Las terrazas se expanden en plena pugna por el uso del espacio público

La lucha por el metro cuadrado de espacio público sobre las aceras de parte de la ciudad, especialmente las del Eixample y Ciutat Vella, es casi sin cuartel. Entre motos, terrazas, y —todavía— muchos aparcamientos de bicicletas, la superficie de paso que le queda al peatón es cada vez menor. En cuatro años, el número de licencias de terrazas en la ciudad ha crecido un 37%, de forma más acusada en el Eixample. La ordenanza que las regula fue aprobada en 2018 pero no convence a nadie, ni a los vecinos, ni a los restauradores y, en cierta medida, tampoco al propio consistorio que la impulsó.

En 2015 en Barcelona había 3.889 licencias de terrazas. En mesas y sillas, 18.827 y 71.608 respectivamente. Y el año pasado se cerró con 5.330 licencias, 24.046 mesas y 90.660 sillas, según datos del Ayuntamiento de Barcelona que reflejan el incremento paulatino que se ha registrado año tras año. Otro dato, el distrito del Eixample concentra el 30% de las terrazas de Barcelona y solo en Ciutat Vella hay 400. La regulación de las terrazas fue, precisamente, uno de los escollos del Gobierno de Ada Colau que se encontró con una recién aprobada normativa de su antecesor, Xavier Trias.

Después de llegar a un acuerdo con el gremio de restauradores, en junio del año pasado se aprobó una nueva norma que tampoco acaba de convencer a nadie. Con la ordenanza de las terrazas en la mano, el espacio que debe quedar libre para el peatón entre fachada y terraza “de forma orientativa”, precisa el texto, es del 50% de la acera. Y, en cualquier caso, no debe ser inferior a los 1,80 metros —o excepcionalmente 1,50— de acuerdo con una orden ministerial de 2010 que fijó el concepto del Itinerario Peatonal Accesible (IPA). Sin embargo, con el metro en la mano, esa distancia no se cumple por no pocas terrazas aunque también se la saltan quioscos y colmados. “A las terrazas les sale a cuenta saltarse la licencia que tienen y poner más mesas y sillas porque las sanciones son mínimas en comparación con los ingresos”, sostiene Ana Menéndez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), una entidad que llevó la norma a los tribunales. Se queja de que la ordenanza favorece la actividad económica por encima del derecho del ciudadano. Pone un ejemplo: en la plaza Real de Barcelona hay más de un millar de sillas de bares y restaurantes frente a 12 asientos públicos. No es la única, en el Gòtic, en la plaza de les Olles hay dos grandes terrazas de bares pero el que quiera sentarse sin pagar lo tendrá que hacer en un callejón colindante.

Bares y restaurantes están obligados a tener, en un sitio visible, la licencia de ocupación del espacio público. La ordenanza vigente estipula la tasa de las terrazas en función de los módulos que tienen —el mínimo es de una mesa y cuatro sillas— y la localización. Por categorías, una de las más caras es la que supone 1,045 euros por día y módulo. Si, por ejemplo, esa terraza es de 4 módulos — cuatro mesas y 16 sillas— la tasa anual sería de unos 1.525 euros. Por abajo, hay precios de 0,246 y 0,135 euros por día. “Yo cumplo con lo que tengo, pedí un módulo más y me lo denegaron y lo estoy respetando porque no quiero sanciones aunque es verdad que otros se lo saltan”, explica el propietario de una terraza de la plaza de Joanic.

Ese es otro punto de fricción, las sanciones. “Lo que es cierto es que hasta que aprobamos la ordenanza apenas se habían puesto sanciones y ahora sí lo hacemos”, afirma Janet Sanz, teniente de alcalde Urbanismo. La infracción más grave es de 3.000 euros y la menor de 750 que se reducen hasta menos de la mitad con el pronto pago. El año pasado se interpusieron 1.361 sanciones y se retiraron elementos de 20 terrazas por “incumplimientos flagrantes”, según datos el consistorio a quien le gustaría extender el modelo de terrazas en calzada—eliminando plazas de aparcamiento de coches — que han puesto en práctica en la Sagrada Familia para aligerar la presión en las aceras. “Son temas complejos pero creemos que la saturación de las aceras no está generalizada salvo algunas zonas del Eixample y Ciutat Vella”, argumenta la edil que destaca que en otras ciudades europeas se paga mucho más por ocupación del espacio público: “En Roma la tarifa es de 5 euros al día. Claro que para eso necesitamos apoyos que no tenemos”.

En la otra cara de la moneda de las terrazas, el gremio se queja de que el Consistorio está presionando a los restauradores, especialmente a los de Ciutat Vella y de zonas determinadas: el paseo de Joan de Borbó y La Rambla. “El año pasado se empezaron a recibir notificaciones de pérdidas de mesas que se están recurriendo”, apuntan portavoces del gremio. En concreto, en el paseo de Joan de Borbó se quiere disminuir las terrazas de cinco metros de fondo a 3,8 y en la Rambla una reducción de 400 mesas a 300.