El Govern expande su red de embajadas tras recuperar las cerradas por el 155

El exdiputado de Esquerra Republicana en el Congreso Alfred Bosch es, desde el viernes, conseller de Acción Exterior de la Generalitat. Recoge el testigo de Ernest Maragall, ahora candidato a la alcaldía de Barcelona, cuya gestión se focalizó en la reapertura de las ocho delegaciones del Govern en el exterior cerradas por el Gobierno del PP al amparo del artículo 155 de la Constitución. Bosch pretende expandir las ‘embajadas catalanas’ a Asia y América Latina.

Los primeros pasos de las delegaciones de nuevo cuño se aprobaron, de hecho, el pasado martes en la reunión semanal del Ejecutivo catalán. El Govern aprobó los decretos para abrir seis oficinas, de las cuales no existían las de Beirut (para la zona mediterránea), Estocolmo (con ámbito en los países nórdicos y sustituye a la que había en Copenhage) y Riga (para las naciones bálticas).

Los planes diseñados durante el mandato del exconsejero Raül Romeva, en prisión preventiva a la espera de ser juzgado por un supuesto delito de rebelión, incluyen llegar a Seúl, México DF o Buenos Aires, posiblemente en 2019. El año pasado, la Generalitat destinó 18 millones de euros a sufragar sus relaciones exteriores.

Las delegaciones de nueva creación (hay planificadas 14) aún no tienen estructura ni responsables. De hecho, en el pasado se han creado oficinas que nunca llegaron a ponerse en marcha, como por ejemplo de la Santa Sede, que anunció el propio Romeva en 2015 y nunca vio la luz. Según el decreto, su función es “promover y coordinar las relaciones bilaterales con las autoridades [del Estado en cuestión] como con los otros gobiernos descentralizados, en el ámbito de las competencias de la Generalitat”.

El plan de “restitución” de las oficinas fue uno de los pilares del discurso legitimista del presidente de la Generalitat Quim Torra. Solo hasta septiembre pasado se pudieron reabrir las de Londres y Berlín. La estrategia de acción exterior, sin embargo, ha topado con la oposición del ministro de Exteriores, Josep Borrell. Inicialmente, sus objeciones fueron más de tipo formal, pero ahora reivindican de nuevo el papel político de esas oficinas.

Objeciones de Borrell

En julio pasado, el ministro socialista argumentó que la primera ola de embajadas reabiertas (Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia) no contaban con el informe perceptivo por parte de Exteriores en el que se explica cuál será su función. El caso está en los tribunales, ya que la Generalitat entiende que como se trataba de una reapertura no necesitaba hacer el trámite.

Acción Exterior sí pidió el informe para la segunda hornada. Y la respuesta dada por el Ministerio es clara. Borrell argumenta su negativa en que “la experiencia reciente demuestra que estas delegaciones, junto con el Diplocat, han sido un instrumento fundamental para intentar la internacionalización del procés, difundiendo las tesis del secesionismo y denigrando la imagen internacional de España”.

El Estatut determina las competencias de Cataluña en el ámbito exterior, como la tienen otras comunidades autónomas. Sin embargo, el despliegue de las delegaciones catalanas se intensifica tras el inicio del procés, en 2012. Los argumentos ahora esgrimidos por Borrell son idénticos a los que llevaron al exministro de Exteriores Alfonso Dastis a cerrarlas durante la intervención al autogobierno catalán. Solo la oficina de Bruselas continuó.

Tras llegar al Govern, Maragall cifró en 1,3 millones de euros el coste de desmontar su red de embajadas. Ahí se contabilizan, por ejemplo, el tener que cancelar los contratos de alquiler o la indemnización de 33 personas despedidas.

La Generalitat inicialmente optó por mantener en el cargo a los delegados que así lo solicitaron. Tal es el caso del licenciado en Ciencias Políticas Manuel Manonelles en la oficina de Ginebra o del exresponsable de la estrategia TIC de la Generalitat, Sergi Marcén, en Londres.

En otros casos, Acción Exterior aprovechó para convocar concursos de méritos para escoger a los responsables de las nuevas oficinas e intentar así suavizar su imagen política. Para Washington, por ejemplo, se designó a Victòria Alsina, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra e investigadora de a Tandon School of Engineering de la New York University. Para París fue elegido Daniel Camós, doctor en Economía por la Paris School of Economics.