La policía renuncia a poner multas a manteros porque no las pagan

La Guardia Urbana ha impuesto, entre enero y octubre de este año, 47.517 denuncias por venta ilegal en el espacio público lo que supone un 18% menos que en el mismo periodo de 2017. Los agentes han dejado de multar a los manteros y todo se debe a un cambio de estrategia del gobierno de Ada Colau, consciente que solo se cobran un porcentaje “ínfimo” de estas sanciones. Fuentes municipales alegan que estas multas impuestas a personas insolventes convierte en más vulnerables a los manteros y aseguran que los agentes se centran ahora en incautar el mayor número de productos falsificados.

El vestíbulo de la estación de Renfe y Metro de plaza Catalunya ya hace semanas que se ha convertido en un zoco donde decenas de manteros venden sus productos falsificados en una suerte de mercadillo ilegal en el que la densidad de mantas no deja circular, como debieran, a los usuarios. Con la llegada de las fiestas de Navidad el problema de seguridad en el intercambiador se multiplica ya que aumenta el número de vecinos y turistas que se trasladan hasta el centro de la ciudad.

Al tratarse de una infraestructura en el subsuelo ningún cuerpo policial se ha considerado responsable en exclusiva del desmantelamiento del zoco ilegal y ya son varias las reuniones que se han llevado a cabo entre Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y vigilantes privados de TMB y Renfe para diseñar un plan de actuación. Todo apunta a que este operativo se llevará a cabo antes del viernes porque ese día los agentes estarán desplegados para garantizar la seguridad en las inmediaciones de la Llotja de Mar donde se llevará a cabo el consejo de Ministros.

Hace meses que los agentes de la Guardia Urbana han cambiado la estrategia respecto a los manteros. El Ayuntamiento de Barcelona pronto puso en marcha una serie de políticas sociales y la creación de una cooperativa de exvendedores ilegales. Respecto a los manteros que seguían en las calles se optó por dejar de incidir en las denuncias que todavía precarizaban más la situación de estos ya que, siempre según fuentes municipales, si alguna vez conseguían regularizar su situación en España las sanciones podían perjudicarles. Aseguran que la acumulación de sanciones también les perjudica si en un futuro consiguen un empleo legal ya que se les podría intervenir los salarios para hacer frente a estas multas

Con la doble misión de no precarizar más a los manteros y a la vez intentar que no se practique la venta ilegal en la ciudad, los urbanos optaron por retirar de la circulación el mayor número de artículos falsificados. De esta manera, mientras que las denuncias disminuían hay un aumento de decomisos. En 2015 los agentes intervinieron 873.407 productos; en 2016 fueron 1.118.173; en 2017 957.275 y entre enero y octubre de este año han sido 765.560 productos.

Con estas directrices uno de los previsibles operativos que se llevarán a cabo esta semana será el desalojo del vestíbulo de plaza Cataluña. Mossos, vigilantes jurados y guardias urbanos llegarán al vestíbulo antes de que se coloquen los manteros y, de esta manera, los vendedores ambulantes no podrán asentar el mercadillo.

Los agentes de la Guardia Urbana siguen desde 2015 un protocolo bautizado como Víctor Alfa. Ese protocolo no aconseja las persecuciones en el interior del metro para no poner en peligro a los manteros o al resto de usuarios del transporte. El documento apuesta por desgastar las zonas a base de patrullajes y por reclamar la ayuda de los mossos cuando una intervención se convierta en un problema de orden público. No es la primera vez que se realiza una intervención de este tipo en el vestíbulo. En febrero —en vísperas del Mobile World Congress— agentes de la policía autonómica, la municipal y vigilantes privados realizaron la misma intervención expulsando, sin practicar ninguna detención, a los manteros durante unas semanas del intercambiador.