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ANÁLISIS i

Agenda para el día después

La verdadera fortaleza no está en el recurso a los instrumentos represivos y los mecanismos constitucionales de excepción, sino en la capacidad de encauzar políticamente problemas que son políticos

Mañana los ciudadanos votaremos y a partir del lunes es obligación de quienes salgan elegidos encontrar una mayoría de gobierno para afrontar los grandes problemas del país. Esta introducción puede parecer una perogrullada pero no lo es por el mal gusto que nos deja una campaña en que el ruido de la impotencia ha marcado el ritmo. Las alarmas han sonado con intensidad estos días, con los partidos más pendientes de no perder cuota que del futuro. Las grandes cuestiones que figuran en las prioridades de la ciudadanía han estado ausentes del debate o a la sumo han quedado en el plano de los enunciados genéricos, como, por ejemplo la fundada y reiterada insistencia de la izquierda en poner la cuestión de la desigualdad en primer plano.

Cataluña, octava preocupación de los ciudadanos según la última encuesta del CIS, ha sido convertida en centro de todas las batallas, en una doble demostración de la debilidad de los partidos políticos: les ha servido para eludir los problemas económicos y sociales que corren el riesgo de poner en evidencia la impotencia de la política en un contexto dominado por el falso e ideológico principio de que no hay alternativa. Y con el simplismo propio de toda confrontación identitaria —siempre en el eje del amigo y el enemigo— han enturbiado la pelea hasta reducir la contienda a tres bloques: derecha, izquierda y nacionalismos periféricos, con estos últimos como fuente de toda sospecha respecto a la lealtad patriótica de la izquierda.

Los países viven fracturas sociales crecientes que pueden producir estallidos en cualquier momento

Y, sin embargo, hay una agenda pendiente que alguien tendrá que afrontar. Estas son algunas de las prioridades: desigualdad, nueva economía, cambio climático, fortalecimiento del Estado, defensa y recuperación de las libertades, inmigración, crisis de representación y regeneración de la política. La desigualdad simboliza el lugar en el que convergen los problemas económicos, políticos y sociales del momento. La economía ha mutado mucho desde que la democracia y el capitalismo industrial encontraron un punto de equilibrio en el Estado nación. Estamos en una fase del capitalismo en que los pactos de cohesión interior de los Estados no existen porque los poderes económicos no sienten necesidad de ellos. Y la política no tiene instrumentos globales para poner límites adecuadamente.

La cuestión catalana ha servido para que la derecha despliegue todo un arsenal de restricciones de derechos

Los países viven fracturas sociales crecientes que pueden producir estallidos en cualquier momento. Una nueva economía requiere nuevas políticas. Y no se puede, como hace la derecha, rechazar que se impongan límites al dinero al tiempo que prepara el camino al autoritarismo por si la situación se hace socialmente insostenible. De ahí que si las políticas económicas no evitan las fractures de clase, generacionales y educativas la propia democracia entrará en zona de riesgo. Y más con la amenaza de un deterioro de la salud del planeta que el egoísmo de lo inmediato desoye. El Estado sigue siendo el marco político por excelencia, pero el futuro pide consolidar las escalas supranacionales —por eso son tan importantes las elecciones europeas de mayo— y dar mayor poder a las ciudades, sujeto político fundamental para afrontar problemas tanto ecológicos como de integración social y de la diversidad.

Hemos oído estos días que el Estado ha demostrado su fortaleza ante el independentismo catalán. Pero la verdadera fortaleza no está en el recurso a los instrumentos represivos y los mecanismos constitucionales de excepción. Si se ha de llegar hasta aquí es porque ya se ha fracasado. La fortaleza está en la autoestima. La sobreactuación siempre es señal de debilidad. La fortaleza está en la capacidad de encauzar políticamente problemas que son políticos. Y la cuestión catalana ha servido para que la derecha despliegue todo un arsenal de restricciones de derechos —desde los delitos de odio hasta el uso sistemático de la excepcionalidad— que abren el camino al autoritarismo postdemocrático.

La crisis de representación de las democracias europeas tiene un carácter indiciario grave. La democracia no puede funcionar si los ciudadanos no se sienten concernidos. Y hace tiempo que los gobernantes se alejan al máximo de ellos, ya sea con un tecnocratismo que solo crea desconfianza y alejamiento o con el recurso a las fabulaciones identitarias que colocan presuntos valores transcendentales por encima de la realidad. En ambos casos, la democracia pierde. Sin reconocimiento, sin derecho a la palabra, sin mecanismos de deliberación y sin capacidad de influir en la toma de decisiones, el ciudadano se siente ajeno al sistema. Y la democracia es puro simulacro. Probablemente es lo que pretenden muchos de los que se presentan a estas elecciones.

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