Mordidas de cinco millones por una venta del Canal, según Anticorrupción
La investigación del 'caso Lezo' sobre la compra de una empresa brasileña por 27 millones de euros encara su final
La fiscal Anticorrupción del caso Lezo asegura que han llegado al final de la investigación y que tiene ya pruebas suficientes para acusar a Sebastiao Cristovam, Ignacio González, Edmundo Rodríguez, Ramón Navarro Pereira, Diego García Arias y Luis Vicente Moro de los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. La información que obra en el sumario es suficiente, según un escrito de la Fiscalía, para presentar el correspondiente escrito de acusación y demostrar que hubo mordidas para el expresidente de la Comunidad, el popular Ignacio González, y varios directivos del Canal de Isabel II.
El texto de Anticorrupción responde a un recurso presentado por Sebastiao Cristovam, dueño de Emissao, una empresa brasileña de distribución de aguas que el Canal de Isabel II compró por 31 millones de dólares (27 millones de euros), de los que casi seis millones (5,2 millones de euros) volvieron a los bolsillos de quienes vendían (directivos del Canal de Isabel II e Ignacio González) a través de cuentas en Suiza y Panamá. Los hechos que se investigan en esta pieza son los relativos a las ilicitudes cometidas en la adquisición en 2013 por la sociedad pública Canal Extensia y su filial colombiana Inassa, del 75% de una sociedad brasileña llamada Emissao mediante la utilización de una sociedad interpuesta uruguaya —Soluciones Andinas del Agua, SA— por un precio, sin justificar, que encubrió e incluyó el pago de ilícitas comisiones por importe de más de cinco millones de euros destinados a retribuir a distintos cargos públicos y otras personas vinculadas a la sociedad Inassa y/o partícipes en esta operación como fueron, entre otros, el expresidente Ignacio González y el directivo del Canal Isabel II Edmundo Rodríguez.
Las comisiones encubiertas, según la Fiscalía, fueron pagadas por Sebastiao Cristovam, propietario y vendedor de Emissao, quien concertó con los investigados mencionados a través, principalmente, de Diego García Arias, para “inflar el precio de la venta mercantil” en casi seis millones de dólares y que una vez cobrados los transfirió mediante su cuenta bancaria abierta en Suiza a los investigados en el caso Lezo.
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