Balas de goma opacas

Hace algo más de un año, Roger Español perdía al 100% la visión en el ojo derecho por el impacto de una bala de goma en la Escuela Ramon Llull de Barcelona, en el transcurso de una de las desproporcionadas cargas —por las que nadie ha dimitido— con las que la Policía Nacional trató de evitar el referéndum independentista convocado por el Gobierno catalán pasado el 1 octubre. Esta misma semana se ha iniciado en Bilbao el juicio contra seis ertzainas acusados de la muerte de Íñigo Cabacas, un joven aficionado del Athletic que falleció cuatro días después de haber recibido —el 5 de abril de 2012— un impacto de bala de goma en la cabeza tras los incidentes ocurridos después del partido entre el equipo de la capital vasca y el Schalke 04. Estos dos casos se encaminan o se están sustanciando judicialmente cuando en la memoria todavía está presente la sentencia del de Ester Quintana, la mujer que en la jornada de huelga general del 14 de noviembre de 2012 perdió el ojo izquierdo tras los disparos efectuados con este tipo de material antidisturbios por efectivos de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. Tanto la muerte de Íñigo Cabacas como el caso de Ester Quintana han servido para que los parlamentos vasco y catalán hayan prohibido esta munición a sus respectivos cuerpos policiales, que, sin embargo, siguen usando la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En España, desde 1990 son 30 las personas —ocho de ellas en Cataluña— que han perdido un ojo o la visión por el impacto de esas balas de 90 gramos que sale de boca del fusil a 720 kilómetros por hora, según la asociación Stop Balas de Goma, una velocidad que los mossos reducen a 590 km/h. Hasta el día de hoy ningún agente de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaina o Mossos d'Esquadra ha sido condenado por uso inadecuado de esa munición. En las investigaciones policiales internas solicitadas por la justicia, la opacidad se ha encargado de guardar la viña. Casi siempre, las pesquisas internas se muestran incapaces de precisar quién apretó el gatillo. Es paradójico que cuerpos perfectamente jerarquizados, cuando no de naturaleza militar, concluyan sus investigaciones sin depurar responsabilidades internas y resultando opacas para la justicia. En España hay aparatos del Estado que se comportan con más secretismo que los seguidores de los misterios eleusinos de las antiguas Grecia o Roma. Ahí queda la inquietante frase pronunciada por Josep Lluís Trapero, comisario jefe de los mossos en 2016, cuando prestó declaración por el caso Quintana: “El Cuerpo no puede dar razón de cómo y quién protagonizó los hechos; no escondemos nada, pero no lo sabemos”. La comparecencia judicial de Trapero quiso sembrar dudas sobre la autoría de los agentes imputados. Todo ello después de que el caso en cuestión comportara la dimisión del entonces director general de la Policía y de que el Departamento de Interior indemnizara con 260.000 euros a Ester Quintana en lo que se suponía un reconocimiento de la autoría de los hechos. Pues ni aún así, una de las policías más modernas o novedosas, después de dar más de media docena de versiones, fue capaz de hallar al autor del fatal disparo. Los agentes acusados fueron absueltos por falta de pruebas, como antes lo habían sido colegas de otros cuerpos policiales hermanos más antiguos. Se disiparon los temores del comisario Trapero sobre “la banalización de la inocencia, los juicios mediáticos y las condenas exprés” a los acusados.

Está por ver si los casos que ahora se juzgan o van camino de los tribunales transitaran por esa vía de escasa colaboración con la Justicia, fruto de una endémica opacidad corporativa. Es como si los cuerpos policiales en lugar de tener que rendir cuentas ante la ciudadanía, como debe suceder en un Estado de derecho, se hallaran sometidos a unos designios que no son cognoscibles para la sociedad.

Y ahora que los presupuestos generales están movilizando a tanto político patrio y patriota por Bruselas, no está de más recordar que la Comisión Europea advirtió en junio del 2011 a las policías españolas que debían dejar de utilizar balas de goma. En 2013 el Consejo de Europa remachó el clavo alertando contra la impunidad de los policías que “maltratan” a los ciudadanos y contra "el claro peligro" que suponía el uso de semejante munición. Además de prohibir ese material antidisturbios -como ya ha sucedido en Cataluña y el País Vasco- hay que depurar responsabilidades.