“Todo el mundo en Sant Roc corre el riesgo de desahucio”

Tomás, de 21, años, está casado y tiene un bebé de dos años. Trabaja de barrendero en Badalona y ha ido empalmando contratos. Tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: el 28 de febrero se enfrenta a un desahucio. Hace dos años, abandonó la casa familiar y ocupó ilegalmente un piso previo pago al anterior ocupante de 800 euros. Quiere regular su situación y, una vez más, ha acudido a la plataforma Sant Roc-Som Badalona para que negocie una salida con el fondo bancario titular de la vivienda. Ya han conseguido con antelación frenar cinco veces el desalojo.

Poco antes, Adrian Dragusin, de 32 años, de origen rumano, que lleva en España desde los 14 y trabaja de cocinero en un bar, ha salido de la entrevista y está desconsolado. Tiene tres hijos pequeños en edad escolar y se enfrenta a la misma suerte que Tomás. Él pagaba desde hacía ocho años el alquiler hasta que en verano se presentó en su casa el nuevo dueño que no le dio opción a negociar otra renta: le pidió que se marchara. “Pero ¿adónde voy a ir?”, se pregunta compungido. “Yo quiero pagar y darle una educación a mis hijos”.

“La ocupación de pisos es un síntoma de la pobreza y precariedad laboral”, afirma Enric Marin, de la plataforma

“Solo queremos tener un techo y estar tranquilos. Yo es que ya estoy amargado”, se sincera al final Tomás. “¿Si conozco a más gente en esta situación? Sí, mis cuatro primos. Bueno, todo el barrio entero está igual”. Son las 17.00 horas y en una sala del Consorcio Badalona Sud, en Sant Roc, no paran de desfilar afectados ante un posible desahucio de los bancos o los fondos de inversión nuevos propietarios de las viviendas. Muchos de ellos han ocupado pisos vacíos por necesidad. Enric Marín, miembro de la plataforma, que ayer por la mañana frenó cinco desalojos —tres negociados y dos desde la calle— se reúne uno por uno con todos los afectados que aguardan tanda con la misma paciencia y silencio que si estuvieran en un ambulatorio. “Albiol criminaliza al débil y estas son historias de precariedad laboral, de no poder pagar un piso. La ocupación es el síntoma de un problema de pobreza. Y de la nueva pobreza: gente que trabaja, cobra 800 euros y no puede pagar 600 de alquiler”, explica.

“Solo queremos tener un techo. Yo ya estoy amargado”, se sincera Tomás, uno de los afectados

El incendio de San Roc, que, según Marín, se produjo en una de las zonas menos deterioradas del barrio, ha destapado la realidad de que muchos vecinos han ocupado casas, previo pago de un particular traspaso, porque no han tenido otra salida. No tienen un documento legal que certifique que viven allí y las eléctricas se acogen a ello para no darles de alta en la luz. No es así, sin embargo, en el caso del suministro del agua. Hay otro problema añadido: la red eléctrica está obsoleta y necesita, cuentan en la plataforma, que Endesa la modernice. La plataforma ya avisó al Ayuntamiento en otoño de ese riesgo de sobrecargas. No es la primera vez que ha habido incendios. Marín asegura que el porcentaje de personas que pinchan expresamente y deliberadamente para no pagar es mínimo.

Albiol anunció querellas por homicidio imprudente contra los supuestos autores del pinchazo que desencadenó el incendio. “Claro que nos preocupa. Eso le puede pasar a cualquiera”, cuenta Adrián. “Me da mucha rabia lo que dicen de nosotros. Si pudiéramos pagar, no estaríamos aquí”, dice. “Si me echan, luego entrará otro”. Elena, nombre falso, tiene cuatro hijos de entre 16 y seis años. Hace dos salió de su casa de alquiler a otra ocupada. Ahora se arriesga a un desahucio. “¿Qué haré? No lo sé. Da rabia e impotencia. Iré a buscar a alguien del Ayuntamiento y me iré a su casa”, apunta con hartazgo. “Todos tenemos miedo con el tema de la luz. Deberían facilitar el cambio de nombre para poder pagar. Pero Endesa no lo regulariza”.

Una colaboradora de la plataforma avisa del efecto rebote que tendrán los desahucios en el barrio por la incapacidad de muchos vecinos de asumir el aumento de los alquileres. De hecho, la plataforma apenas afronta ya impagos por hipotecas. Esta historia interminable, de pobreza enquistada, seguía ya de noche cerrada en el local. Carmen, de 61 años, nombre ficticio, con las manos en su regazo, decía. “Nos quieren echar a mí y a mi marido. Le queda una pensión muy baja”, cuenta. “¿Qué? ¿Qué hacemos con todas estas personas?”, se pregunta Marín, que solo este mes negocia frenar 80 desahucios.