El fiscal investiga a la Generalitat por abandonar a los menores ‘sin papeles’

La fiscalía va a investigar si los responsables de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat han cometido un delito de abandono de menores por su gestión durante la crisis de los adolescentes extranjeros sin papeles. Según han explicado a EL PAÍS fuentes judiciales, la Fiscalía de Barcelona ha asumido la denuncia presentada por un sindicato de los Mossos d’Esquadra contra la DGAIA por no aceptar en los centros de acogida a los menores extranjeros no acompañados (mena), que ante la falta de plazas están durmiendo en comisarías de la policía autonómica.

El Sindicato Autónomo de Policía (SAP) de los Mossos presentó la denuncia el 21 de septiembre, en el punto álgido de la crisis de los mena. Las fotografías de decenas de esos adolescentes durmiendo en condiciones precarias en las comisarías provocaron un escándalo político. Los problemas por la falta de plazas aún persisten —anoche, 18 menores sin papeles pernoctaron en la comisaría del Eixample de Barcelona—, aunque la Generalitat espera ponerles remedio con la apertura de cinco nuevos centros de primera acogida.

El sindicato alertó de que los responsables de algunos de esos centros se negaban a acoger a los menores trasladados por los Mossos d’Esquadra. “No admiten ni permiten la admisión de los menores argumentando una falta de plazas. El resultado es que son devueltos a las comisarías donde pasan la noche en salas de espera que no están preparadas”. La denuncia recuerda que, una vez que se determina la minoría de edad, la DGAIA es la responsable de la tutela de esas personas, la mayoría llegadas del Magreb. Hasta mediados de septiembre habían llegado a Cataluña 2.156 adolescentes en esa situación, más que en todo el año anterior (unos 1.500).

La fiscalía de menores permanece desde entonces atenta a la gestión de la crisis de los mena. La unidad de atención al menor de los Mossos ha remitido a esa fiscalía decenas de actas que corroboran lo explicado por el sindicato. Con ese material, la fiscalía de Barcelona va a abrir diligencias de investigación. El objetivo es determinar si existe responsabilidad por posible abandono de menores, en la medida en que la DGAIA podría haber dejado de cumplir sus “deberes legales de asistencia” o de prestar “la asistencia necesaria legalmente establecida”. La fiscalía, explican las mismas fuentes, solicitará información al Departamento de Asuntos Sociales.

La DGAIA admitió que está “desbordada” por el aumento exponencial del número de menores. La primera crisis emergió en otoño de 2017, cuando los menores pasaban hasta cuatro noches durmiendo en los calabozos de la Ciudad de Justicia por falta de lugares adecuados de acogida. La juez decana y la Fiscalía de Barcelona ordenaron poner fin a esa situación y exigieron a la Generalitat que habilitara los recursos necesarios.

La tensión se disparó antes del verano. Ante la prohibición de pernoctar en los juzgados y con una alarmante falta de plazas, la Generalitat abrió un centro en el Sants, pero tuvo que cerrarlo en apenas un mes por problemas de convivencia con los vecinos. El cierre provocó un nuevo éxodo, esta vez, hacia las comisarías.