La fiscalía pide prorrogar la prisión provisional del asesino confeso de dos Agentes Rurales

La fiscalía y la acusación particular han solicitado prorrogar otros dos años la prisión provisional a Ismael Rodríguez, el cazador de 30 años de Vacarisses (Vallès Occidental) acusado de matar de cuatro disparos a bocajarro a dos agentes rurales en enero de 2017 en el coto de caza de Aspa (Segrià). El objetivo es evitar que el asesino confeso quede en libertad el 24 de enero, cuando se cumplen dos años de su entrada en prisión. El fiscal y la acusación particular aseguraron que no ha cambiado ninguna circunstancia de cuando se decretó su ingreso en prisión. La gravedad de las penas y la proximidad del día del juicio hace que siga vigente el riesgo de fuga, y además han pedido que se tenga en cuenta que es un asesino “confeso”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la duración máxima de la prisión provisional para delitos con penas elevadas es de dos años, más otros dos prorrogables. La comparecencia para pedir que Rodríguez siga recluido, que ha tenido lugar en la sección primera de la Audiencia de Lleida, el fiscal y las acusaciones que representan a las familias de los agentes, a la Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) y a la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) y a la Generalitat, han sostenido que no ha cambiado ninguna circunstancia de cuando se decretó su ingreso en prisión. 

Por su parte, la defensa se ha opuesto a la petición de las acusaciones y ha mantenido que sí existe arraigo y no hay riesgo de fuga, entre otras cosas, porque “será padre en seis meses”. El juicio por el doble crimen de Aspa se celebrará en la Audiencia de Lleida entre el 21 y el 25 de enero por el sistema de jurado popular. Los 11 miembros del tribunal popular, nueve titulares y dos suplentes, que juzgará a Rodríguez se escogerán el próximo 18 de enero.

La fiscalía pide 48 años y 4 meses de cárcel para el acusado. Además, solicita por cada uno de los delitos de asesinato, 23 años y 8 meses de prisión y otro año por un delito de tenencia ilícita de armas, con la atenuante de confesión. La Generalitat, por su parte, reclama 20 años de cárcel por cada asesinato y la Asociación Profesional de Agentes Rurales de Catalunya y AEAFMA y las familias suman una petición de 51 años. La defensa, que considera que se trata de dos homicidios, asegura que el acusado sufrió en el momento de los hechos “una alteración de sus capacidades psíquicas” que le hace inimputable. Por ello pide que ingrese en un psiquiátrico.

Xavier Ribes de 43 años y David Iglesias de 39, murieron de dos disparos cada uno, todos a corta a distancia y al menos dos a “bocajarro”, mientras hacían un control de caza. El asesino, no había sacado el tique del coto, llevaba una escopeta para la que no tenía permiso y recargó el arma para rematar a los agentes cuando ya estaban abatidos en el suelo.