Pozuelo pide a Garrido que no se haga “demagogia” con los menores extranjeros no acompañados
"No es un problema de ciudad o municipio, sino de que el lugar cumpla con los usos que establece la normativa municipal", ha contestado Susana Pérez Quislant al presidente de la Comunidad de Madrid
La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant (PP), ha contestado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que "no se puede acusar a los ayuntamientos de señalar y marcar a los menores extranjeros no acompañados (menas) cuando lo que no se cumple es la legalidad". En palabras de Pérez Quislant, "así lo establece" un informe de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. La regidora se ha referido a las advertencias de Garrido este miércoles quien declaró que "denunciaría ante la Fiscalía de Menores a cualquier alcalde, asociación o particular" que revelase el destino de dichos menores.
La alcaldesa ha recordado que los menores "tienen que estar en centros que garanticen sus buenas condiciones" y "no en viviendas que no permiten ese uso, incumpliendo las normativas locales urbanísticas". Y ha añadido ante los medios: "No vamos a consentir que se nos acuse de criminalizar o estigmatizar a los menores ni se trate de desviar la atención cuando lo que tenía que haber hecho la Comunidad de Madrid es dirigirse al Ayuntamiento para buscar un sitio adecuado. No es un problema de ciudad o municipio, sino de que el lugar cumpla con los usos que establece la normativa municipal".
Pérez Quislant ha exigido que "no se haga demagogia" con un tema "absolutamente objetivo". La alcaldesa ha asegurado que "el problema no tiene nada que ver con los menores ni mucho menos con los colores políticos". "En esa vivienda no podría ubicarse una residencia de personas mayores, ni para personas con discapacidad". Pérez Quislant ha reiterado la sensibilidad del municipio "tanto con el tema como con la necesidad de los recursos necesarios".
La regidora ha insistido en que este centro "tendría que haber contado" con una autorización municipal previa, "tal y como exige la propia normativa regional". "Antes de realizar determinadas advertencias, los responsables públicos debemos exigir que se cumpla la legalidad", ha concluido.
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