Los procesos judiciales por acoso sexual se triplicaron en 2018

“Que haya más causas judiciales abiertas no quiere decir que se estén produciendo más hechos, sino que hay más denuncias. No es un dato necesariamente malo”, aseguró ayer la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, en la presentación de la memoria anual de los juzgados. El delito de acoso sexual castiga —con penas leves: de tres a cinco meses de cárcel— a quienes solicitan “favores de naturaleza sexual” a otra persona a la que se conduce a una situación “intimidatoria o humillante”. Estos hostigamientos se dan, especialmente, en el ámbito laboral.

Todos los asuntos que abordan delitos contra la libertad sexual crecieron el año pasado (la media es del 26%). Pero lo hizo especialmente el acoso, que tras un paulatino incremento en años anteriores se disparó en 2018 con 427 casos investigados, con independencia de que se hayan archivado o hayan llegado a juicio con absolución o condena. Las agresiones sexuales —o sea, aquellas en las que media violencia— llegaron a 1.235, un 30% más que el año anterior. En el caso de las violaciones, pasaron de 3 a 27, lo que supone también un notable incremento. El número de abusos, en cambio, cayó.

La juez decana hizo un diagnóstico de los juzgados en 2018: hay saturación, exceso de trabajo y falta de medios. Sangrante, por exagerada, es la situación del juzgado de primera instancia número 50, el que se encarga de dirimir sobre las cláusulas suelo de las hipotecas: en tres años de funcionamiento suma casi 35.000 casos. Y aunque se han incorporado magistradas de refuerzo, “los números siguen sin salir”, denunció Caso, quien agregó además que mientras se atienden los abusos de las hipotecas se descuidan otros asuntos: “No se puede correr constantemente un sprint, en un estado de angustia”.

En el ámbito mercantil no están mucho mejor: las entidades de gestión de derechos (como la SGAE) inundan los juzgados de demandas, “a veces por menos de 100 euros”. Caso pidió que se pongan en marcha medidas alternativas, como los arbitrajes de consumo. Y en el penal, los juicios rápidos que deben celebrarse en teoría en dos semanas se señalan a ocho meses vista. Aunque la situación, admitió, está mejorando.

Donde van como un tiro es en la jurisdicción de menores (“funciona perfectamente”), pese a que el aumento de la llegada de menores no acompañados está teniendo otros efectos. Mariano David García, vicedecano de menores, aseguró que la situación de extrema “vulnerabilidad” de esos chicos les conduce, en ocasiones, a “cometer robos más o menos graves y algún delito de naturaleza sexual”, a lo que se suma su frecuente “adicción a tóxicos”. La creciente gravedad de esos delitos implica que haya aumentado el número de medidas de internamiento, “algo que no es habitual en menores”.

Los desahucios, mientras tanto, caen en el caso de las hipotecas pero se ceban en el impago de alquileres. En 2018 hubo un total de 2.197 que se pudieron ejecutar sobre viviendas. Aunque ha habido reformas legislativas para agilizar los lanzamientos, casi el mismo número no pudieron ejecutarse. “Hay casos en los que se suspenden hasta cuatro veces y es un problema”, admitió la decana, que se felicitó por la mejora de la coordinación entre los servicios sociales y los juzgados para facilitar vivienda a las familias desahuciadas.

Entre tanto, la Ciudad de la Justicia —el flamante complejo de edificios en la frontera de Barcelona y L’Hospitalet— empieza a quedarse pequeña doce años después de su inauguración. Así lo sostuvo la decana, que pide pensar ya en nuevas instalaciones para evitar una dispersión de los nuevos juzgados.