El Govern pedirá autorización judicial para recuperar la ATLL si Acciona se niega

La de este miércoles ha sido una jornada maratoniana para el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que tras dos semanas dedicado al conflicto de los taxistas, ha comparecido en el Parlament para dar explicaciones sobre dos grandes fiascos que pesan sobre su cartera. Por un lado, la gestión de la empresa de abastecimiento de agua en alta Aigües Ter-Llobregat, que debería haber empezado a ser pública el pasado 1 de enero pero que todavía gestiona un consorcio liderado por Acciona; y por otro, los retrasos en el despliegue de la T-Mobilitat, el título de transporte que deberá integrar todas las tarifas y relevar los billetes de cartón. Sobre el primer punto, Calvet, que ha comparecido junto con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha advertido de que si la sociedad concesionaria de ATLL no entrega las instalaciones al Govern, este pedirá una autorización judicial para recuperar su gestión. Sobre la T-Mobilitat, Calvet ha admitido errores por los retrasos, y ha reconocido que la administración fue demasiado "optimista", aunque ha echado las culpas a la empresa concesionaria, a la que el Govern pedirá más compensaciones.

Después de una sentencia del Tribunal Supremo, que declaraba nulo el concurso por el que se privatizó la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL), el Govern acordó el año pasado retomar la gestión de ATLL, y puso un calendario según el que la empresa volvería a ser pública el 1 de enero de 2019. Pero Acciona, la empresa que lidera el consorcio que consiguió la adjudicación (por 1.000 millones a pagar en 50 años, la mayor privatización de Cataluña) ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar tener que entregar la gestión de esta empresa antes de que se efectúe la liquidación del contrato de gestión del servicio.

Mientras la concesionaria y la Generalitat discuten en los juzgados sobre el importe de esta liquidación, la empresa sigue gestionada por el consorcio privado, y los trabajadores están dados de alta en dos sociedades: ATLL, la privada, y ATL, la pública que controla la Generalitat. El Govern, después de haber presentado dos propuestas de liquidación que distan mucho de las pretensiones de Acciona, se abre a estudiar otra cifra para liquidar la empresa. Paralelamente, la Generalitat inició un procedimiento administrativo para desahuciar a Acciona de las instalaciones, y este miércoles ha destacado que podría llegar a pedir autorización judicial si Acciona sigue con su negativa.

Sobre los retrasos en la T-Mobilitat, el consejero Calvet admitió errores en las expectativas que generaron los anuncios de la puesta en marcha de este nuevo título de transporte. El Govern no prevé su completa implantación hasta 2021, cuatro años después de lo previsto. Pero el titular de Territorio y Sostenibilidad culpó a la empresa de estos retrasos.

De hecho, las actas de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) reflejan que los últimos retrasos se deben exclusivamente a la falta de preparación de la empresa adjudicataria, un consorcio integrado por CaixaBank, Fujitsu, Indra y Moventia. Calvet ha anunciado que antes de la Semana Santa se conocerá el importe que deberá pagar la empresa por estas demoras, después de que se hayan presentado expedientes. Por ahora solo hay dos expedientes firmes, que implican una compensación de 120.000 euros. La última vez que hubo indemnizaciones fue la Generalitat la que pagó a la empresa, que se embolsó 24 millones de euros, cosa que disparó el presupuesto un 41%.