El Parlament aprueba una comisión de investigación sobre la Monarquía
Los grupos independentistas y los comunes dan luz verde a indagar sobre “las actividades irregulares y delictivas” de personas vinculadas a la Familia Real
El Parlament ha aprobado este mediodía la creación de una comisión de investigación sobre las “actividades o irregularidades delictivas”, dice el texto, de personas vinculadas a la Casa Real. El documento ha prosperado por 71 votos a favor, de todos los grupos independentistas y de Catalunya en Comú-Podem, y 56 en contra, procedentes de Ciudadanos, PSC y PP. Matías Alonso, ponente de Ciudadanos, ha exigido durante el debate al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que presente un recurso de inconstitucionalidad y, en caso contrario, ya ha anunciado que como grupo lo hará cuando se constituyan las Cortes después de las elecciones del 28 de abril.
Junts per Catalunya, Esquerra, los comunes y la CUP han votado a favor de la resolución sobre la que descansa la comisión. El documento cuenta con cuatro puntos: el primero, da cuenta de la creación del órgano que pasa por "investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, empresas y multinacionales" durante el otoño de 2017 cuando se celebró el referéndum del 1 de octubre y posteriormente se proclamó la república fallida. El segundo, reitera el objeto del ente replicando el texto del primer apartado.
El tercero se divide en tres subapartados: repite el objeto; apunta a indagar las posibles "estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real española y personas que estén o hayan estado relacionadas" y acaba mencionado las "presuntas cuentas irregulares del anterior jefe del Estado en Suiza y en otros paraísos fiscales a nombres de terceras personas" y otras "actividades irregulares o delictivas" que se puedan derivar de las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El cuarto señala que el número de testigos que se citen a declarar no podrá ser superior al número de diputados que la integren.
La Monarquía no puede tener un cheque en blanco", afirma Lucas Ferro, de Podem
El bloque soberanista ha defendido su legítimo derecho a investigar a la Monarquía y Lucas Ferro, de En Comú-Podem, que ya promovió la reprobación del Rey en otoño, ha calificado de “vergüenza” que los partidos "monárquicos" vetaran una comisión en el Congreso. “La Monarquía no puede ser un cheque en blanco”, ha señalado citando artículos periodísticos en alusión a que la supuesta impunidad de la familia Pujol se debe a su silencio sobre las actividades de Juan Carlos I. “Merecemos no tener que esperar a ningún excomisario para saber datos. Mientras la Casa Real sea la Casa Real de Cataluña tenemos derecho a investigarla”. Ruben Wagesberg, de ERC, ha calificado la Monarquía de institución “machista, corrupta, anacrónica, relacionada con el franquismo, vergüenza democrática y adicta a saltarse su rol”, y ha señalado que la comisión pondrá 'luz y taquígrafos' sobre su funcionamiento”.
Queremos destapar las maniobras para forzar la salida de empresas y bancos", señala Josep Costa, de Junts per Catalunya
Josep Costa, de Junts per Catalunya, ha sostenido que Felipe VI infringió su obligación de cumplir con los preceptos de “neutralidad, transparencia y austeridad” especialmente en la crisis de otoño de 2017 y ha calificado al Rey de ser el líder de la “represión” asumiendo el grito del “A por ellos”. “Queremos destapar todas las maniobras para forzar a empresas, sea Seat u otras, y a bancos para forzar su salida”, ha señalado el vicepresidente de la Cámara en alusión a que el comité de empresa de la firma automovilística aludió a esas gestiones. “Quien vote en contra de este órgano está a favor de la impunidad descomunal de este chiringuito de la Monarquía. Felipe V fue el primer Borbón y Felipe VI, el último”. Carles Riera, de la CUP, ha señalado que si el Congreso no quiere investigar a la Casa Real, a la que atribuye apuntalar el régimen del 78, el Parlament debe hacerlo “por dignidad y decencia”.
Si Pedro Sánchez no presenta un recurso de inconstitucionalidad lo haremos nosotros desde el Congreso", señala Matías Alonso, de Ciudadanos
Ciudadanos, principal grupo de la Cámara, ha anunciado que recurrirán al Constitucional y ha atribuido la creación de la comisión a los “autores del golpe a la democracia”. Alonso ha esgrimido que el órgano no puede prosperar porque el artículo 67.1 del Reglamento de la Cámara circunscribe los objetos de investigación del Parlament a lo que sea de competencia de la Generalitat. Por ello, ha acusado a la Mesa de haber sido cómplice de haberla admitido a trámite porque su intención es “subvertir el orden constitucional y el buen nombre de España”. “La comisión es un intento vano de venganza. No participaremos en esta charlotada”, ha dicho concluyendo: “En esto, yo con el Rey”.
Ciudadanos presenta una queja en la Junta Electoral Central
Ciudadanos ha presentado esta mañana una queja formal en la Junta Electoral Central por la presencia de lazos amarillos y pancartas en favor de los políticos en prisión en las dependencias de la Generalitat. Inés Arrimadas, líder de la oposición, ha alegado que el uso de esos símbolos, además de no respetar la pluralidad del espacio público, infringen el principio de neutralidad que debe regir en periodo electoral, que arranca en cuanto se convocan formalmente las elecciones. "Son una vergüenza y el tablón del separatismo", ha dicho. El Govern inscribe los símbolos en el derecho a a libertad de expresión y avanzó este miércoles que no los retirará.
Los socialistas han puesto el acento en la cuestión formal de que el Parlament carece de competencias para investigar a la Monarquía. Ferran Pedret, diputado del PSC, ha recordado que su grupo ya presentó el 30 de noviembre una propuesta de reconsideración para que la comisión no prosperase y ha atribuido el retraso en elevarla al Pleno a un interés estrictamente electoral. “Nos parece desde una perspectiva democrática que también el jefe del Estado debe estar sometido a un control pero hay una delimitación constitución y legal que no casa con las previsiones constitucionales”, ha afirmado recordando que el artículo 68.1 del reglamento también limita quién puede ser testigo en estas comisiones.
En tono vehemente, el popular Alejandro Fernández ha señalado que los independentistas han elegido al Rey como “enemigo” después de la caída del Gobierno del PP. “Soy español porque España se siente como monarquía. ¿Dónde viene esa rabia y odio? Lo ubican en el 3-O [fecha del discurso del Rey]: habló el Rey pero lo hizo en nombre de todos los españoles y millones de catalanes. La grandeza de su discurso refleja sus propias miserias. No hizo falta su conspiración: ¿O llamó el Rey para que sacaran de Cataluña sus dineritos 4.000 empresas?”.
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