Anticorrupción pacta con Blasco en el juicio por el saqueo de la cooperación

La Fiscalía Anticorrupción ha llegado a un acuerdo con el exconsejero valenciano de Solidaridad y exportavoz del PP en las Cortes Valencianas Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, principales acusados en la causa que investiga el saqueo de los fondos de la Generalitat valenciana destinados a la cooperación internacional. Ambos ya fueron condenados en 2014 por la primera parte del caso y ahora están siendo juzgados por malversar presuntamente el dinero de decenas de proyectos de cooperación, incluida la construcción de un hospital en Haití. Blasco y Tauroni admitirán los hechos y admitiran penas que rondan los tres años y medio de prisión.

El acuerdo no se extiende a las otras dos acusaciones, la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD, por lo que el juicio que comenzó el 6 de mayo seguirá adelante.

Petición de 16 y 21 años de cárcel

En las dos piezas del caso que se están juzgado ahora, la dos y la tres, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que reclamaba el fiscal era para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel. Ambos están acusados de siete delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

El fiscal también reclamaba que se le fijara una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales.

Blasco ya fue condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y permanece en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión.

En esta causa se juzga en total a 24 personas, entre ellos la excúpula en la Consejería de Solidaridad (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.

En el caso del exconsejero se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. El juzgado encargado de la instrucción adoptó en su momento medidas para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que en el caso Blasco se fijaron en 8,2 millones de euros.

Hasta ocho millones se establecieron para Augusto César Tauroni y para Llinares —para el resto de ex altos cargos son menores— y de 3,6 millones al propio Darder.

En su momento, el fiscal que se encargó de la investigación de la mayor parte del caso y que dirigió la acusación pública en el primero de los juicios también alcanzó acuerdos previos con Blasco y Tauroni. Sin embargo, tras el nombramiento de Torres como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el fiscal de Anticorrupción Jesús Carrasco se hizo cargo de la causa y tumbó dichos pactos.

Pacto solo con la Fiscalía

Ahora Carrasco ha llegado a acuerdos con Blasco, Tauroni y otros acusados en este proceso. Los pactos con estos dos acusados se han formado únicamente con la Fiscalía, mientras que las otras dos acusaciones, la Abogacía de la Generalitat como acusación popular y la Coordinadora Valenciana de ONGD, en representación de la particular, no han cerrado pactos con el exconsejero y con el empresario pero sí al menos con otros cuatro procesados.

De estos acuerdos —con tres empresarios y el secretario de la Fundación Hemisferio, que han consignado dinero en el juzgado o tienen el compromiso de hacerlo—sí participan todas las partes.