El laberinto financiero de À Punt

En 2015, con la llegada del primer Gobierno del Botànic, había prisa por reabrir una radiotelevisión pública en valenciano tras el traumático cierre en 2014 de Canal 9. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC) arrancó en 2017 sin una completa estructura administrativa. Con solo un año de vida, À Punt vive una auténtica agonía por la falta de presupuesto y las críticas a su audiencia e ingresos publicitarios. Además, las discrepancias contables entre la Generalitat y la Corporación por una partida de nueve millones de euros impiden la aprobación de las cuentas de 2018 de la corporación audiovisual.

La Intervención General, que fiscaliza las cuentas públicas, advierte en su último informe de un desfase patrimonial en el ente que preside Enrique Soriano debido a las pérdidas económicas. À Punt cuenta desde su puesta en marcha con un presupuesto anual de 55 millones de euros (un 0,3% del Presupuesto de la Generalitat). Y el desfase económico se produce, según fuentes de la radiotelevisión, en 2017, cuando la corporación y la sociedad comienzan a operar sin una estructura administrativa básica. La precariedad de medios y la complejidad de arrancar de cero una nueva radiotelevisión pública explican que ese ejercicio solo consumieran 15 de los 55 millones consignados en las cuentas públicas. Los 40 millones restantes se perdieron ese ejercicio al no poderse ejecutar.

Los gestores de À Punt  pidieron a la Generalitat que el presupuesto se recuperase al año siguiente porque hacía falta y la Generalitat se mostró dispuesta, indican las mismas fuentes; así que la CVMC planificó la compra de contenidos del año siguiente contando con 40 millones que consideró pendientes. Pero ese dinero nunca llegó. Y ahí comenzó el desfase presupuestario de la corporación, apuntan. Así que, en 2018 se emplearon 26 millones de euros del presupuesto del Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y Otros Medios de Comunicación, y se traspasaron a 2019 una parte de las compras del año anterior para poder afrontar los compromisos económicos. La directora de la sociedad, Empar Marco, pidió en 2018 un aumento del presupuesto anual -de 55 a 70 millones-, que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, descartó. "Con lo que hay tendrá que hacerse la mejor radiotelevisión pública posible", apuntó entonces el presidente.

Así que, pasadas las elecciones, el canal público ha comenzado con los recortes, suprimiendo diferentes programas diarios, como Matinal de À Punt, y recuperando para la parrilla de programación contenidos enlatados de la antigua Canal 9 como L’Alquería Blanca y otros. No hay presupuesto este año para otra cosa. À Punt recibe críticas a cuenta de sus índices de audiencia aunque, según fuentes del canal, el contrato programa exige un 1,94 y À Punt estaría ahora en el 2%. En cuanto a la falta de ingresos por publicidad, el ente reconoce que el primer año ingresaron 800.000 euros cuando la planificación establecía cuatro millones de euros. La FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) gestiona desde mayo la comercialización a nivel estatal de la publicidad de À Punt y la previsión es que los ingresos por este concepto mejoren.

El último tropiezo con la Intervención, que impide que el Consejo Rector apruebe las cuentas de 2018, es una partida de nueve millones de euros que el órgano fiscalizador entiende que la CVMC debe devolver a la Generalitat porque no lo ha gastado ella sino la sociedad. Fuentes de la corporación aseguran que la discrepancia es de tipo contable y alega que las cuentas de la corporación y la sociedad deben considerarse de forma "consolidada".

La ley de creación del CVMC necesita serios retoques después de tres años en vigor, opinan dentro y fuera de la casa, pero su reforma exige, además de los votos del Gobierno del Botànic II, el respaldo de Ciudadanos, que ha endurecido su posición respecto À Punt después de que en 2016 apoyara en las Cortes la ley para crearla.

A propósito de la situación de À Punt, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, se ha preguntado "cuánto nos van a costar a los valencianos los caprichos" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por el "descontrol" en las cuentas de A Punt. A su juicio, PSPV y Compromís "pretendieron tener desde el primer minuto una televisión a su servicio y les ha salido mal porque no la ve nadie"

La dirigente popular ha lamentado que "los políticos del Botànic que tanto hablaban de independencia en la televisión pública y dijeron que no se iban a inmiscuir, ahora salen en tromba a defender un modelo ruinoso", ha señalado en un comunicado.

Ortiz ha señalado que "la situación de À Punt es insostenible y cada día que pasa se pierden miles de euros por el capricho de Puig". "La deuda se ha disparado por encima de los 48 millones de euros, alcanzando ya casi el presupuesto anual en solo dos años y muy por encima del 10 por ciento máximo fijado por ley", ha remarcado. La parlamentaria ha subrayado que "a esto hay que sumar que los ingresos por publicidad son mínimos con poco más de 800.000 euros, un 20% menos de lo previsto".

Como respuesta, el síndic del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha aseverado este sábado que el PP "no puede criticar impunemente À Punt cuando ellos dejaron un pufo en Canal 9 de más de 1.400 millones de euros que van a tener que pagar todos los valencianos y valencianas", un hecho que según el dirigente del PSPV se evidenció este viernes en la Cuenta General presentada por la Generalitat.

Para Mata, en la Comunitat Valenciana se ha pasado de tener "una televisión nepótica y de muy mala calidad como Canal 9, que solo servía para cubrir los delirios de grandeza de los expresidentes del PP que han pasado o pasarán por prisión", a una televisión como A Punt "modesta y austera que garantiza el conocimiento de la lengua, cultura y tradiciones y permite a los valencianos tener una información libre y plural, sin control político y ejemplo de transparencia".

Evaluación de la directora

El Consell Rector de CVMC tenía que dar a conocer a finales de junio la evaluación sobre la labor de la directora Empar Marco al frente de la dirección general, un proceso previsto en los contratos del personal directivo. Y, de momento, además del preceptivo informe de la Intervención General de la Generalitat sobre las cuentas de 2018, el único documento de evaluación de la directora listo es el elaborado por la consultora Carbó&domínguez, y la conclusión es favorable para Marco. Los documentos reconocen las fortalezas de la directiva en aspectos como el liderazgo, las habilidades operativas, la planificación, el trabajo en equipo o las habilidades interpersonales.