La juez ve indicios para juzgar por irregularidad urbanística al número dos de Carlos Fabra

Francisco Martínez, el que fuera mano derecha en la Diputación de Castellón del exlíder popular Carlos Fabra, y exalcalde del municipio de la Vall d'Alba, puede volver a sentarse en el banquillo de los acusados. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha concluido la instrucción de la causa que se sigue desde hace casi tres años por supuestas irregularidades urbanísticas contra Martínez, su hija, Andrea Martínez, y el empresario Raúl Babiloni.

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La juez mantiene que hay indicios de delito suficientes para celebrar juicio contra los tres encausados por considerar que, de común acuerdo, y siendo Martínez el alcalde de esta población, adquirieron fincas relacionadas con distintos planes urbanísticos para “obtener una importante revalorización y venderlas al promotor o reservarlas a nombre de las sociedades [de las que formaban parte] para cuando dicho programa se ejecutara”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un comunicado.

La causa se inició en enero de 2016 a partir de una querella interpuesta por la Fiscalía. Desde entonces, Francisco Martínez estaba siendo investigado por su gestión urbanística durante el casi cuarto de siglo que regentó la vara de mando en Vall d’Alba (1991-2015). En su calificación inicial, la Fiscalía de Castellón pedía 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de una multa de más de un millón de euros para el exvicepresidente popular de la diputación provincial por utilizar información privilegiada para lucrarse con proyectos urbanísticos en esta localidad. El PSOE, personado como acusación particular, elevaba la petición de cárcel para Martínez a 16 años. También figuraban como acusados la hija del exalcalde, Andrea Martínez, para quien el fiscal pedía un millón de euros de multa, y el exsocio de Martínez, el empresario Raúl Babiloni, a quien se le exige un millón de euros de multa y cinco años de cárcel.

El proceso abierto por presuntas irregularidades urbanísticas en Vall d’Alba se deriva de la de la causa por la construcción de la depuradora en el vecino municipio de Borriol, que ya sentó en el banquillo de los acusados a Martínez. La Audiencia de Castellón le condenó en abril de 2016 a ocho meses de prisión, una multa de 12.600 euros y la inhabilitación para ejercer cargo público durante dos años por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario. Absolvió de los cargos a los dos hijos de Martínez, al anterior alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, al empresario Raúl Babiloni y a un empleado de éste. En aquella investigación, el fiscal Javier Carceller encontró indicios de delito en el entramado societario que componen Babiloni, Martínez y sus dos hijos y decidió abrir nuevas diligencias e interponer finalmente una querella. La que vio la luz en enero de 2016 y cuya instrucción termina ahora.

La compra de las parcelas en Vall d’Alba se habría efectuado entre los años 2005 y 2014 directamente por el exalcalde, su hija y el empresario, o a través de sociedades interpuestas. Así lo recoge el citado auto, que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja la causa preparada para el juicio si las acusaciones lo piden.

Las empresas utilizadas por los acusados fueron Gestintur SL, de la que eran socios únicos Andrea Martínez y Raúl Babiloni; Franvaltur SL y Proveder, según consta en el escrito facilitado en su día a EL PAÍS por el PSOE. En concreto, este documento citaba tres proyectos. El PAI (proyecto de actuación integrada) Mas de Lluna, de dos millones de metros cuadrados, y que proyectaba 2.000 viviendas; un proyecto para el desarrollo del nuevo Sector de l’Arc del Plan General de Vall d’Alba; y otro para la ampliación del casco urbano del municipio.

“Era él, como alcalde, el que recalificaba los terrenos. Las empresas, de las que él era socio o administrador se dedicaban a comprar las parcelas antes de que nadie supiera qué se iba a hacer allí”, explica a EL PAÍS Fernando Grande, diputado provincial socialista y portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Vall d’Alba.

Según consta en la resolución, notificada este pasado jueves a las partes, la investigación realizada hasta ahora permite concluir que existen indicios de que Martínez se aprovechó de su condición de alcalde para que la Junta de Gobierno municipal adoptara determinados acuerdos que beneficiaban sus intereses particulares.

En la misma resolución, la juez rechaza la petición de archivo planteada por los tres investigados y deja fuera de la causa al hijo del exalcalde de Vall d’Alba por considerar que desconocía el plan ejecutado por su padre y su hermana.

El auto supone que la instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que digan si procede el sobreseimiento o la apertura de juicio oral. De inclinarse por esta última opción, deberán presentar sus escritos de acusación, especificando los delitos que atribuyen a los encausados y la pena que solicitan para ellos. En este trámite también cabe la solicitud de diligencias complementarias, ha informado el TSJCV.