Operación Chamartín, ¿línea roja o excusa?

La mañana del lunes nos desayunamos con un sorprendente anuncio en la prensa: Izquierda Unida ponía como condición para la confluencia con la plataforma Más Madrid la paralización inmediata de la Operación Chamartín. Ese titular, diseñado para establecer el marco de una supuesta negociación posterior, se concretó después en una serie de puntos (líneas rojas) que el partido trasladó al equipo de la candidatura que encabezan Manuela Carmena e Íñigo Errejón. De no cumplir esos puntos, cualquier posibilidad de acuerdo estaba rota.

Ante semejante ultimátum, cabría pensar que las posiciones de partida estarían muy alejadas pero, tras analizar el documento, nuestra sorpresa fue comprobar que todas y cada una de las condiciones planteadas estaban ya recogidas en el expediente de Modificación del Plan General que ha puesto en marcha nuestro gobierno municipal para liquidar la Operación Chamartín de la etapa del Partido Popular y ofrecer un proyecto nuevo que incorporara las demandas que han ido planteando tanto los movimientos vecinales como los partidos progresistas a lo largo de los años. Un proyecto que hemos llamado Madrid Nuevo Norte (MNN).

Este plan supone una revisión integral del planeamiento heredado y recoge, como principios estratégicos de su desarrollo, la totalidad de las medidas que contempla el documento presentado por Izquierda Unida. A continuación, vamos a ir analizándolas una por una.

1. Reducir la edificabilidad lucrativa, como mínimo desterrando la idea de que las infraestructuras y los suelos protegidos generan derechos virtuales a edificar.

Este criterio se aplica en la modificación del Plan General que está en tramitación, donde se excluyen expresamente los suelos infraestructurales (viarios y ferroviarios), y también los protegidos, que no se transforman. De esta forma, los tramos de carretera (M30 y M40) así como las vías del tren que no se cubren y, por tanto, mantienen su función actual, ya no generan edificabilidad, pese a que las leyes del suelo estatal y autonómica lo permiten. En total, unos 900.000 m2 de suelos viarios y ferroviarios quedan fuera del ámbito de la actuación, de manera que ya no generan derechos edificatorios.

2. Equilibrar el reparto de usos entre residencia y actividad económica en cualquier propuesta de desarrollo urbano para la zona, de manera que el impacto en la movilidad de la ciudad no sea contradictorio con las políticas de reducir el acceso al centro en vehículo privado y no obligue a afrontar costosas obras públicas.

Este ha sido otro de los criterios fundamentales que se ha aplicado en MNN. Los planes anteriores, y en particular el de Botella, tenían una excesiva edificabilidad residencial que hemos rebajado en 827.000 m2, incrementando a su vez el terciario en unos 112.000 m2. De esta forma, el reparto de usos está mucho más equilibrado: aproximadamente 60% de terciario y 40% de residencial. A su vez, hemos localizado los distintos usos a fin de garantizar un modelo de movilidad sostenible basado en el transporte público. Las parcelas de terciario-oficinas se sitúan en las proximidades de la estación de Chamartín, y no en el entorno de la M30, como ocurría en el plan de Botella, de forma que se garantice el acceso en transporte público a menos de 7-10 minutos de esos espacios de trabajo que se van a crear. Además, para el uso terciario hemos reducido la dotación de aparcamiento a un tercio de la mínima que establece la ley del suelo, pasando de 1,5 plazas por cada 100 m2 construidos (que es, recalcamos, la dotación mínima exigida) a un máximo de 0,5 plazas/100 m2c. Esta cifra puede ser rebajada aún más si así lo recomendaran los estudios de movilidad. Con esta operación pasamos de un reparto modal previsto en planes anteriores de 80-20 (80% de los desplazamientos en coche y solo 20% en transporte público) a un 30-70 (30% de los desplazamientos en coche y 70% en transporte público), con la proyección de alcanzar el 20-80 cuando estén ejecutadas y a pleno rendimiento todas las nuevas infraestructuras de transporte público previstas en la actuación.

3. Aumentar el porcentaje de vivienda protegida en cualquier desarrollo residencial para reflejar el grado de propiedad pública de los terrenos, estableciendo que toda la vivienda será pública y en alquiler.

También coincidimos en que esta debía ser una condición necesaria dentro de un proceso de revisión del planeamiento y por eso elevamos el porcentaje de vivienda protegida del 10%, que con carácter general establecen la ley del suelo tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid, al 20%. Pero como esto todavía nos parecía insuficiente, fijamos la condición de que las cesiones de suelo que le corresponde recibir al Ayuntamiento se realicen exclusivamente en uso residencial, vinculadas al desarrollo de políticas públicas de vivienda. Esto queda recogido no solo en la memoria del documento , sino también en las condiciones específicas de desarrollo de cada uno de los ámbitos y en sus fichas correspondientes, lo que quiere decir que se fija como una determinación estructurante de la modificación del plan general. En cuanto al destino de esas futuras viviendas (tanto libres como protegidas), mientras el actual equipo de gobierno esté al frente del Ayuntamiento, la vivienda municipal no se venderá y estará destinada al alquiler social. Ello no impide que un gobierno de distinta orientación política pudiera decidir vender ese patrimonio (igual que ocurrió con la venta de viviendas municipales a fondos buitre), en tanto no exista una ley que declare todo el patrimonio público inenajenable, pero lo hace más difícil al vincular su cesión a la necesidad de políticas públicas.

4. Definir la dotación de equipamientos sociales considerando las necesidades de los barrios del entorno y las previsibles en el futuro, en vez de aplicar los mínimos legales (recortados por el PP en 2012).

En este caso, la modificación del plan general no solo cumple con los estándares fijados por la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, que obliga a generar 30 m2 de redes públicas (15 como mínimo de zonas verdes y 15 para el resto de redes locales) por cada 100 m2 edificables. Entendemos que estos parámetros garantizan una provisión suficiente de suelo destinado a equipamientos y dotaciones, tal y como se puede ver en otros desarrollos urbanísticos recientes, donde el problema no es tanto la falta de parcelas dotacionales sino la incapacidad de las administraciones de ejecutar todos esos equipamientos necesarios para el adecuado funcionamiento de la ciudad. A esto hay que añadir que en MNN hemos establecido unos mínimos para garantizar que las cesiones de redes locales que no son zonas verdes se concentren en equipamientos sociales, los que de manera más directa satisfacen las necesidades de la ciudadanía. Además, en este proyecto, hemos ubicado las parcelas dotacionales próximas a los barrios del entorno (Begoña, Fuencarral, Tres Olivos, etc.) para que puedan dar servicio no solo a los futuros vecinos sino también a los habitantes de las zonas limítrofes que padecen una carencia histórica de equipamientos.

5. Establecer la iniciativa pública del planeamiento y la ejecución del desarrollo urbano.

Este último punto también lo compartimos. De hecho, una de las condiciones que fijamos para abordar la redacción de un nuevo plan fue, precisamente, la de recuperar la iniciativa pública del planeamiento. Para ello, decidimos que era imprescindible iniciar una modificación del plan general, cuya potestad corresponde en exclusiva al Ayuntamiento, en lugar de seguir tramitando planes parciales de iniciativa privada sin cuestionar el marco urbanístico general. En cuanto a la ejecución, se propone el sistema de compensación (juntas de compensación formadas por los propietarios de los suelos públicos y privados) debido a que el tamaño del ámbito, más de 3 millones de m2, haría inviable una gestión pública por expropiación, dado que los costes de adquirir esa cantidad de suelo en esa localización serían inasumibles para la administración municipal.

En consecuencia, una vez contrastadas todas y cada una de las “líneas rojas” establecidas por Izquierda Unida para alcanzar un acuerdo, no parece que haya discrepancias insalvables. Más bien al contrario, podría decirse que coincidimos casi plenamente en los aspectos fundamentales que debían regir, y han regido, la revisión integral de esta actuación urbanística.

De ser así, se podría llegar a pensar que esta no ha sido la razón sino la excusa para justificar la imposibilidad del pacto. Y es que la Operación Chamartín murió el 25 de mayo de 2016, cuando nuestro gobierno municipal elevó al pleno la anulación del plan parcial tramitado durante el mandato de Ana Botella. Y fue enterrada definitivamente cuando el 20 de septiembre de 2018 aprobamos la modificación del plan general que liquidaba el marco urbanístico de referencia fijado tanto por el Plan General de 1997 como por la modificación aprobada el año 2002. El único proyecto vigente es Madrid Nuevo Norte, que nada tiene que ver con las viejas operaciones del pasado. Todo esto lo conoce perfectamente Izquierda Unida, que ha formado parte del gobierno que lo ha hecho. También Podemos, que tantas veces y en tantos tuits lo ha celebrado.

Aun así, y pese a no haber llegado al acuerdo, seguimos tendiendo la mano a todos aquellos que quieran formar parte de la candidatura amplia que estamos conformando para revalidar el Ayuntamiento. Sin imponer líneas rojas pero tampoco aceptando condiciones caprichosas o partidistas. Gobernar exige mucha responsabilidad y las políticas y proyectos estratégicos no pueden ser moneda de cambio en una negociación política. La ciudad y sus habitantes no se lo merecen.

José Manuel Calvo

Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid