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OPINIÓN i

El ruido que no cesa

Las negociaciones para las distintas investiduras en curso deberían ser una oportunidad para empezar a generar alguna transversalidad que atenuara la dinámica de bloques

Cartel electoral de Ada Colau.
Cartel electoral de Ada Colau.

Tanto en el plano judicial como en el plano político, la semana que termina nos deja inquietantes perlas que siembran dudas sobre la posibilidad de que la política regrese a su versión más digna después de dos años de confrontación y confusión, donde se ha echado de menos, en todas partes, la autoridad que emana del que es capaz de asumir sus responsabilidades, evaluar los efectos de sus decisiones y actuar en consecuencia.

En el ámbito judicial: la Fiscalía del juicio por el proceso catalán ha calificado lo ocurrido en Cataluña en torno al 1 de octubre de golpe de Estado. Entiendo que no es fácil sustraerse al universo comunicacional actual, en que hay que buscar formas simples y un poco escandalosas para ser escuchado. Pero es peligroso jugar con las palabras. No dudo del efectismo de una expresión que ha tenido gran eco en los medios de comunicación. Pero reforzar la apuesta por el delito de rebelión con la imagen del golpe de Estado sitúa las palabras en un estadio muy lejano respecto de lo que se vivió en realidad. El independentismo nunca reunió las mínimas condiciones indispensables para un golpe de Estado: capacidad insurreccional suficiente y continuada, organización armada para enfrentarse a las fuerzas del Estado, alguna potencia internacional de apoyo, y un poder económico que lo sostuviera. Y así no hay Estado que se tambalee.

En Barcelona, era la oportunidad de un tripartito de Esquerra Republicana, Comunes y PSC

En el mismo escenario del juicio a los políticos presos, el fiscal Javier Zaragoza nos sorprendió con una contundente afirmación: “Celebrar un referéndum es delito aunque se haya despenalizado la celebración de las consultas”. Lo cual deja en la perplejidad a un profano como yo: ¿Cómo puede ser delito algo que no está tipificado como tal en el Código Penal?

Y no muy lejos de allí, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, al decidir un nuevo aplazamiento de la exhumación de Franco, lo consagra, en su resolución, como jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936. Una sorprendente validación del golpe contra la República que obliga a reflexionar sobre el poso que dejaron tantos años de dictadura.

El referéndum, si llega, será al final de un largo camino. Y para ello el independentismo tiene que renovar su estrategia

Si vamos a la política, tampoco las señales mejoran sensiblemente. El presidente Torra opta una vez más por la política retórica. Es decir, hacer propuestas que sabe perfectamente que solo pueden tener una respuesta: no. En plena recta final del juicio, pide una entrevista urgente con el presidente Sánchez para hablar de los presos y de la represión. Esto no es hacer política, es jugar a la política, porque Torra no ignora que Sánchez no puede hacer algo que en estos momentos sería visto como una intolerable intromisión en las decisiones del poder judicial. Torra lo hace porque vive de la agitación, negándose a romper este círculo y desplegar una estrategia política e institucional a la vez. Seguro que —aquí y fuera de aquí— la separación de poderes no es tan limpia como dice la teoría, pero es obligación del Ejecutivo mantener las formas. Y Sánchez no está para participar en rituales propagandísticos sin salida. Torra insiste en el referéndum como propuesta para abrir una negociación. Pero esta solo es viable si se puede encontrar un lugar intermedio entre lo que uno pide y lo que el otro puede dar. Y ahora mismo no lo hay. El referéndum, si llega, será al final de un largo camino. Y para ello el independentismo tiene que renovar su estrategia. Necesita una mayor acumulación de capital político.

En fin, las negociaciones para las distintas investiduras en curso deberían ser una oportunidad para empezar a generar alguna transversalidad que atenuara la dinámica de bloques. No se ve por ninguna parte. Hay un caso emblemático en el Ayuntamiento de Barcelona. La izquierda se ha llevado una amplia mayoría con 28 concejales. Era la oportunidad de un tripartito de Esquerra Republicana, Comunes y PSC que podía servir de pauta para empezar a abrir el juego. Más teniendo en cuenta que el independentismo solo suma 15 escaños en Barcelona. Pero será imposible por la ley de los vetos cruzados: ERC no quiere al PSC y el PSC no quiere a ERC. Y así no acabaremos nunca.

¿Habrá que esperar a que pase el juicio? Este es el problema: una suma de irresponsabilidades ha llevado las cosas a tal punto que hoy la política depende, en parte, de decisiones de la justicia.

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