Tregua invernal contra los cortes de luz

Encarna recibió 138 llamadas telefónicas en tres meses. La advertían de que le embargarían las cuentas bancarias y de que figuraría en el registro de morosos. Encarna debía 600 euros a Endesa y la compañía contrató a un competente bufete de abogados que religiosamente la telefoneaba por lo menos una vez al día. Otras modalidades de presión empleadas por los persistentes abogados consistían en enviar cartas en confusa terminología jurídica, lo que incrementaba la angustia de la familia, o simular una demanda con el nombre de la titular, como si de una denuncia judicial se tratara, según aseguran desde la Alianza contra la Pobreza Energética. El Síndic de Greuges instó hace unos días a las grandes compañías a no poner en manos de terceros estas reclamaciones que, con deje siciliano, martillean a familias en situación de vulnerabilidad.

La enésima llamada a la conciencia de las eléctricas es necesaria, pero no deja de ser tan ingenua como la pretensión de las Brigadas Rojas de querer herir el corazón del Estado. Los terroristas italianos no se habían apercibido —como subrayaba Umberto Eco— de que el Estado ya no era el decimonónico, además de no tener corazón.

El caso es que en la era de la globalización el Estado es cada vez más insignificante frente a los poderes económicos. Y mientras las doctrinas de desamparo de lo social crecen y se multiplican, no tiene nada de extraño que el desencuentro entre las grandes compañías eléctricas y la Generalitat sea tal que en tres años no se haya firmado ni un solo convenio con la Administración catalana respecto a prevención de la pobreza energética y a la protección del eslabón más castigado por la crisis. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dado tímidos pasos desde el Gobierno central para afrontar el asunto. El fin del impuesto al sol y la extensión del bono social del Ejecutivo de Mariano Rajoy son necesarios, pero no suficientes. El propio Ministerio de Industria en la memoria justificativa de ese decreto en 2017 aseguraba que era improbable que la totalidad de quienes tenían derecho al bono social se acogiesen a él y situaba esa tasa de aceptación en un 45%, por debajo de la mitad de quienes superasen la carrera de obstáculos burocráticos. Como muestra un botón asambleario: no bastaba con que la rebaja fuera solicitada por el titular del servicio: era preciso que lo hicieran los mayores de 16 años que habitaban la vivienda.

España debería seguir la estela de la ley catalana 24/2015 y, al igual que Francia, impulsar la treguas invernales que prohíben los cortes de energía y los desahucios durante los meses más fríos de año. Pero la evidencia indica que estamos lejos de interpretar las directivas de la Unión Europea de 2003 y 2009 al modo francés. Y, como casi siempre que hay situaciones de emergencia social, son los gobiernos municipales los que afrontan la situación y se erigen en valedores de esa ley. El Gobierno de Torra, melancólico y ausente, ve pasar el invierno detrás de los cristales. No es una novedad, pues ya en 2017 el Ejecutivo de Carles Puigdemont dejó de invertir el 40% de lo presupuestado para pobreza energética.

Hace unos días, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que había impuesto 13 sanciones —ocho de ellas este año y en su mayoría a Endesa— por 430.000 euros. Solo en la capital catalana 50.000 personas han pasado por los puntos de asesoramiento energético dispuestos en el municipio. El gobierno de la ciudad ha evitado, según la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, 10.000 cortes de luz gracias a la ley que hace preceptivo un informe de los servicios sociales antes de la actuación drástica de la compañía eléctrica. Hay que actuar ante la constatación de que solo en Barcelona 170.000 personas no pueden mantener sus hogares a la temperatura adecuada. Las grandes empresas eléctricas han aumentado sus tarifas un 36% desde 2014 (un 10,8% en 2017). El invierno está aquí y hay pocas maneras mejores de expresar el patriotismo que arrimar el hombro, cumplir la ley y destinar una pequeña parte de esos 5.600 millones de euros de beneficios que en 2017 obtuvieron las grandes compañías. Por cierto, gracias a papá Estado, las eléctricas pescan a placer en un mercado a medida, sin oleaje, sobresaltos, naufragios ni mareas.