Transición hacia el nuevo modelo económico: los pactos verdes

En perspectiva histórica, un “desarrollo “informal” del Estado de las Autonomías ha ido poniendo en evidencia que el Estado de Bienestar descarga su gestión sobre unas Comunidades Autónomas carentes de recursos. El primer paso para avanzar hacia un modelo federal y cooperativo pasa, evidentemente, por el reconocimiento de esa informalidad, incluso al nivel constitucional, tal como hizo Alemania al vincular en su Ley Fundamental la distribución competencial con un prolijo detalle de los derechos y obligaciones financieras de los lander, y todo ello para evitar desigualdades territoriales.

Diariamente padecemos las disfunciones de una administración anticuada que se ve obligada a afrontar nuevos retos (especialmente los de carácter territorial/medioambiental y los sociales/laborales). La sanidad, la educación y los servicios sociales se prestan con grandes dosis de imaginación que suplen la falta de recursos financieros, y ello en un marco en que el diálogo necesario con los departamentos estatales es rígido y poco funcional, cuando debería presentar grandes dosis de bidireccionalidad.

El caso más reciente lo estamos viendo con la gestión de las políticas medioambientales, la cuarta pata del Estado de Bienestar. Desde la movilidad en el transporte (Corredor Mediterráneo, movilidad urbana), a la agricultura (plagas en cultivos, producción de alimentos ecológicos), energía (transición a renovables, tratamiento de residuos, cambio climático); cualquiera de los temas emergentes es responsabilidad autonómica, pero requiere constante diálogo estatal y europeo. También lo hemos vivido en primera línea con la atención a los flujos migratorios, en plena comunicación con nuestras competencias exclusivas en servicios sociales.

Más información

Opinión | 2019, el año de la descarbonización; por Fernando Prieto (*)

Opinión | Un giro radical a la forma en la que nos relacionamos con la energía; por Luis Morales

El país que se alimenta del sol

Mi experiencia de gestión me ha convencido de la importancia de hacer un buen enmarcado de los problemas sociales, sobre todo si se repara en que unos ámbitos competenciales se cruzan con otros, y la transversalidad acaba por ser la nota común a cualquier problema, de manera que resulta posible su abordaje de forma cooperativa por más de un departamento. La pregunta clave por tanto es reconocer qué tipo de sociedad se está conformando tras los últimos acontecimientos políticos y sociales, y por tanto, cuál es el tipo de administración que creemos, va a poder dar solución a sus problemas.

Es urgente la necesaria racionalización y flexibilización de los cauces de relación interadministrativa superando el esquema jerárquico del franquismo -que algunos parecen añorar- de bastantes leyes organizativas, haciendo una interpretación innovadora del principio de eficacia y de las garantías para el administrado. Este aspecto es esencial para poder liberar energías procedentes de recursos ociosos que ya hemos identificado durante los primeros años de gestión.

Para afrontar el nuevo Modelo Económico nos hemos comprometido en diversos foros (Kioto, ODS), concibiendo un entendimiento diferente del proceso productivo. Por ello, éste sólo puede emerger desde abajo, mediante la co-creación y el co-modelado de nuevos mercados y hábitos, mediante la movilización, el empoderamiento de los recursos humanos y financieros disponibles, y siempre de forma sostenible y social.

Esto exige un impulso desde la Generalitat, estable y consistente, a una hoja de ruta creíble que premie la innovación en todas las fases de la cadena, utilizando herramientas para dirigir la oferta (contratación pública + redes de difusión de información y de planificación de ésta), que refuercen la demanda (proyectos estratégicos empresariales de fabricación y consumo de economía circular), generando confianza ascendente en torno a una estabilidad real de financiación a futuro, y aguas abajo, invirtiendo en investigación básica. Todo ello necesita estructuras institucionales adecuadas, como nuestros Institutos Tecnológicos.

Normalmente, los responsables políticos son llamados a asumir los riesgos de la inversión, a “arreglar” los errores del mercado. Hay que tener claro que el mercado por sí mismo no encontrará el camino verde. Requiere inversiones responsables en áreas de mayor intensidad de capital, de alto riesgo en las primeras etapas; remoción de las trabas burocráticas existentes inter-administraciones; reestructuración radical y audaz del sistema tributario para primar las inversiones en mano de obra e I+D y favorecer la movilización de todos los recursos humanos de la nueva sociedad civil.

Más allá de la simple mitigación del cambio climático, el desarrollo verde debe enfocarse a la innovación y nuevas oportunidades de inversión que nos permita llegar hacia la transición ecológica. Sin miedos al “¿cómo se paga esto?”, con visión política positiva, con claridad en el campo presupuestario y financiero, y planificando los resultados del potencial del crecimiento verde, así como apoyando las nuevas habilidades de la sociedad civil.

Repensar la política fiscal, y monetaria de una forma global, que acompañe los efectos aceleradores de la economía al crear sinergias y conexiones en los diversos sectores económicos, y también entre el ámbito de la fabricación y de los servicios. Existen ejemplos visibles de éxito. Economías como la danesa logran ya ser proveedoras de servicios verdes de alta tecnología a China, fruto de sus dinámicas políticas de descarbonización y liderazgo industrial.

Todo esto exige un gran plan. Un nuevo Pacto por el Estado de Bienestar, que ponga en el centro a los territorios, con instrumentos legales que permitan el avance del crecimiento verde en el terreno de una Nueva Tratativa entre los agentes sociales y económicos.

Asumámoslo ya, las innovaciones sólo tendrán éxito si tienen sentido para empresas, trabajadores y consumidores, si existe una cuadratura convincente entre cómo se fabrica, cómo se consume, cómo se trabaja, cómo se vive. Por ello la co-creación inductiva, desde abajo e inclusiva, es más esencial que nunca. Los sindicatos deberían participar más estrechamente en el diseño de las políticas de transición, a nivel de ciudad, de región, de estado.

En este sentido, se puede avanzar mucho con prácticas europeas socialmente fructíferas. Adaptándolas podrían ser algo así como dos tipos de Pactos Verdes, uno social, otro económico con un objetivo común: conectar agentes concretos focalizando problemáticas específicas, para su resolución (soberanía alimentaria, energética, conservación del territorio, entre otros)

a) Los Pactos para la Acción Verde, que se ceñirán a impulsar productos o servicios ya existentes en el mercado (comercio de proximidad, consumo km 0...)

b) Los Pactos para la Innovación Verde, que buscan estimular las fases anteriores a la prestación de ese servicio o fabricación de ese producto, las fases de diseño o rediseño de éstos (puentes entre sectores industriales, o entre municipios, con visión de opciones maduras para la economía circular)

Hemos avanzado mucho, tenemos un buen punto de partida en políticas públicas municipales y autonómicas diseñadas colaborativamente en materia de energía, turismo, urbanismo, con el impulso de las convocatorias de proyectos europeos para la innovación, especialmente las EDUSI, las Europe Innovative Actions, los proyectos Horizonte 2020, en los que universidades y empresas han alcanzado grandes cuotas de captación de inversión.

Un mundo está por explorar, y una ciudadanía joven, cualificada, con ilusión por afrontar los retos de futuro, está pidiendo que los poderes públicos les acompañen con una gran apuesta, con un Nuevo Pacto, Verde.