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OPINIÓN i

La reforma constitucional y las autonomías

Es exigible que los territorios se impliquen en actualizar el texto constitucional, también, pero no solo, en lo concerniente a la mejora del autogobierno. Hasta ahora solo el Parlamento de Asturias lo ha hecho

Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera cuando defendieron en 2014 en el Congreso la celebración de un referéndum.
Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera cuando defendieron en 2014 en el Congreso la celebración de un referéndum.

Esta semana se conmemora la celebración del referéndum constitucional de 1978. Este texto final fue fruto del consenso, de renuncias de todas las partes, quizá más de unas que de otras, pero un gesto de generosidad y voluntad de transformación democrática. El 6 de diciembre de 1978 el 87,16 % de los españoles que votaron dijeron sí a la nueva Constitución.

Seguramente, los constituyentes hicieron la Constitución que el sistema podía aguantar y gestionar en aquel momento. Desde entonces, con sus más y sus menos, España se ha convertido en un estado democrático perfectamente homologable al resto de democracias occidentales. Y, para seguir garantizando su vigencia, el pacto de convivencia de 1978 debe ser actualizado. Algunos dirán que hablar de la reforma constitucional en España es una entelequia, y no les falta algo de razón. Sin embargo, como juristas y ciudadanía no podemos dejar que la vorágine política nos arrastre y nos convierta en meros espectadores.

El independentismo ha preferido saltarse la constitución, antes que intentar mejorar el sistema

Asimismo es exigible que los territorios se impliquen en actualizar el texto constitucional, también, pero no solo, en lo concerniente a la mejora del autogobierno. La Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas la iniciativa de reforma constitucional. Sin embargo, hasta la fecha, solo el Parlamento asturiano ha puesto en práctica esta posibilidad. En este caso se trata de una propuesta de intensificación de la participación ciudadana en la vida política española.

La pregunta es ¿por qué otras Comunidades no han ejercido la iniciativa de reforma constitucional que les está reconocida? La iniciativa autonómica está, en cierto modo, limitada, dado que esta pasa por solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de reforma o por remitir al Congreso una proposición de reforma que debe ser defendida y, en su caso, admitida por la Cámara. Sin embargo, si las CCAA no ejercen todas sus potestades de presión constitucional sobre el centro, pierden parte de su legitimidad en la crítica, destructiva incluso, del mal funcionamiento del sistema.

Imagínense que el Parlament de Cataluña, en vez de haber enviado a Madrid un Estatuto que, como ha sido reconocido, pretendía una reforma constitucional por la puerta de atrás, hubiera enviado una o sucesivas propuestas de reforma constitucional, y, sobre todo, algunas de ellas en acuerdo con otros Parlamentos autonómicos. Andalucía y Cataluña podrían haber enviado conjuntamente al Gobierno o al Congreso propuestas de reforma conjuntas en muchos aspectos (clarificación competencial, relaciones bilaterales en algunos puntos, etc). Y, de buen seguro, otras Comunidades se hubieran sumado. Ello hubiera supuesto un escenario totalmente distinto en que las autonomías se habrían hecho fuertes ante las instituciones del Estado y, además, habría podido generar dinámicas de colaboración horizontal entre ellas y pasar por encima de los intereses estrictamente partidistas. Se podía haber planteado la reforma de los procedimientos de reforma constitucional, que según la literalidad constitucional, solo necesita del sistema ordinario, para poder limitar el procedimiento agravado a las cuestiones verdaderamente esenciales del sistema. Posteriormente podrían haberse impulsado la reforma del Senado, los sistemas de distribución competencial y de financiación, las relaciones intergubernamentales, hoy precarias, para convertir a España en un verdadero estado federal.

Es una letanía del independentismo aquello de que “España nos ha negado sistemáticamente la celebración de un referéndum sobre autodeterminación”. Aquí falla, sobre todo, el “sistemáticamente”. En 2014 tres representantes del Parlament fueron al Congreso a solicitar la realización de una consulta en Cataluña sobre su futuro. Ahora bien, Jordi Turull y Marta Rovira ya avisaban (¿amenazaban?) con que la consulta, y después, el referéndum, se realizarían en todo caso (recuerden el posterior “sí o sí” de Puigdemont). No es casual que la petición se presentara en el momento en que el Partido Popular contaba con una aplastante mayoría absoluta por lo que el no estaba asegurado. Eso sí, cumplieron su promesa: se celebró el 9-N primero y el 1-O después. Sobre todo este último, es una muestra más de que el nuevo independentismo ha preferido saltarse la constitución, antes que intentar todos los mecanismos constitucionales en su mano para mejorar el sistema.

Las comunidades autónomas también son Estado y la confianza en ellas debe ser absoluta

Las comunidades autónomas, y sobre todo aquellas que vienen reclamando hace tiempo un autogobierno de mayor calidad, no deben ser vistas como entes subalternos y bajo sospecha. Las autonomías son Estado y la confianza en ellas debe ser absoluta. De igual forma, debe exigirse a las instituciones autonómicas comportamientos leales con el resto del sistema. Y lealtad no significa renuncia, ni muchos menos. Pero sí jugar con la misma baraja que los demás, dejando de lado faroles que nada aportan, pero subiendo la apuesta, impulsando un cambio a mejor de nuestro sistema territorial.

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