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OPINIÓN i

Convivir no es someterse

El problema no es saber si Cataluña está dividida o fracturada, sino si queremos que lo esté en el futuro

Banderas españolas y esteladas en manifestaciones de signo contrario en Barcelona.
Banderas españolas y esteladas en manifestaciones de signo contrario en Barcelona.

La cuestión central no es saber si Cataluña está o no dividida. Y si lo estuviera, si es en dos partes, en tres o en doscientas. Tampoco hay necesidad perentoria alguna de saber con precisión si la palabra exacta para describir lo que pasa es la de fractura o de división, o incluso si se puede hablar propiamente de que estamos a punto de un enfrentamiento civil. Ni siquiera tiene un interés especial dilucidar si el origen hay que buscarlo en las actitudes y acciones de unos o en las de los otros o en los agravios imperdonables infringidos por unos sobre los otros o en los de los otros sobre los unos. No es que se trate de cuestiones menores que haya que menospreciar u olvidar, pero en todo caso su valor práctico es relativo o incluso nulo si de lo que se trata es de resolver los problemas y superar las dificultades. Estas cuestiones sólo son de verdad relevantes si lo que se trata es de evitar que se resuelvan.

El hecho de que haya un grupo importante de dirigentes políticos en prisión preventiva, por poner un caso, no puede ser nunca un detalle menor; y menos cuando dura lo que ya dura y cuando ya no hay motivo real de ningún tipo que la justifique. Tampoco serán una cuestión marginal los juicios y aún menos las sentencias, manzana de la discordia de opiniones muy contrapuestas. Una parte de la población considera que los actos políticos con valor jurídico efectuados por el Parlamento de Cataluña y por el Consejo Ejecutivo, dirigidos a ejercer el derecho a la autodeterminación autootorgado y a proclamar y hacer efectiva una república catalana separada, forman parte del ejercicio de las libertades políticas de los ciudadanos con posiciones independentistas y de sus representantes democráticos. Es una opinión que contrasta con la de otra parte, que considera estos actos como altamente sospechosos y legalmente punibles, puesto que constituyeron un intento expresamente proclamado de dejar sin vigencia la Constitución española en una parte del territorio y, en consecuencia, de despojar a sus habitantes de sus derechos como ciudadanos, sin ningún tipo de garantía ni posibilidad legal de recurso, que no fuera a los propios órganos constitucionales (como así fue el caso).

Esta diferencia entre los que se sienten ofendidos porque reclaman la impunidad y quienes se sienten ofendidos porque temen que los presumibles delitos queden impunes se traduce en la polarización en torno a los presos, convertidos en un instrumento político para contraponer los unos con los otros y, por tanto, dividir, fracturar o enfrentar, que cada uno elija la palabra o busque una distinta más o menos ofensiva, a su gusto. Hay un punto en común entre las dos partes más ofendidas. Todos creen que han sido vulnerados determinados derechos y libertades políticas. Los independentistas consideran que es el Estado español el vulnerador, al impedir el ejercicio de un derecho colectivo, el de autodeterminación, hasta el punto de limitar las libertades individuales de los dirigentes que intentaron ejercerlo. Los antiindependentistas, en cambio, creen precisamente que fue el Gobierno de Puigdemont el que vulneró, al menos en grado de tentativa, los derechos políticos individuales de los ciudadanos, incluido el derecho a la representación, al utilizar las instituciones de autogobierno catalanas contra las reglas mismas que regulan el funcionamiento de las instituciones.

La auténtica división es la que separa a quienes creen que la convivencia es sumisión y quienes trabajan para mantener la convivencia

Para unos, quienes no se solidaricen con los presos, además de no tener alma, no tienen conciencia democrática y pertenecen, aunque no lo quieran saber, a la extrema derecha franquista (sin contar ya con el sobreentendido de que se les considera malos catalanes o, más crudamente, no catalanes). Para los demás, quien se solidarice es cómplice de unos golpistas, al menos en grado de presunción, que quieren forzar al Gobierno español a destruir la división de poderes y la independencia del poder judicial y convertir la Constitución en una ruina inservible.

Ya se ve bien claro adonde lleva este camino. La discusión sobre si hay o no división divide ella misma y crea más división y más polarización. Hay que coger este hilo intratable por la otra punta. No se trata de saber cómo nos encontramos sino de saber cómo nos queremos encontrar. No de describir dónde estamos sino donde queremos ir como sociedad. No saber si estamos divididos sino de saber si queremos estarlo. Y si no se trata de eso, entonces habrá que reconocer que la división es querida e interesada, incluso camuflándola o maquillándola.

Nuestros dirigentes políticos, ante esta confusa situación deben responder a una pregunta, y ésta no es saber si la convivencia se ha roto ya en Cataluña, sino qué están dispuestos a hacer a partir de ahora para garantizarse o para evitar que se rompa en caso de que consideren que no se ha roto. Ya es bien claro lo que quieren aquellos que consideran que la convivencia no es un problema y que en todo caso es secundaria respecto a las cuestiones que dividen a los catalanes, como la idea de que se hacen unos y otros de la democracia y de la justicia. Por mucho que lo acompañen de palabras melifluas y de entonaciones montserratinas, no quieren la convivencia sino la división, la fractura y al final la confrontación civil. Y eso no es cosa de una sola parte: ahora mismo tenemos dos extremos enfrentados que creen que convivir es rendirse y someterse. Tal como ha dicho muy acertadamente Carles Campuzano, hay que recuperar la centralidad política.

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