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‘Faltas de ortografía’ en el PEN Català

Un supuesto error contable habría llevado a la pista de las irregularidades en la etapa de Carme Arenas, que habría cobrado al menos 657.000 euros

Rodríguez (izquierda), Gregori y Subirana, durante el acto informativo  del miércoles en Barcelona.
Rodríguez (izquierda), Gregori y Subirana, durante el acto informativo del miércoles en Barcelona.

Recibos por “dirección y coordinación” de la entidad sin aplicar retenciones fiscales; facturas a su favor por supuestas prestaciones de servicios; cheques al portador por cantidades siempre inferiores a los mil euros autorizados por ella misma, sin firma mancomunada alguna de la junta y cobradas directamente en ventanilla; una supuesta comisión de servicios pactada con el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, pero que iría a cargo del organismo… Son algunas de las irregularidades que la actual junta del PEN Català detectó hace apenas un año sobre la gestión de su antigua presidenta Carme Arenas y ante las cuales una asamblea extraordinaria de la entidad autorizó la noche del martes, con el 88% de los votos, a que se emprendan acciones legales contra la exdirectiva si no se alcanza una solución pactada. La cuantía de esas irregularidades ascendería, hasta donde ha podido esclarecerse, a 657.374 euros, si bien, “en una posición benevolente”, la actual dirección, que preside la poeta Àngels Gregori, aceptaría que habría cobrado correctamente casi 250.00 euros, rebajando así la reclamación a unos 373.000 euros.

La pista sobre las faltas de ortografía en el PEN Català fue fortuita. A la semana de tomar posesión el 14 de junio de 2018, la nueva junta encontró lo que parecía un error contable, que mutó en 40.000 euros no justificados. Fue cuando la cúpula de la entidad, conformada por Gregori, el vicepresidente Jaume Subirana y la secretaria general, Gemma Rodríguez, decidió pedir un informe jurídico y económico. Afloraron entonces pagos a la antigua presidente entre 2015 y 2018 que alcanzan algún año los 48.700 euros (2015), si bien no se justifican, y también los cheques al portador, sin otra firma que no sea la suya; las retenciones fiscales no estaban aplicadas. “No hay ni un contrato ni acuerdo de la junta alguno que ampare todos esos cobros”, aseguró ayer Gregori en un acto para presentar públicamente el caso. “Lo único que está acordado por junta es de fecha 2001, donde se aprueba abonarle 600 euros mensuales por labores de servicios; del resto, nada”.

Tras infructuosas reuniones con Arenas para aclarar los números, la dirección del PEN Català decidió revisar las cuentas retrotrayéndose hasta 2001 para abarcar todo el periodo que estuvo en la cúpula de la entidad, como presidenta (2010 a 2018) y, durante nueve años antes, como secretaria general, a pesar del “deficiente archivo administrativo” y libros de contabilidad “inexistentes” de algunos periodos. Aun así, entre 2005 y 2015 se constatan pagos que oscilan anualmente entre los 34.000 (2014) y los 75.000 euros (2007), con un espectacular pico de 118.000 euros en 2009. Es en esos periodos donde se detectan retiradas de efectivo mensuales en cheques al portador y recibos firmados por el concepto de “dirección y coordinación del Pen Català”, sin las retenciones fiscales pertinentes, así como facturas por supuestas prestaciones de servicios a la entidad, cobrados por transferencia bancaria, en este caso sí con sus cargas tributarias. Aparte, la entidad le abonaba gastos de representación como desplazamientos o manutenciones.

Un punto también turbio es la situación de Arenas, funcionaria del Departamento de Educación de la Generalitat, que habría estado en la entidad privada entre 2006 y 2012 en comisión de servicios, un acuerdo cuyos costes iban también a cargo del PEN Català, sin que tampoco conste documentación alguna. Aquel año habría reingresado a la Generalitat, pero continuó pagándose cheques del PEN Català a finales de mes. “Esperamos un informe que le hemos solicitado a Educación”, anunció Gregori. La actual junta calcula que Arenas habría cobrado todos esos años por su gestión al menos 657.374 euros; al entender, “desde un posicionamiento benévolo”, que las cuantías de la comisión de servicios son correctas, así como las atribuciones mensuales de 600 euros aprobadas por la entidad, la reclamación de la entidad asciende a unos 373.000 euros.

También admiten los actuales rectores desconocer el paradero de algunas litografías originales que habrían donado artistas como Tàpies, Plensa, o Guinovart para las campañas del Día del escritor encarcelado que promueve la entidad y que conforman su fondo de arte. “Es evidente que estamos ante un caso de abuso de confianza de una persona que durante 16 años trabajó a plena satisfacción profesional, pero que cobró un sueldo autoatribuido, no aprobado por junta, donde no todo estaba consignado en los libros y con temas fiscales por resolver”, resume Subirana, tanto para descartar implicaciones sociopolíticas en las irregularidades de Arenas como para explicarse que las juntas anteriores no se percataran de esas maniobras.

Que Arenas llevara las cuentas a un contable externo habría facilitado esa opacidad a los, al menos, tres tesoreros distintos que oficialmente tuvo el PEN Català solo entre 2014 y 2017. Tampoco consta que institución pública alguna detectara irregularidades, a pesar de que de los cerca de 280.000 euros de presupuesto de la entidad, entre 200.000 y 250.000 procedan de organismos públicos.

La luz verde de la asamblea a una posible demanda judicial fortalece a una junta incómoda por tener que adoptar medidas ante Arenas, que había animado a buena parte de los actuales rectores a incorporarse a la entidad y que gozaba de buena imagen entre los asociados, lo que explicaría las intervenciones un poco vehementes que se produjeron por parte de algunos socios ilustres y veteranos del PEN Català. “La transparencia nunca debería ser un acto revolucionario”, sentencia Gregori.

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