De nuevo la historia que termina mal

La maldita y denostada bilateralidad ya existe. Y tiene tanta entidad que está recogida y detallada en el Estatuto revisado por el Tribunal Constitucional. Forma parte del bloque de constitucionalidad. Cuenta incluso con una institución que lleva su nombre, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, cuyas funciones y composición se hallan especificadas en el artículo 183. El diálogo exigido por el gobierno independentista tendría perfecta cabida en esta relación bilateral e incluso la posibilidad de que la parte catalana planteara la cuestión del derecho de autodeterminación y sus 21 puntos, por impresentables que sean. Así se deduce de la enumeración de sus funciones: la última, con la letra i, señala que tratará de “las cuestiones de interés común que establezcan las leyes o que planteen las partes”.

La literalidad del apartado permite incluir en el temario las cuestiones particulares de alguna de las dos partes, aunque no lo establezcan las leyes, ni el Estatuto ni la Constitución. La propia organización de la Comisión Bilateral da mucho juego, puesto que “dispone de una secretaría permanente y puede crear las subcomisiones y los comités que crea convenientes”, de lo que se deduce que podría crear el organismo que se dedicara a estudiar la salida política del contencioso en el que nos hallamos empantanados, con relator incluido.

La Comisión Bilateral es un modelo a escala de lo que sucede con el bloque constitucional en su conjunto. Las posibilidades que ofrece el sistema son enormes, pero el bloqueo político y la renuncia a utilizarlo lo han inhabilitado para su uso. Es toda una desgracia contar con una caja de herramientas de gran calidad que no se puede utilizar porque los agentes políticos han decidido que pertenece a otra época.

Este es el motivo de fondo de la desgraciada historia del relator. El gobierno independentista, animado por la subasta radical entre PDCat y ERC y por la presión de las bases del independentismo, se ve obligado a exigir la creación de una comisión de diálogo político para plantear la cuestión de la autodeterminación delante de un mediador a ser posible internacional. Este es el gesto que exigen a Pedro Sánchez para dar luz verde al debate presupuestario, ni siquiera a su aprobación, justo en el mismo momento en que empieza el juicio a los dirigentes del Procés.

Los negociadores independentistas saben que nada sacarán de esta comisión, sino ruido mediático y agitación en la calle. También saben que en su ánimo solo se trata de permitir el debate presupuestario y esperar a la sentencia del Supremo. También lo saben Casado y Rivera, por más que se desgañiten en insultos y manifestaciones. Su excitación es una aportación imprescindible para la buena organización del relato independentista, siempre sometido al análisis reactivo: si el nacionalismo español se moviliza en contra será por algo. El marchamo de autenticidad se lo dan el PP y C's a los nacionalistas catalanes.

Hay una concesión sustancial al independentismo, que es fundamentalmente narrativa. El gobierno de Sánchez accede a someterse a los maestros del relato del Procés: con estos mimbres escasos y sin capacidad de traducción jurídica, los dirigentes independentistas se ven con ánimos para seguir manteniendo las esperanzas de reavivar y de conseguir un nuevo momentum independentista.

El riesgo asumido por unos y otros es enorme, y en el caso independentista forma parte de la esperanza en una reanimación de la independencia. Sus dirigentes saben que la voladura de los presupuestos empobrece de forma escandalosa a los catalanes y no hará ningún bien a los políticos presos. Es un tiro en el pie en nombre de una mera hipótesis o conjetura acerca de los enormes beneficios que cosechará el independentismo radical y apresurado en caso de que haya elecciones generales y la tripleta de derechas alcance el Gobierno.

En la lógica sacrificial en la que se ha metido el independentismo, tendría todo el sentido entregar el bienestar de todos por la glorificación de los mártires, especialmente si se trata de sostener la causa, enriquecida en su potencial gracias a la radicalización que presumiblemente se derivara del rechazo a los presupuestos. Pero no hay ni un solo argumento racional que permita sostener esta posición. Todos los razonamientos son de orden moral y sentimental, aunque en la recámara contengan la vana esperanza en una desestabilización de tales dimensiones que permita replantear la DUI. Pura política instintiva, irreflexiva, sensible a la calle y ajena al frío análisis de la realidad, de las alianzas posibles y de la correlación de fuerzas.

Es exactamente lo que se necesita para que termine mal para todos. Y con una terrible inconsciencia respecto a las propias fuerzas, sin darse cuenta de que hay tragedias enormes para quienes las sufren que apenas tienen notoriedad europea e internacional, auténticos suicidios colectivos. Ya sucedió otras veces entre nosotros. No hace tanto tiempo. Las generaciones de más edad todavía conservan el recuerdo. Tuvieron que pasar 40 años de indiferencia internacional para su superación. Sabemos que quienes no conocen la historia terminan condenados a repetirla.