófobos o tránsfobos. Otros policías desconocían las leyes de la Comunidad de Madrid a este respecto, que se aprobaron en 2016, y no intervenían. Por un “maricón de mierda” te puede caer una multa de 200 a 3.000 euros”, asegura.